Este miércoles, a pocos días de una multitudinaria marcha por el Día de la Memoria, que buscó marcarle la cancha al Gobierno nacional en materia de Derechos Humanos, el ministro de Defensa Luis Petri desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas.

Se trata de organismos encargados de la investigación de diversos crímenes perpetrados por el brazo armado de la última dictadura militar durante el terrorismo de Estado, que han realizado sustanciales aportes en el juzgamiento de represores.

La decisión llega luego del polémico video institucional publicado por la Casa Rosada el propio 24 de marzo, que puso de relieve a las víctimas de ataques de organizaciones armadas y omitió condenar enfáticamente los delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado.

En la vísperas del Día de la Memoria, Petri ya se había mostrado junto a Cecilia Pando y un grupo de esposas de ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad. La imagen se viralizó en medio de rumores de que un sector del entorno del presidente, Javier Milei, liderado por Santiago Caputo, buscaban impulsar un indulto a un grupo de represores condenados.

Algunas de las contribuciones realizadas por los Equipos de Relevamiento y Análisis en los últimos años incluyen: La pelea por el botín después de cada secuestro; los abusos sexuales a las prisioneras en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); la comisión que armó la Marina para borrar los rastros de sus crímenes y los aviones que se usaron para tirar personas vivas al mar.

Según se informó, diez de los trece trabajadores que se desempeñaban en esas labores fueron cesados, dejando virtualmente inactiva el área.

Los equipos fueron creados en el año 2010, cuatro años después de que reabrieran los juicios por crímenes de lesa humanidad, y luego de que un decreto de Cristina Fernández de Kirchner desclasificara la información sobre las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983.

Los equipos, que funcionan dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, elaboraron desde ese año más de 170 informes para que la justicia investigue y juzgue el accionar de represores durante la dictadura, y relevaron más de 17.000 legajos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunció que los despidos en el Ministerio de Defensa -enmarcados en una ola masiva que abarca diferentes áreas del Estado Nacional- estuvieron enfocados en los equipos de relevamiento y análisis.

Además de apuntar a Petri, desde el gremio responsabilizan a Claudio Pasqualini, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, por la decisión. El señalado fue jefe del ejército durante el gobierno de Mauricio Macri, y desde allí apuntaló acciones bregando por la “memoria completa”. Además, es esposo de Laura Renés, hija de Athos Renés, un condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.