Críticas a Tolosa Paz por afirmar que en Venezuela “hay Estado de Derecho” - Política y Medios
28-03-2024 - Edición Nº5900

RELACIONES INTERNACIONALES

Críticas a Tolosa Paz por afirmar que en Venezuela “hay Estado de Derecho”

Legisladores de la oposición cruzaron a la funcionaria alegando que en el país caribeño se violan derechos humanos y no se respetan las instituciones.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, recibió duras críticas este miércoles, luego de afirmar que “en Venezuela hay un Estado de Derecho en términos de que el presidente ha sido electo democráticamente”.

La funcionaria, que suena entre las posibles candidatas del oficialismo de cara a las elecciones legislativas de este año, habló el martes por la noche sobre las posiciones del Gobierno nacional en cuanto a la geopolítica regional en el programa Dicho Esto de A24 y generó polémica.

Luego de estas declaraciones, el tema se volvió tendencia en las redes sociales y -a la par de la crítica de usuarios y trolls- referentes de Juntos por el Cambio cuestionaron su afirmación.

“Si Estado de Derecho significa: perseguir opositores, controlar la justicia, crear escuadrones de la muerte para silenciar opositores, violar sistemáticamente los DDHH, y que más de 6 millones de venezolanos emigren, entonces sí, en Venezuela hay Estado de Derecho”, escribió el diputado bonaerense del PRO, Daniel Lipovetzky, interpelando a Tolosa Paz en Twitter.

En tanto, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Karina Banfi, también apuntó fuerte contra la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. En diálogo con Radio Rivadavia, sostuvo: “Me parece ignorante, no lee. Para ser diputada va a tener que rodearse mejor”.

Luego, desde su perfil de Twitter, consideró que “las declaraciones de Tolosa Paz sobre Venezuela preocupan porque hablan del lineamiento político que tiene un partido que se dice democrático y que hoy gobierna. No hay dudas del fraude en la elección de (Nicolás) Maduro”.

No obstante, la funcionaria había advertido durante la entrevista que “quienes estén buscando posicionamientos similares a los de (Mauricio) Macri, no los van a tener. Nosotros no apoyamos la intervención de los gobiernos en Latinoamérica”.

En ese sentido, evaluó que la posición de Alberto Fernández en la geopolítica “ha sido coherente” y resaltó que “expresa en sus votaciones lo que él cree realmente como región”.

Además, criticó que aquellos que apoyan la entronización de Juan Guaidó en Venezuela, en nuestro país “persiguieron y buscaron encarcelar a la principal líder de la oposición en aquel momento, que era Cristina Kirchner”.

Por último, aseguró: “No veo que haya que ponerle el mote a Fernández de que sostiene situaciones geopolíticas que nos alejan del mundo”.

Fragmento de la intervención de la funcionaria.

[La definición de una dirección, luego de titubeos]

La posición del Gobierno del Frente de Todos en lo que refiere a las Relaciones Internacionales -en particular a las de Latinoamérica- no siempre fue tan decisiva y tajante.

En agosto de 2020, la embajadora argentina ante la Federación Rusa, Alicia Castro, renunció a su cargo presentando una extensa carta donde dejaba asentada su discrepancia con la dirección que había tomado el país en materia de geopolítica.

El detonante fue la votación de nuestro país en favor de dos resoluciones que alertaban sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en el marco del 45° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“El voto de Argentina acompañando la Resolución del Grupo de Lima constituye un dramático giro en nuestra política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de (Mauricio) Macri”, expresó en su momento la diplomática (que se había desempeñado como embajadora ante la Venezuela entre 2006 y 2011, y ante el Reino Unido entre 2012 y 2015).

En aquel momento, Castro sostuvo que el espacio había sido “creado durante la restauración neoliberal por un grupo de gobiernos de extrema derecha, alentados y financiados por los Estados Unidos”.

En esa línea, afirmaba que tenía “dos objetivos explícitos: promover un ‘Cambio de Régimen’ en Venezuela -con idéntica matriz de los operados por EE. UU. en Oriente Medio- y desarticular el bloque regional”.

En el documento donde presentaba su renuncia, agradecía al Gobierno y “en especial a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, por haberla designado, lo cual exhibía a las claras las fisuras de corte ideológico que irremediablemente deberían coexistir al interior del Frente de Todos.

No obstante, con el correr de los meses, las discusiones internas derivaron en un rotundo giro en la política exterior. En sintonía con una posición más afín al ala kirchnerista, el pasado 24 de marzo, la Cancillería anunciaba el retiro del país del Grupo de Lima.

El comunicado expresaba que “las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.

Además, se indicó que “la participación de un sector de la oposición venezolana” en el grupo condujo a que se adoptaran posiciones que la administración nacional “no puede acompañar”.

A esto se sumó que las sanciones y bloqueos impuestos en plena pandemia a un país que hace años transita una crítica situación socioeconómica había “hecho estragos”.

Por esto, Argentina salía del espacio regional, reiterando que la mejor manera de ayudar a los venezolanos era “facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero si a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”; e instando a las autoridades del país caribeño a “generar las condiciones para un diálogo productivo”, convocando a los principales actores sociales.

Mucho más cerca en el tiempo, el pasado martes 22 de junio, nuestro país -en coordinación con México- se negó a firmar una declaración de la ONU que pedía elecciones libres en Nicaragua, debido a una “tradición de no firmar documentos conjuntos contra un país”, evitando interferir en sus asuntos internos.

No obstante, desde la Cancillería destacaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país centroamericano, tal como lo habían hecho ante la OEA recientemente, “en particular por las detenciones de figuras políticas de la oposición, medida que nuestro país solicita sea reconsiderada por las autoridades nicaragüenses”.

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