REPERCUSIONES
El Gobierno de la Nación evalúa por estas horas implementar nuevos aumentos en las tarifas del transporte público como mecanismo para afrontar el desbalance entre los costos operativos de las unidades denunciados por las empresas y los ingresos percibidos entre boletos y subsidios.
Tras el paro de colectivos que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el pasado jueves 11 de abril, y con la amenaza de una nueva medida de fuerza el próximo 25 en caso de no obtener el aumento salarial que afirman que había sido pactado, la urgencia de arribar a una solución apremia a la Secretaría de Transporte.
Una de las opciones para evitar un nuevo calvario urbano el jueves de la semana que viene implica un aumento de tarifas para el usuario que -con base en el índice que opera como parámetro- puede ser de un 36% en abril o de un 51,6% para mayo. Hasta esos topes, el Gobierno puede autorizar los aumentos sin llamar a audiencias públicas.
Desde la perspectiva del Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo, una actualización en abril no sería conveniente ya que impactaría en las cifras inflacionarias del mes, en el marco de una tendencia de desaceleración que se viene marcando a partir de la licuación de los ingresos seguida de una recesión económica dirigida desde Balcarce 50.
La otra opción es aumentar el gasto del Estado nacional en concepto de subsidios para aumentar los ingresos de las empresas y que de esta manera puedan afrontar los incrementos salariales reclamados por los conductores de colectivos.
Desde la UTA reclaman un salario básico de $987.000 a partir de marzo. Las cámaras del rubro calcularon que para pagar ese diferencial de $250 mil con lo abonado se necesita un aporte del Tesoro de unos $13.000 millones para cubrir esa diferencia sobre un universo de 50.000 trabajadores.
Esta alternativa, como es de preveer, no es de la mayor simpatía del presidente de la Nación, Javier Milei, y su programa del “mayor ajuste de la historia de la humanidad” del cual se jacta sistemáticamente.
El objetivo fiscal del año incluye un recorte de esas partidas por un equivalente 0,2 puntos del PBI. Mientras tanto, a los conflictos gremiales con los trabajadores, se le suma una merma en el servicio por parte de las empresas, que discontinuaron las frecuencias y denuncian un deterioro cada vez mayor en las flotas.
#AAETAcomunica Uno de los motivos que plantea el actual Conflicto Sindical: Desde Diciembre 2022:
— aaeta (@aaeta_arg) April 13, 2024
Salarios UTA + 394 %
Inflacion + 372 %
Tarifa+Subsidio x Viaje + 253 %
Salarios… pic.twitter.com/Ey2UcbQ57Z
Como informó PyM, los choferes habían cobrado los mencionados $250 mil de manera no remunerativa en febrero aparte del sueldo, asegurando que las cámaras empresarias se habían comprometido a incorporar en marzo esa suma a los haberes formales. Cosa que no ocurrió y desencadenó la medida de fuerza de la semana pasada.
El sector empresario se excusó en que, al no haber ningún documento rubricado, los giros del Gobierno en concepto de subsidios no contemplaron el incremento y cumplir con el presunto compromiso se volvía imposible.
Mientras continúa la intermediación de la Secretaría de Trabajo entre las partes, la cartera de Transporte encabezada por Franco Mogetta define por estas horas si instrumentará el aumento previsto en el artículo 11 de la resolución 5/2024, firmada para darle un marco de previsibilidad a la actualización de las tarifas del transporte público.
En el caso de avanzar en el ajuste de mayo, el boleto mínimo para el colectivo en el AMBA pasaría de $270 a $409; mientras que el de trenes de $130 a $197. Persistirá la disposición de que aquellas tarjetas SUBE no registradas pagarán más caros sus viajes.
