MÁS DEUDA
Consenso fiscal con la mayoría de los gobernadores, señales al mercado –“la pobreza se disminuye con los empresarios invirtiendo y no con planes sociales”- y anuncios de inversiones, son los gestos que dispensa el presidente Alberto Fernández para que su administración logre generar mayor confianza. Esos gestos, conviven, sin embargo, con otros menos amigables como el conflicto con Horacio Rodríguez Larreta por el recorte de fondos a la Ciudad o la variopinta reacción de referentes del Frente de Todos por el fallo de la Corte Suprema sobre Amado Boudou.
Justamente la quita de recursos a la Ciudad proyectada para 2021, de $65 mil millones, casi equivale a la ayuda social de emergencia que la Casa Rosada destinará este diciembre para aquietar la demanda social. La foto de este viernes mostró al presidente con la mayor parte de los caciques provinciales en un acuerdo que voltea el “ajustador” consenso rubricado en tiempos de Mauricio Macri. El nuevo entendimiento fija límites para la toma de deuda en dólares, suspende las demandas por el lapso de un año contra la Nación e incluye el reconocimiento de que la Coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones del estado federal a los distritos. Es decir, apunta al nudo del conflicto con la Ciudad y al aumento del 3,7% de la Coparticipación ejecutado por Macri con la excusa del traspaso de la Policía Federal.
Frente a la presión de Larreta a la Corte Suprema para que resuelva sobre su amparo, en Casa Rosada sostienen que “también podemos ir a la justicia a reclamar todo el dinero se le giró de más”. Es que, según cálculos de la secretaría de Provincias del ministerio del Interior, la creación de la Policía de la Ciudad demandaba un costo de 0,9% de recursos coparticipables. El flamante ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, fue menos elíptico y sostuvo que CABA debe "devolver" $120 mil millones.
El actual vicepresidente del Instituto Patria fue uno de los pocos referentes del kirchnerismo que no se manifestó para repudiar el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a Boudou por corrupción. Si lo hizo el gobernador bonaerense Axel Kicillof y hoy, poco antes que el Frente de Todos divulgara un comunicado pidiendo la “libertad” del ex vicepresidente, sorprendió el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, al sostener que “la Corte debería hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades”. El tema Boudou es espinoso para el oficialismo porque, incluso en la campaña electoral, Fernández lo cuestionaba y en 2017, por caso, lo sindicaba como uno de los “pecadores” del último gobierno de Cristina Kirchner.
Las internas en el oficialismo afloraron una vez más, esta vez, no por los cruces con el kirchnerismo duro. Fueron críticas vertidas desde Balcarce 50 hacia Felipe Solá por haber “inventado” detalles de la conversación que el presidente Fernández mantuvo con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, el lunes pasado. Es que el canciller llegó tarde a la comunicación y luego dio una versión propia en un reportaje radial en la que habló de un supuesto reclamo que Fernández le había hecho a Biden sobre la postura del director norteamericano en el FMI, Mark Rosen. El traspié comunicacional obligó a una enmienda del secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi con la agencia Bloomberg y reproches internos. “Fue una falta grave, que se suma a otras anteriores. Pero igual se queda”, dijo una calificada fuente oficial consultada acerca de las versiones sobre un posible cambio de nombres en el Palacio San Martín.
A pocos días del primer año de mandato, el gobierno busca no agitar las aguas. Es por eso que el secretario general Julio Vitobello no le aceptó la renuncia al jefe de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi, por el escandaloso velatorio de Diego Maradona que hace unos 10 días terminó con barras tomando el Patio de las Palmeras. Las esquirlas del desmadre llegaron al ministerio de Seguridad de Sabina Frederic, que recibió algunos cuestionamientos internos.
En el gobierno intentan que el debate parlamentario por la legalización del aborto no resienta su buen vínculo con la Iglesia. Hacen foco en las “relaciones personales”.
“El problema no es plantear un tema sino romper vínculos durante su discusión acusando a la otra parte de falta de racionalidad, por caso”, sostuvo a PolíticaYMedios un religioso cercano a Francisco, para tal vez entender el cambio de tono de la Iglesia si se lo compara con el debate de 2018 en tiempos del macrismo en el poder.
Este viernes el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, compartió sendas actividades con Cáritas y el Obispado de Morón, para dar muestra de la concordia. Esta cartera trabaja en contención de poblaciones vulnerables con los curas villeros en plena emergencia. Los sacerdotes, como bien lo expresó el padre Pepe Di Paola esta semana en el Congreso, están “muy doloridos” por el impuso que dio el Ejecutivo a la iniciativa pero aseguran que no cejarán en el trabajo conjunto con el Estado para atender la crisis.
Arroyo volvió a remarcar la ayuda estatal que, a falta de IFE 4, contenga la presión social que suele emerger todos los “diciembres”. El paquete de refuerzo a la Tarjeta Alimentar, el bono de $9450 al Potenciar Trabajo y el plus a la AUH ascienden a un gasto fiscal de $63 mil millones sólo para el último mes del año. El funcionario no desconoce que por la crisis devenida de la pandemia “hay conflicto social en Argentina” pero piensa en un 2021 prometedor con un cambio en la ecuación presupuestaria: “Hoy el 80% va para asistencia alimentaria. Queremos que el año próximo sea 50% y 50% con los planes laborales”, dijo en una rueda de prensa que concedió en el histórico edificio de 9 de Julio y Moreno. Admite, con todo, que el mayor desafío será hacer frente al “costo alimentario y al endeudamiento de las familias” en un 2020 que volcó a casi la mitad de la población en la pobreza.
