En los dos primeros meses del gobierno de Javier Mlei el poder de compra del salario promedio de los trabajadores registrados estables cayó el 18% y las ventas minoristas pymes se desplomaron un 27% acumulado en forma interanual. Más allá de que algunos números de la macroeconomía demuestran cierto nivel de estabilidad, estos datos de la micro demuestran cuál es la estrategia del ajuste oficial para gran parte de la población.
Con los aumentos de productos, servicios y tarifas programados para las próximas semanas, el deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos va a mostrar una caída más pronunciada, porque la recomposición salarial va mucho más lenta que el ritmo de los incrementos generalizados de precios esperados.
La inflación de los trabajadores fue de 22,6% en enero, con una baja intermensual del 1,7% y el salario real se contrajo 20% desde noviembre hasta el primer mes de 2024, según el relevamiento anterior de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Así, el salario real se ubicó en los menores niveles de los últimos 20 años.
Desde una perspectiva de muy largo plazo, de acuerdo al informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores de la UMET, los niveles salariales actuales son comparables a los de fines de los ’40 y 28% menores a los de 1970.
Pero entre diciembre y enero, producto de la devaluación brutal aplicada por Luis Caputo para licuar ingresos y gastos estatales, la caída del salario igualó a la de toda la gestión de Mauricio Macri y triplicó a la de Alberto Fernández.
El salario y la jubilación mínimos mostraron sólo en diciembre reducciones del 32% en el primero en términos reales y del 40% en el poder de compra de la segunda respecto del año anterior. Los ingresos de los trabajadores activos y pasivos más vulnerables, que iban a ser los más protegidos por el Gobierno en el discurso de campaña, terminaron siendo los más ajustados desde el primer día de gestión efectiva.
Por otro lado, en la evolución, los haberes jubilatorios actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos compensatorios), mostraron una reducción real de 43% durante el primer bimestre de 2024 en relación a igual período del año pasado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El ajuste más brutal y despiadado.
“La severa disparada inflacionaria de los últimos meses está impactando fuertemente en el poder adquisitivo, algo que empieza a reflejarse en indicadores de alta frecuencia como el consumo minorista o en la producción industrial ligada al mercado interno”, indica el documento de la casa de estudios porteña.
Por su parte, el director ejecutivo del Centro para la Concertación y el Desarrollo Nicolás Trotta, especializado en elaborar propuestas para las políticas públicas, afirma que “dos meses le han bastado a este nuevo gobierno para sumir a la Argentina en un cuadro de fragilidad social sin precedentes desde la crisis de 2001”.
“Este gobierno pretendidamente liberal tiene en verdad el objetivo profundamente conservador de borrar la contribución peronista a la integración y la justicia social”, analiza el dirigente político y ex ministro de Educación de la Nación entre 2019 y 2021.
Si bien el índice de precios al consumidor del INDEC y la inflación de los trabajadores medida por la UMET muestran un cambio de tendencia a la baja, la desaceleración de la escala parte de niveles muy altos. El poder adquisitivo de los salarios continúa cayendo (medido en dólares está en mínimos históricos), por más que la variación de precios de febrero haya marcado el 15,8%, una baja del 6,8% con relación al mes anterior.
Y es que con este registro, la inflación anualizada trepa al 282,3%, en un contexto en donde se instaló una estanflación, con caídas de producción y ventas casi inéditas para esta época del año. Si continúa esta recesión acelerada, con desinversión y más cierre de comercios, despidos masivos y aumento del desempleo, la depresión económica será inevitable y dramática.
“Estamos frente a un ajuste de ingresos que nunca transitó la sociedad argentina moderna. Esta es una política económica que mediante un ajuste brutal y una recesión nos pone en el preámbulo de un fuerte aumento del desempleo y de la precariedad”, concluye Trotta.
De acuerdo con el último relevamiento del IET de la UMET, la inflación de febrero estuvo impulsada por alzas en servicios públicos, como suministro eléctrico y transporte, a partir de la reducción y eliminación de subsidios por parte del Gobierno nacional.
El rubro vivienda registró un alza del 38,8% mensual, por los cambios en los contratos de alquiler, seguido por transporte (20,8%), por las subas de los pasajes. Luego se ubicó la suba en comunicaciones (14%), salud (12,5%) y educación (11,3%). En el caso de los alimentos se dio una desaceleración y el alza marcó 9,9%%.
Con el dato del IPC general de febrero del INDEC, que se dará a conocer hoy (el de CABA dió 14,1% mensual, pero el nacional rondaría el 15%), la trepada de los precios en los últimos tres meses superaría el 60%, frente a subas de ingresos muy inferiores en todos los niveles (privados, públicos, registrados, informales, jubilaciones, pensiones y asignaciones).
“La tasa de inflación mensual de febrero es la segunda más alta desde comienzos de los años ´90. Solo en diciembre la caída real de ingresos fue de 15% anual para los privados registrados, 20% para los públicos y un 31% para los trabajadores no registrados. El RIPTE (ingreso de trabajadores formales) muestra en enero una caída real interanual del 22%”, señala el coordinador del IET, Fabián Amico.
En realidad, según el último índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el poder adquisitivo de los salarios cayó casi 21% en los primeros dos meses del gobierno de Milei.
Este indicador medido y elaborado por la Secretaría de Trabajo, que desde ayer está acéfala tras el despido de su titular Omar Yasim por el presidente, se calcula sobre la base de la remuneración promedio, sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, que perciben los trabajadores en relación de dependencia y que han sido declarados en los últimos 13 meses.
Las variaciones de la RIPTE intervienen en el cálculo de la movilidad jubilatoria del Régimen General del SIPA y en el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Su publicación se realiza a los 45 días de finalizado el periodo correspondiente, por lo que existe un delay en el acceso a la información mensual.
En enero, el salario real de los trabajadores registrados subió 14,7%, según el dato oficial. Sin embargo, se ubicó casi 6 puntos porcentuales por debajo de la inflación anotada en ese mismo mes que alcanzó el 20,6%. La remuneración promedio de los empleados formales alcanzó los $555.269,16 y se ubicó por debajo de la línea de pobreza, ya que según el INDEC una familia tipo necesitó de $596.823 en ese mes para no ser considerada pobre.
A este panorama se suma para empeorar las cosas la insistencia del Gobierno en restituir el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, como moneda de cambio para que los gobernadores reciban los fondos coparticipables que les corresponden y algún tipo de alivio fiscal, e impulsen a sus legisladores nacionales a la aprobación de la revivida Ley Ómnibus sin discusión.
Por eso, y como ya había anticipado el presidente en su discurso en Diputados, se convocó a los ministros de Hacienda de los 24 distritos a una reunión en Economía con el secretario Carlos Guberman, para discutir el paquete fiscal incluido en el proyecto legislativo del PEN, en el marco de la Comisión Federal de Impuestos.
Si logra la aprobación de reimponer el tributo, alrededor de 800.000 asalariados, incluso los de las provincias patagónicas que tienen mejores remuneraciones por ser de zonas frías y por el alto costo de vida en la región, volverían a ver mermados sus ingresos en forma considerable.
Con la actual configuración de Ganancias, que excluye a los asalariados con sueldos brutos de hasta $2,3 millones, la recaudación por ese impuesto patrimonial se desplomó un 40% en los primeros dos meses del año. Y como de octubre a diciembre del año pasado no lo pagaron, en la esfera oficial hay quienes se ilusionan con restablecerlo de forma retroactiva.