AUSTERIDAD
El Gobierno nacional denunció penalmente a la jueza Karina Andrade, luego de que esta resolviera liberar a los 114 detenidos en el marco de la protesta del miércoles pasado que reunió a jubilados e hinchas de distintos clubes del fútbol argentino.
La presentación le adjudica a la magistrada los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, sentando un precedente de la relación que buscará imponer la administración de Javier Milei con el Poder Judicial.
Bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el abogado de la cartera, Fernando Soto, fue el encargado de radicar la denuncia contra la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusándola de cometer “graves irregularidades”.
Luego de la brutal represión ocurrida el miércoles, el propio ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había apretado públicamente a Andrade, advirtiendo que se analizaría “su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”.
Los embates del Gobierno contra la decisión judicial se montaron sobre la narrativa repetida a ultranza de que la movilización de hinchas era en realidad una conspiración de las barras bravas de los diferentes clubes sincronizada con la oposición política para propiciar un Golpe de Estado.
No obstante, los registros de los incidentes y la represión dejaron clara la fuerza desmedida que se empleó contra los manifestantes. La aplicación de gas pimienta a jubilados que se encontraban en las veredas, tacles por la espalda a personas que no se encontraban en situación ilícita alguna, o las gravísimas heridas provocadas por disparos al fotógrafo Pablo Grillo dan fe.
En este sentido, no pocos elementos sugieren una estrategia de manual del Ejecutivo para justificar un temperamento represivo que no encuentra más fundamentos que el accionar violento de excéntricos personajes de cara tapada, que a luego se retiraban sospechosamente hacia las bases operativas de las fuerzas de seguridad.
Primer Acto: Está en la marcha con la cara tapada y le prende fuego a un contenedor.
— #BloKeoBoludxs (@BloKeoBoludos) March 16, 2025
Segundo Acto: Lo confrontan y se va con la policía.
¿Cómo se llama la obra?
"LOS INFILTRADOS DEL EX SER HUMANO" pic.twitter.com/bWnK4EIQqx
Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo profundizan la hipótesis de golpismo y consideraron que Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”.
La propia magistrada había explicado en las horas posteriores a la liberación de detenidos que no contaba siquiera con la información de dónde y por qué habían sido aprehendidos. Sólo con el deseo del Gobierno de que sus decisiones se ajustaran al relato de guerra contra las barras.
El escrito presentado por Soto asegura que Andrade “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”.
Otro de los puntos que se le critica fue la decisión de la jueza de dictar la resolución a través de un chat de WhatsApp, ya que consideran que eso impidió que se establezca un registro oficial de la decisión y de dar intervención formal a la Fiscalía.
“La resolución de la jueza Karina Andrade, que rápidamente dispuso la libertad de casi todos los detenidos, consistió en un grave incumplimiento a las normas penales en vigencia. Encima todo ello sin dejar registro oficial, sin la intervención de los representantes de las partes ni a las Personas Víctimas de los hechos cometidos, siendo que existen Leyes Locales y Nacionales que expresamente regulan los derechos de las víctimas”, se cuestionó desde la cartera que encabeza Bullrich.
En la misma línea, expresaron: “Lo resuelto por la Juez Andrade carece de fundamentos en los hechos y el derecho aplicable, pues omitiendo la aplicación de las normas antes mencionadas, sin declarar su inconstitucionalidad, resolvió en base a meros argumentos aplicados en abstracto y, lo que es más grave, sin siquiera haber visto las actuaciones, como surge del punto final donde dispone pedirlas a la fiscalía”.
Segpun el Gobierno la decisión de liberar a los detenidos de la marcha del pasado 12 de marzo configuró “un mero acto de voluntad de la juez, basado en pura ideología”, en línea con los discursos promovidos en redes sociales de que se trata de una jueza de La Cámpora.
Sobre el final enfatizaron que “tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de reclamar” sino que son constitutivas de delito.
El jueves pasado Bullrich había advertido a través de su cuenta de X: “Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
DENUNCIAMOS A LA JUEZA ANDRADE
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2025
Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus… pic.twitter.com/HiPLP7atrM
Karina Andrade aseguró que adoptó la resolución con los elementos que tuvo “a disposición”, y pidió diferenciar “la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”.
En este sentido, destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional; asegurando: “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
Luego de negar cualquier vínculo con la militancia partidaria en organizaciones políticas, la jueza afirmó que las detenciones “se estaban llevando a cabo por las fuerzas de seguridad sin el control judicial básico”.
Así lo detalló en diálogo con Radio 10: “A mí lo que me estaban informando eran personas que estaba involucradas en delitos, pero ninguno que haya incendiado patrulleros o que tenga armas. Hubo tres personas, que no se si están vinculadas a esto, pero las únicas personas que tenían algún arma no fueron liberadas”.
Además, remarcó el contraste entre las versiones gubernamentales que hablaban de más de 100 detenidos y los registros que ella tenía informados, que llegando a las 22 horas del miércoles, no superaban los 14 detenidos.
“Yo pensaba que eso se debía a que otro juez estaba interviniendo. Pero con la presentación de la defensa pasadas, las 22, tomo conocimiento que ningún juez había intervenido. ¿Qué contexto de control tuve yo como juez? Totalmente deficitario”, consideró al respecto.
Otra de las cuestiones que desencadenó la resolución fue la del alojamiento, a pesar de que no consta en el documento firmado. “No me estaba siendo informado donde iban a quedar esas personas detenidas”, advirtió la magistrada.
Sí rescató el trabajo de la Fiscalía, que informó de una persona con pedido de captura “y obviamente no se le dio la libertad”, al igual que las otras tres personas, a las cuales se les imputaba el uso de armas.
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de la Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) había publicado un comunicado en repudio a los mecanismos de presión empleados por el Poder Ejecutivo luego de la liberación de detenidos.
“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, manifestaron el viernes pasado.
