
¿Pudieron romperse los bloques del Congreso? Nadie lo imaginó, pero hubo algunos gobernadores que llamaron a una mini rebelión. El presupuesto trae otra grieta interna. Cristina reabre el Senado y la ley de hidrocarburos peligra el debate ambiental.
[¿Y si se rompe el Frente de Todos?]
El repliegue del albertismo en la Casa Rosada tuvo un intento fallido de traslado al Congreso, con gobernadores que se animaron a pedirle a sus legisladores un respaldo explícito al presidente, en plena disputa con Cristina Fernández de Kirchner.
Fue el caso del entrerriano Gustavo Bordet, que instruyó al diputado Marcelo Casaretto y al senador Edgardo Kueider a tuitear por Alberto. Sorprendieron a Máximo Kirchner, que había instruido a sus dirigidos bajar el perfil.
Kirchner contratacó con Rodolfo Tailhade, quien con un hilo de twitter le marcó la puerta de salida al vocero presidencial Juan Pablo Biodni.
Para mostrar músculo territorial, Cristina hizo base en el Senado, sede de cada momento conflictivo de Argentina. Habló con el jefe de su bloque José Mayans y tuvo varias reuniones con Adolfo Rodríguez Saá, conocedor de días agitados.
De repetirse los resultados de las primarias en noviembre, una fractura del Frente de Todos lo dejaría sin una mayoría propia en el Senado, pero Cristina podría reunirla con aliados de Misiones y Río Negro.
Si el bloque se parte, el recinto se paraliza, como ocurrirá casi con seguridad en la Cámara baja, sin mayorías capaces de abrirlo y marcar una agenda desde diciembre.
[El presupuesto reabre la grieta interna]
Martín Guzmán envió el proyecto de presupuesto de 2022 el 15 de septiembre, como lo obliga la ley de administración financiera. Pero rompió la tradición de aparecer por Diputados a exponer los detalles.
Cuando lo haga, tal vez, retome la disputa entre Alberto y Cristina, en la que logró salir airoso y sostenerse en el cargo.
El presupuesto sugiere una baja de los subsidios a los servicios públicos que solo podría derivar en un tarifazo, resistido por la vice y sus allegados.
Tampoco se prevé un aumento de la inversión social y se infiere un ajuste, tal como ocurrió este año y Guzmán se niega a aceptar. “Si aumentás el gasto menos que la inflación y la recaudación, hay un ajuste”, le replican en el kirchnerismo.
El debate se complicará aún más cuando legisladores del interior, de cualquier color político, reclamen aumento a los subsidios al transporte público.
En el Gobierno quieren sancionar el presupuesto antes del 14 de noviembre, por si una derrota mayor en las elecciones generales complica las negociaciones. Primero tiene que mirar puertas adentro.
[Reparos a la ley de hidrocarburos]
Alberto Fernández envió al Senado después de las derrotas en las primarias la ley para incentivar la producción de hidrocarburos, con la esperanza de su pronta sanción.
El proyecto institucionaliza una especie de contratos-ley con las empresas interesadas en inversiones de largo plazo. Podrán tener exenciones impositivas y manejo de divisas.
Alberto confía en sancionarla con el respaldo de los opositores de provincias petroleras, que se benefician de las regalías.
Pero minimiza el debate ambiental: hay compromisos internacionales firmados por el gobierno que sugieren una disminución de la producción de hidrocarburos. No será fácil ignorarlos.
[Vuelve las sesiones presenciales al Senado]
CFK firmó un decreto para prorrogar dos meses las sesiones remotas, pero la oposición anticipó que dará una pelea pública para volver a ocupar el recinto.
Y la vice empezó a ceder: ya sondeó la posibilidad de levantar los andamios que hay en el centro del recinto para sostener las pantallas y así volver a las sesiones presenciales.
El problema es que un brote de la Cepa Delta del COVID-19 no dejaría a nadie a salvo, porque en el Senado las bancas están tan pegadas que no hay forma de no chocarse rodillas y manos.
Y si se elimina la chance de votar por zoom, los senadores deben estar sentados varias veces en una sesión para garantizar el quórum. No es una decisión fácil.
[Un Moyano aliado de Juntos en temas laborales]
Facundo Moyano renunció a su banca de diputado y podrá evitar un debate en el que no quedaría muy bien parado: el de la eliminación de las indemnizaciones, que promueve Juntos por el Cambio en la campaña.
Ocurre que el exsindicalista del gremio de peajes e hijo del líder camionero está de acuerdo con esa iniciativa, que ya presentaron entre otros el senador Martín Lousteau y consiste en reemplazar la indemnización por un seguro de cese laboral.
Se permitiría el despido sin causa, pero el empleado se iría con un fondo acumulado en su período laboral. El sistema se aplica en Austria y es conocido como la “mochila”.
Moyano dijo en una sesión de 2020 que Argentina lo necesita para aumentar el empleo formal, pero entre sus ex compañeros de bloque no hay quien lo acepte. Y la CGT está dispuesta a resistirlo en las calles.
La iniciativa choca con un artículo de la constitución que impide el despido sin causa en Argentina. Pero el debate llegará a las comisiones de todos modos.