Por: Emiliano Russo

Con un discurso belicoso hacia la corporación judicial y la oposición –encarnada en la figura de Mauricio Macri-, el gobierno ingresó en los tiempos de campaña proselitista antes incluso que se hayan confirmado las fechas de las elecciones primarias –por ahora el consenso las ubica a finales de septiembre- y las generales por la incertidumbre de la pandemia. Tanto en la apertura de las sesiones del Congreso como en su última aparición pública en Ituzaingó, el presidente Alberto Fernández salió a cruzar a los ex Cambiemos por haber destruido a la salud pública y a “la educación pública” –minutos después se conoció la denuncia por presunta corrupción de plan de los 3 mil jardines de la anterior administración- y terminó con una dura frase: “Elegían la muerte antes que la vida”.

Es que Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof, estuvo este viernes en el hospital del Bicentenario de Ituzaingó observando el plan de vacunación contra el COVID a los mayores de 70 años. Cuestionó a los opositores que hace semanas veían un “pacto con los espías rusos” en el proceso de adquisición de la Sputnik V y que incluso la tildaron de “veneno”.

“Nos vacunamos para inspirar confianza, y no me pregunten cómo, pero terminamos en un listado de vacunados VIP. Lo que hicimos fue mostrarle al público que nos vacunábamos para terminar con la difamación”, dijo el jefe de estado al intentar justificar la inmunización del “personal estratégico”. Pero esa estrategia no puede opacar el escándalo montado por el vacunatorio paralelo: el miércoles declararon ante la justicia federal tres agentes del hospital Posadas –el chofer, el vacunador y una administrativa que participaron del operativo “clandestino” del 18 de febrero en Salud- y confirmaron la operatoria e incluso mencionaron que en el nosocomio de El Palomar fueron inmunizados el ex intendente Hugo Curto y el Procurador Carlos Zannini.

Tras varias semanas de sufrir el impacto político del escándalo que terminó con la eyección de Ginés González García de su cargo, el presidente pareció cambiar la estrategia de “control de daños” por una ofensiva.

Los duros conceptos que enarboló en el Congreso hacia el funcionamiento de la Justicia fueron complementados con una batería de proyectos y el pedido de un “control cruzado” del Parlamento al cuestionado poder del Estado. Esta auditoría se llevaría a cabo con una comisión bicameral que aún no fue creada pero sí esbozada por el senador Oscar Parrilli. La oposición ya avisó que no la integrará.

En el ministerio de Justicia, su titular Marcela Losardo –asediada por rivales internos y externos- trabaja en varias medidas para “mejorar” el servicio de justicia devenidos del dictamen del consejo consultivo que asesoró al Presidente el año pasado. La regulación del recurso extraordinario ante la Corte Suprema y de la utilización del artículo 280 del Código Civil y Comercial y la creación de un Tribunal de sentencias arbitrarias, son las principales iniciativas.

La mayor controversia surge con el nuevo tribunal: los funcionarios analizan opciones para que no sea declarado inconstitucional por afectar el federalismo y la que más seduce al Presidente es que el mismo sea constituido en acuerdo con los gobernadores, con la utilización de los “cortesanos” de los máximos tribunales de las provincias. “No vamos a digitar nombres”, se defendió un estrecho colaborador del jefe de estado.

Pero esta propuesta también chocaría con limitaciones legales: la Corte podría utilizar el “per saltum” para asegurarse para sí el último tratamiento de causas que pasaran por el planificado tribunal. Es que, aunque surjan tribunales intermedios, la Corte Suprema sigue ostentando poder de fuego con el Per Saltum. Si bien no incluye las causas penales, quedaría “expedito para las otras materias con solo alegar los supremos casos de ´gravedad institucional´”, explicó una calificada fuente tribunalicia. En ese aspecto quedarían incluidos los múltiples amparos que se presentan en los Tribunales contra las medidas de los gobiernos de turno, la famosa “judicialización de la política".

Ante estas limitaciones, queda claro que la batalla encarada por el Ejecutivo tiene más contenido político que práctico. El clima de pre-campaña también se vislumbra en lo que ocurre puertas adentro del Frente de Todos: se confirmó el próximo 21 de marzo Alberto Fernández asumirá como nuevo titular del Partido Justicialista. Y en las últimas horas el juez con competencia electoral en la Provincia, Alejo Ramos Padilla desechó la presentación del intendente Fernando Gray para suspender las elecciones en el PJ bonaerense, con lo que prácticamente aseguró que Máximo Kirchner vaya a convertirse en nuevo presidente el partido a nivel bonaerense.

De a poco, el oficialismo se irá ordenando. Este viernes Alberto bancó el furioso alegato de Cristina Fernández de Kichner en la causa del dólar futuro. Y en lo que, resta del día, difícilmente en Casa Rosada salgan a cuestionar la represión ejecutada por el gobierno del formoseño Gildo Insfrán contra manifestantes y opositores a la vuelta de la Fase 1 en esa provincia. Unidad hasta que duela, sigue siendo el leit motiv del FdT. “Igual habrá prendas de cambio como la FAM (la Federación Argentina de Municipios) o la reelección de los intendentes bonaerenses. Todo esto y más va influir en el cierre de listas”, explicó un funcionario nacional de extracción camporista. No falta mucho: en abril ya comenzará a desandarse el calendario electoral de 2021.