El Gobierno nacional no terminó de festejar la ajustada aprobación del DNU que le permite negociar un nuevo endeudamiento con el FMI y el nuevo escenario ya le plantea nuevos dolores de cabeza.

Es que buena parte del éxito del programa económico de reducción de la inflación se la debe, en primera instancia a una devaluación de shock que disparó por los aires la inflación en los primeros meses, y en segunda instancia al control sobre el tipo de cambio oficial que se implementó a través del crawling peg. Un ritmo devaluatorio que fue del 2% mensual durante casi toda la gestión, reducido al 1% desde febrero.

El gran problema del ministro de Economía Luis Caputo y del presidente Javier Milei es la escasez de recursos genuinos -de liquidez pero también de confianza de los mercados- para solventar este tipo de cambio artificial, y por ende la estabilidad en los precios.

La luna de miel en las góndolas -el gran logro que puede ostentar el oficialismo de cara a la sociedad argentina- comienza a experimentar su crepúsculo, con un Banco Central (BCRA) que se desangra de reservas en las últimas semanas para evitar una disparada del dólar paralelo y los financieros. Octubre, bajo estos términos, queda cada vez más lejos para La Libertad Avanza.

Por esto el Gobierno recurre al Fondo, descrito por el propio Milei hace pocos años como sinónimo de fracaso económico contundente, cuando el que 'fracasaba' al frente de la cartera de Hacienda era el mismo Caputo al cual le encomendó el manejo de la Economía. Sin embargo, como si el carpetazo no constituyera suficiente erosión a la confianza en el proyecto económico, las condiciones que llegan desde Washington no con más auspiciosas.

Desde que se habla de un nuevo programa de facilidades extendidas, comenzaron a danzar algunos presuntos requisitos del FMI para un nuevo desembolso. Entre ellos, se encontraba la liberación del cepo y los mecanismos de control cambiario, lo cual se traduciría en una devaluación.

Sí, como vociferaban algunos oficialistas meses atrás, el dólar estaba caro y podía bajar incluso hasta $600, el cepo ya no existiría. Si la capacidad de demanda en pesos fuera tan limitada como afirma el ministro de Economía, también.

La estabilidad patrocinada por el exitoso blanqueo de capitales comienza a agotarse y allí aparece Kristalina Georgieva para plantearle al Gobierno una solución que preocupa: otorgar la liquidez para sanear el balance del Banco Central, pero con una devaluación que resucite el fantasma de la inflación antes de las elecciones.

En un escenario en que Milei ya anticipó que en abril se rubricaría el acuerdo (contra las expectativas de los tiempos de la burocracia que ello conlleva), en su entorno se encuentran evaluando alternativas para llegar a las elecciones con algo de oxígeno. La escalada del dólar en las últimas semanas es síntoma de que el mercado da por hecho que no hay salidas mágicas que puedan evitar una devaluación.

En las últimas horas, desde LaPolíticaOnline aseguraron que en Casa Rosada comenzó a ganar fuerza la posibilidad de adelantar las elecciones legislativas para que los trastornos cambiarios no afecten al Gobierno en las elecciones legislativas.

Es el punto de inflexión que las usinas libertarias esperan desde el día 1 de gestión apuntando a aumentar el peso relativo libertario en el Congreso, que hasta ahora ha dependido casi exclusivamente de su capacidad de negociación con las bancadas opositoras y la alianza con el PRO y la UCR de Rodrigo De Loredo.

En las cálculos del mileísmo, podría negociarse dilatar el cumplimiento de los requisitos del FMI hasta julio, desarrollar los comicios y luego proceder. Sería un movimiento poco decoroso, pero la sutileza no ha sido precisamente la marca distintiva de la gestión.

Sin embargo, para esto requeriría una Ley del Congreso modificando el Código Electoral, en un contexto donde el oficialismo viene de llevar al límite la institucionalidad del Congreso, aprobando por Decreto un endeudamiento que debía tener tratamiento de proyecto de Ley, de acuerdo a la Constitución Nacional. El margen de erosión del prestigio de los legisladores ya es prácticamente nulo, al menos en el mediano plazo.

Un eventual cambio en la legislación electoral requeriría de una mayoría especial de al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado -mucho más hostil que la cámara baja para LLA-. Claro está que subestimar las capacidades persuasivas de la maquinaria rosquera del jefe de Gabinete Guillermo Francos sería un grosero error por parte de la oposición, pero aún así el panorama es opaco para el oficialismo.