LEGISLATURA BONAERENSE
“Auditoría” parece ser la palabra del momento entre las filas del oficialismo y su militancia. Al menos, se viene erigiendo como trinchera desde la cual se defiende el recorte presupuestario a las Universidades Nacionales, quizás embarrando más la cancha que desplegando un juego.
Es que allí desde La Libertad Avanza hallaron un punto ciego para el público general y en las últimas horas han sembrado hasta el hartazgo la idea de que las instituciones se rehúsan a rendir cuentas de la utilización del presupuesto; en reacción a las multitudinarias manifestaciones realizadas el pasado martes 23 de abril en defensa de las universidades públicas.
No obstante, en medio de la continuidad de la disputa, que se sigue jugando en redes sociales, medios de comunicación y en el Congreso, la Auditoría General de la Nación (AGN) difundió un listado con las tareas de supervisión llevadas adelante los últimos diez años en las diferentes casas de altos estudios, siempre a instancias de lo indicado por el Congreso.
Javier Fernández, decano de los auditores, acercó a la prensa en las últimas horas un informe donde se precisa que el organismo de control dependiente del Poder Legislativo evaluó sistemáticamente a las universidades no sólo en el plano presupuestario sino también en la gestión institucional.
Entre las instituciones alcanzadas, se destaca la Universidad de Buenos Aires (UBA) -centro de polémicas en los últimos días- pero también se incluyen la del Litoral, Rosario, Tucumán, Formosa, Jujuy y José C. Paz.
Además el documento provisto por Fernández detalla que actualmente se desarrollan seis proyectos diferentes de auditorías de gestión en los aspectos financiero, contable y administrativo en las casas de altos estudios de Formosa, Salta, del Nordeste, Córdoba, La Plata y Jujuy.
Al respecto, el funcionario de la AGN puso de relieve que cada uno de esos trabajos se desarrollan en un plan trabajado y aprobado por el Congreso de la Nación, tal como establece la normativa.
En contraste, la tónica de los discursos del presidente Javier Milei, sus funcionarios y militancia orgánica, parece indicar que lo que se pretende es que las mencionadas auditorías sean llevadas adelante por el Poder Ejecutivo.
La atribución al presidente de competencias que le son ajenas no es una ambición aislada, sino que se enmarca en un proceso donde ya se intentó delegar facultades extraordinarias a través de la Ley Bases que impulsa con perseverancia el oficialismo.
Fiel al estilo que lo distingue desde su asunción, Milei enfrentó a los rectores de las universidades -como a cada actor social y político que osó a cuestionar su administración- luego de que alertaran que, en las actuales condiciones presupuestarias, muchas instituciones no podrían continuar funcionando.
Así es que, en las vísperas de la Marcha Universitaria Federal, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, ofició de vocero de Casa Rosada instalando el lema: “Estudiar es un derecho, auditar es una obligación”. Lo hizo luego de que la cartera anunciara en un comunicado oficial un presunto acuerdo por el presupuesto que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintieron.
El titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, destacó este miércoles que los procedimientos para auditar las universidades públicas no son potestad del Poder Ejecutivo, y que las órdenes deben surgir de una comisión mixta de Revisión instituida en el Congreso y compuesta por senadores y diputados de las diferentes fuerzas.
Es un tremendo error constitucional y legal sostener que las universidades públicas pueden ser controladas por el Poder Ejecutivo Nacional.
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) April 20, 2024
Las universidades nacionales son autónomas y autárquicas conforme lo establece el art. 75 inc. 19 párrafo tercero de la Constitución… https://t.co/FwbYsM2a6s
El informe difundido por el colegio de auditores puso de relieve que en noviembre del año pasado se aprobó el informe ejecutivo y el contenido de la evaluación realizada a la Facultad de Psicología de la UBA en 2023. Los factores revisados fueron: gestión, estructura organizativa, ejecución presupuestaria, cuentas bancarias, compras y contrataciones correspondientes al ejercicio 2018.
En el caso de la Universidad del Litoral, se desarrolló en 2022, la llevó adelante la Gerencia de Control de Gestión del Sector no Financiero. El objetivo fue evaluar la gestión de las transferencias, becas y convenios correspondientes al ejercicio 2017. En la de Rosario, se auditaron las transferencias de becas y convenios correspondientes al ejercicio del mismo año.
En 2021, las labores de la AGN sobre la casa de altos estudios de José C. Paz se enfocaron en “el ambiente de control y la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2015 y al primer semestre de 2016, mediante el análisis de los componentes de mayor significatividad relativa, vinculados con las áreas de Presupuesto, Compras, y contrataciones y secretaría académica”.
Por último, en el informe se incorpora un detalle de las auditorías efectuadas en las universidades de Tucumán, Formosa y Jujuy. En esos casos se vincularon con la supervisión sobre los fondos recibidos, el ambiente de control y ejecución presupuestaria comprendida entre el 2014 y el 2016.
