MYRYAN PRUNOTTO
En el marco del acercamiento del oficialismo a las bancadas más dialoguistas en el Congreso, representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) se adelantaron a una de las intenciones más persistentes del Gobierno en su objetivo de reflotar la Ley Ómnibus: la flexibilización de las relaciones laborales.
En el marco de la reciente reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Nicolas Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, con legisladores de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, desde el partido centenario acercaron su propio proyecto de reforma.
Tras el mitín, el jefe del bloque de diputados radical, Rodrigo de Loredo, anunció que junto a sus compañeros de bancada y senadores elaboraron una documento para integrar en el tratamiento de la Ley Bases.
“Llevamos el texto a la Casa Rosada para que el oficialismo acompañe nuestra iniciativa con sus legisladores nacionales. Hay reformas que son urgentes en la Argentina y deben salir más allá de las disputas políticas”, consideró el cordobés.
En este sentido, en un guiño a las intenciones de Javier Milei de remodelar en un sentido amplio las relaciones económicas, productivas y laborales en el país, afirmó que “es necesario superar la parálisis judicial de las medidas del DNU, porque al final del día las reformas más importantes que requiere la Argentina aun esperan para hacerse realidad”.
Entre los objetivos, de Loredo enumeró: impulsar el empleo privado; incentivar la formalidad del empleo; terminar con los privilegios del sindicalismo; reducir costos laborales no salariales desproporcionados, y “empezar de una buena vez a dar una solución al sistema previsional”.
Junto a Diputados y Senadores de la UCR elaboramos un proyecto de reforma laboral para incluir en el tratamiento de la Ley Bases. Llevamos el texto a la Casa Rosada para que el oficialismo acompañe nuestra iniciativa con sus legisladores nacionales. Hay reformas que son urgentes…
— Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) April 11, 2024
Entre los elementos clave que contempla el texto, el diputado destacó la “reducción de la carga fiscal sobre el empleo”, que incluye la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil y hasta 5 empleados.
“Esto produce una sustancial disminución del costo laboral no salarial. Le da la posibilidad a miles de PYMEs puedan contratar formalmente teniendo en cuenta su capacidad contributiva”, explicó de Loredo.
La eliminación de multas es otra de las propuestas. Se derogarán las principales multas que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad, aunque manteniendo mantiene aquella referida al trabajo no registrado “con el objetivo de incentivar el trabajo en blanco”.
Otro de los ejes del proyecto es la libertad sindical. Pata esto, se eliminan las contribuciones obligatorias a los sindicatos “para garantizar la verdadera libertad sindical”. El trabajador tendría derecho a afiliarse, no afiliarse o desafiliarse.
El texto propuesto por la UCR postula la educación como servicio estratégico esencial, considerándola “el mayor acto de inclusión social y laboral”. El objetivo es establecer la educación “como un derecho humano fundamental, limitando los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho”.
Los mecanismos sustitutivos de indemnización juegan un rol importante en la propuesta del partido centenario, que busca “establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización”. Por último, prevén extender el período de prueba a seis meses.
“Creemos que esta reforma debe hacerse por ley, y no por un decreto que está trabado en la Justicia. El nuevo tratamiento de la Ley Bases es la oportunidad para incorporar el debate por la reforma laboral”, manifestó al respecto el presidente del bloque radical.
De Loredo expuso que “en el país tenemos más de 7 millones de trabajadores en la informalidad, a la par de sindicalistas llenos de privilegios y aferrados a sus cargos”, y agregó: “Tenemos siete millones de jubilados y 2 de cada 3 ingresaron por moratorias”.
También aseguró que en Argentina “prácticamente no crece el empleo privado desde hace 1 década y tenemos una alta dependencia del sector público”, donde sostuvo que en ese periodo “por cada puesto de trabajo privado que se generó se crearon 2,8 puestos en el sector público”.
“La dimensión del problema es enorme, los cambios deben ser urgentes”, advirtió el legislador, concluyendo: “Se trata de la reforma más necesaria para el país que no solo esperamos traiga soluciones que fomenten la creación de puestos de trabajo y la formalidad sino también que empiece a ser una solución para el problema irresuelto del sistema previsional de la Argentina”.
