Festival de bonos y unidad política para poder brindar a fin de año - Política y Medios
01 de diciembre de 2020 - Edición Nº4687

DESDE CASA ROSADA

Festival de bonos y unidad política para poder brindar a fin de año

Esta semana, el gobierno siguió enarbolando justificaciones para el nuevo cálculo previsional que combina recaudación y salarios pero no inflación, en un año que promete superar los poco más de 35 puntos que dará el IPC de 2020.

Por: Emiliano Russo - Desde CASA ROSADA

 

El gobierno apuesta a un festival de bonos navideños para aquietar la siempre presente tensión de diciembre y a aprobar una batería de leyes en sesiones extraordinarias –se descuenta que habrá debate legislativo hasta enero próximo- para encarrilar el rumbo de gestión y afianzar el vínculo con intendentes y gobernadores, “unidad” vital, para encarar las elecciones de medio término que se vienen.

El temario que enviará el Ejecutivo al Congreso se conocerá recién en una semana pero, se sabe, incluirá la legalización del aborto y la nueva fórmula para calcular jubilaciones que espera poder comenzar a aplicar en marzo próximo.

El gobierno siguió esta semana enarbolando justificaciones para el nuevo cálculo previsional que combina recaudación y salarios pero no inflación, en un año que promete superar los poco más de 35 puntos que dará el IPC de 2020. Conscientes de las críticas y del desfasaje que sufrieron los ingresos de los adultos mayores al suspenderse la movilidad previsional aprobada por el macrismo, el miércoles por la tarde se anunció una suba del 5% para los haberes de diciembre.

Este año, con todo, las jubilaciones mínimas terminarán “empatadas” con la inflación pero las escalas superiores perderán hasta un 7%.  “Si el año que viene se nos dispara la inflación, lo que primero se nos va a caer es la economía. Trataremos de seguir el sendero de este año”, intentó argüir una fuente gubernamental consultada al respecto. Esto es, pandemia mediante, se logró bajar este indicador casi 20 puntos respecto al registrado en 2019.

Lo cierto es que para encarar el último mes del año sin sobresaltos, el gobierno anticipó una batería de medidas paliativas: un plus para la AUH, duplicará el  monto de la Tarjeta Alimentar de $4 mil a $8 mil (para madres que tienen un hijo menor a seis años) y de $6 mil a $12 mil (para quien tiene dos o más hijos) y se otorgará un bono navideño a los beneficiarios de Potenciar Trabajo, el mega plan social que tiene 600 mil inscriptos y aspira a incorporar otros 300 mil en los próximos meses. También distribuirán 1,7 millones de cajas navideñas para 7 millones de personas y se ampliarán fondos para comedores comunitarios y comedores escolares.

Mientras tanto, el oficialismo sigue con su retórica para garantizar la unidad política como paso necesario para fortalecer el Frente de Todos: más poder a los intendentes propios como se vio el jueves en el Museo Casa Rosada durante la asunción de Jorge Ferraresi como nuevo ministro de Vivienda y Hábitat. Y en ese sendero, también aspira a lograr mayor cohesión con los gobernadores con quienes piensa levantar hospitales modulares en los pasos fronterizos y coordinar el operativo de vacunación “más grande de la historia”, la nueva épica que por estas horas se enarbola desde los balcones de Casa Rosada.

Pero en el medio de este paternalismo sanitario surgen historias aberrantes por las aduanas provinciales que han establecido los gobernadores como respuesta a la pandemia, de las que hoy sólo quedan en Formosa y Santiago del Estero. Aún conmueve una triste historia registrada en el distrito gobernado por Gerardo Zamora donde un padre tuvo que cargar casi 5 kilómetros a su hija, paciente oncológica, porque le impedían ingresar en auto. En ese territorio, donde se construyó un estadio faraónico, el sistema sanitario está al borde del colapso y días atrás tuvieron que trasladar a un sacerdote con covid a una clínica de Rosario.

La Corte Suprema le ordenó el miércoles a Gildo Insfrán que le abra las puertas a casi 6 mil formoseños varados al otro lado del límite provincial. En Casa Rosada casi nunca atendieron esta situación –solo Wado de Pedro intercedió por un incidente con camioneros en el ingreso Desaguadero a San Luis- e incluso un funcionario al ser consultado por estas limitaciones se excusó en el “federalismo” que posibilita a cada cacique provincial adoptar este tipo de medidas.

Sólo Gustavo Vera, el amigo del Papa que conduce la Comisión anti Trata de Jefatura de Gabinete, se atrevió, con auspicio de la fiscalía Protex, a protestar contra los abusos de Insfrán, por el caso de un trabajador explotado en Córdoba que luego de ser rescatado permaneció varias semanas a la intemperie y, cuando lo dejaron ingresar a su provincia, tuvo que estar encerrado dos semanas en una casa de aislamiento conviviendo con “alimañas”.

Es claro que hay una alianza que no se quiere tensionar. Desde el ministerio del Interior, de Pedro operó la solicitada publicada el miércoles pasado en la que 19 gobernadores peronistas (y aliados) reiteraron su apoyo a la ley que discute el Congreso que fija un monto para el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y, de esta forma, avala la poda de un punto a la Coparticipación que ejecutó la Nación a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. En CABA consideran que esa movida responde a un posible fallo de la Corte Suprema que daría curso al amparo presentado por los abogados porteños para que frenar la quita de recursos. Están en juego nada menos que $53 mil millones para 2021.

 

 

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