COVID-19
El 2021 comenzó para el gobierno con el foco puesto nuevamente en la situación sanitaria por el coronavirus. Pero en la última semana el oficialismo mostró dudas sobre el camino a tomar y blanqueó los límites para adoptar medidas extremas como establecer un nuevo confinamiento: se optó finalmente por una solución intermedia que establece recomendaciones a cada mandatario provincial para restringir la circulación nocturna en caso de detectar, a través de dos indicadores, una avalancha de casos en los últimos 15 días.
De hecho, gobernadores propios y ajenos adelantaron antes del anuncio en Casa Rosada de este viernes que no iban a adherir a la medida. El riesgo de desobediencia civil, de una población cansada por el encierro de 2020 y por ser testigo de aglomeraciones “permitidas” como las marchas a favor y en contra de la legalización del aborto de hace sólo 10 días, y el rechazo de las cámaras de hoteleros y gastronómicos frenaron el tibio intento del Ejecutivo nacional por disponer un “toque de queda sanitario”, que venía deslizándose por pasillos oficiales desde hacía varios días.
El primer día del año un alto funcionario consultado negó que “esté previsto” un control de nocturnidad estricto en el AMBA. A partir del lunes las versiones sobre la implementación de una cuarentena nocturna aumentaron. Tras la teleconferencia del martes de Alberto Fernández con los gobernadores, en el gobierno bajaron el mensaje de un supuesto apoyo unánime a la medida. A las pocas horas se supo que las opositoras Ciudad de Buenos Aires y Mendoza no compartían la propuesta. Y a los pocos días, se sumaron distritos peronistas como San Juan o Córdoba que advirtieron no estar de acuerdo en la aplicación de tales restricciones. Al cierre de esta edición, las autoridades sanitarias bonaerenses intentaban llegar a una solución salomónica con los intendentes de las ciudades balnearias que temían que se desplomara la temporada turística: en los centros veraniegos el permiso de tránsito oscilaría entre las 0 y la 1 de la madrugada.
Esas dudas también trasuntaron los despachos de Casa Rosada: con el correr de los días la herramienta legal a utilizar varió desde una resolución administrativa de Jefatura de Gabinete, sumó peso político con un DNU y en la noche del jueves, en vistas de tratarse sólo de una “recomendación” a los gobernadores, trocó en un decreto simple del presidente, que finalmente vio la luz en el Boletín Oficial pasado el mediodía del viernes.
En la tarde del último jueves se registraron reuniones incesantes en el palacio gubernamental para darle forma al marco legal. De visita por Balcarce 50, el mandatario chaqueño Jorge Capitanich adelantó el espíritu “colaborativo” de la manda presidencial y que no se trataría de una imposición como lo fue la cuarentena establecida el 20 de marzo. En los hechos, es el artículo 4 del DNU 1033, que hoy establece el DISPO en gran parte del país hasta el 31 de enero, es el que habilita al Ejecutivo a derivar en las provincias la aplicación de mayores controles por un eventual riesgo epidemiológico.
El ex jefe de gabinete se reunió con Wado de Pedro y le trasladó la inquietud de otros colegas: insisten en que la suspensión de las PASO de agosto próximo se trate en sesiones extraordinarias del Congreso. A la postre, constituyó una respuesta al “congelamiento” que desde el Instituto Patria se le propinó a la iniciativa, que justificaba la suspensión por la vulnerable situación sanitaria y por su costo fiscal. La pulseada entre los jefes provinciales y los dirigentes del kirchnerismo, que aspiran a competir en los distritos, se definiría en marzo próximo. Por lo pronto, desde el ministerio del Interior, que conduce el amigo de Máximo Kirchner, ya presentaron el anteproyecto del pliego de bases y condiciones para licitar el recuento provisional de votos para los comicios de agosto.
La mira oficial está puesta en las elecciones de medio término. Por eso, viene demorada la normalización tarifaria. Postergado para marzo el ajuste en el transporte público del área metropolitana, también quedó en suspenso el aumento de tarifas eléctricas. “Se define por sí o por no en febrero”, contó una fuente de la Secretaría de Energía, ahora bajo el paraguas del ministro de Economía, Martín Guzmán. Si en diciembre parecían decididos a culminar la RTI del sector y ajustar hasta a un 15% de los usuarios de las redes de Edesur y Edenor, la urgencia electoral podría una vez más demorar la actualización tarifaria.
Para cumplir con la “recomendación” de Cristina Kirchner de “alinear” precios, salarios y jubilaciones, en las próximas semanas debería convocarse al Consejo Económico y Social. A la selección de los “miembros honorarios” está abocado Gustavo Beliz, el secretario de Asuntos Estratégicos, que esquiva a la prensa acreditada y obliga a hacer malabares a la comunicación oficial para un tema de trascendencia. Ni más ni menos, se trata de la institución que intentará conciliar la puja distributiva para, así, aplacar las expectativas inflacionarias. De la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, dependerá el eventual éxito electoral del oficialismo. Sobre eso, vale decir, no hay dudas en Casa Rosada.
