MYRYAN PRUNOTTO
Al enfocarse en el ajuste del gasto, como paso previo para estabilizar la economía y transitar el camino hacia una eventual dolarización, el Gobierno nacional dejó a un lado la prioridad manifestada antes de las elecciones de desactivar la “bomba” de las Leliqs.
La idea original era no renovar las que iban venciendo, como venía haciendo la anterior administración en las licitaciones semanales, lo que significaba un roll over casi automático y hasta la toma de nueva deuda para afrontar el gasto público en un contexto de escalada inflacionaria.
Lo cierto es que, desde la asunción de las nuevas autoridades nacionales, la “bomba” de las Leliqs, por la incertidumbre y la inestabilidad macro, se transformó en una “bomba” de Pases, ya no por 28 días sino por 24 horas, en una dinámica que en nada difiere de la anterior, salvo por el plazo.
El problema es que cada día el BCRA destina más de $70.000 millones para pagar los intereses de esa enorme masa de deuda acumulada (la mitad que en los últimos días de Massa como ministro), lo que no sólo implica más emisión monetaria y gasto público, sino además un combustible extra para la nueva dinámica inflacionaria.
Además, incentivados por la apreciación del dólar, muchos ahorristas no renuevan los plazos fijos, que además bajaron la tasa de interés, y dirigen sus pesos al consumo o a la moneda estadounidense, con la esperanza de una nueva devaluación en el corto plazo.
El Presidente Javier Milei habló del éxito rotundo que significó la inflación de diciembre del 25,5%, y felicitó al ministro de Economía Luis Caputo por lograr contener un índice que, según proyectaba sin datos valederos ni evidencia fáctica, iba a estar arriba del 40%.
Lo concreto es que el Gobierno festejó la improbable caída de una inflación esperada cuando en realidad la duplicó frente al registro de noviembre, último mes completo de Sergio Massa al frente de Economía y que había dado un salto al 12,8%.
Pero además utilizó como base una proyección exagerada, basada más en sus propias expectativas que en la dinámica inercial, que ni siquiera las consultoras privadas que aglutina el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA habían estimado. En promedio, el REM se ubicaba en el 17,1% para diciembre de 2023.
Entonces, como la inflación, más allá de los datos estadísticos, se mide por las expectativas, y ante los anuncios que se iban dando más la suba del tipo de cambio oficial el 118% en un día, lejos de morigerar el último índice de 2023 se logró elevarlo más de la cuenta. Además se prevé un ajuste mensual del dólar del 2% o microdevualciones diarias, conocidas como crawling-peg en la jerga financiera.
Con un discurso centrado en la estanflación, pero con la amenaza latente y próxima de entrar en una hiperinflación, se estableció una supuesta inflación mayor para que todos vean el índice real alcanzado como un logro, lo que permitiría llevar en andas al actual ministro de Economía y ganar confianza sobre un objetivo cumplido.
Pero al mismo tiempo se anunciaron ajustes de todo tipo, desregulaciones, privatizaciones, quita de subsidios, aumentos de tarifas, sobre los que se centra la estrategia de gestión, pero se realizan a través de un mega DNU y una Ley Ómnibus, que entre ambas suman más de 1.200 artículos y que se espera apruebe el Congreso tras su veloz tratamiento en las Sesiones Extraordinarias en curso y hasta el 31 de enero..
Salvo en el capítulo laboral, que fue mantenido en suspenso por un amparo judicial, ese decreto está en vigencia y ya está produciendo efectos en muchas áreas no sólo del sector público sino también en las más variadas actividades de la esfera privada. Y si bien desde el Gobierno lo mantienen a rajatabla, y no están previstas más modificaciones que los errores de redacción que ya fueron advertidos y se están subsanando, en general acumula más detractores que entusiastas.
Dejado a un lado el endeudamiento público que continúa fuerte, se busca reducir en varios puntos del PBI el nivel del gasto, pero en lugar de pagar sus consecuencias la casta política, la entelequia así denominada por el Presidente y su espacio, son los ciudadanos, trabajadores activos y pasivos, las mipymes, las economías regionales y los sectores más desprotegidos los que recibieron el recorte en sus ingresos y una dispersión de precios de la canasta básica fenomenal.
El día que el ministro Caputo anunció el alza del tipo de cambio oficial, que en realidad significó una devaluación del peso del 54,5%, todos los que reciben ingresos formales e informales vieron caer en forma automática su poder adquisitivo a la mitad. Pero lo que pierden unos lo ganan otros, no desaparece esa masa de dinero, sólo cambia de manos.
Así, ese enorme traslado de recursos dirigido desde el Estado no tiene nada de liberal, al contrario, al subir el tipo de cambio oficial y ponerle un precio en lugar de dejarlo flotar como indicaría el liberalismo, se toman decisiones por el mercado centralizadas, lo que significa beneficiar a los que tienen dólares y perjudicar a los portadores de pesos.
Es cierto que sin reservas suficientes es impracticable liberar el cepo, pero también lo es que aún con retenciones, incluso más altas que las anteriores, los exportadores lograron mejorar sus ingresos y los importadores, necesitarán más pesos por dólar para ingresar bienes del exterior. Los que tuvieron la posibilidad de ahorrar en moneda extranjera o los que la obtuvieron por alguna operación comercial también apreciaron su tenencia.
El problema lo tienen los millones de argentinos que vía salarios o ingresos se manejan con pesos y que de un día para otro perdieron la mitad de su poder de compra, que ya estaba menguado por la reiterada inflación de dos dígitos mensual y en adelante peor por la liberalización de los precios.
Pero todos, cada uno en relación a su capacidad e incidencia dentro de la economía doméstica, vieron de inmediato y esperan para los próximos meses un deterioro aún mayor, ya no sólo a consecuencia de la devaluación sino por la disparada de precios anunciada y promovida por las medidas económicas implementadas desde el Gobierno.
En octubre y noviembre los alimentos y los productos de higiene personal y doméstica subieron por las dudas, pero en diciembre y ahora suben esos y todos los demás porque ya no hay el más mínimo control del Estado ni piedad de las empresas de consumo masivo por los trabajadores, los jubilados y pensionados, los que viven al dia. Si el mercado decide en tantos sectores oligopólicos como hay en el país, ya se sabe quién gana y quién pierde.
Hablan de precios reprimidos, pero los reprimidos son los bolsillos de los que a costa de su esfuerzo y paciencia intentan ganarse la vida en forma personal o colectiva. Ya no se trata sólo de la herencia o de la inercia, la actual escalada de la inflación sin control ni regulación de ningún tipo desde las autoridades implica una planificación del reajuste de supuestos precios planchados y tarifas congeladas, que ya arrancó con fuerza y cuyos efectos se irán profundizando con el correr de los meses.
Tras la reunión con el FMI se aseguraron los desembolsos para los pagos de vencimientos de la deuda hasta abril, y el Presidente viajó ayer al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza para mantener entrevistas con mandatarios, continuar las negociaciones con Kristalina Georgieva y tratar de conseguir nuevas inversiones extranjeras para el país de firmas multinacionales y los multimillonarios que asisten.
A nivel interno, se continúa con la aspiradora de pesos en el mercado para secar la plaza, se busca la aprobación de medidas que, lejos de buscar crecimiento o expansión de la economía y cuidar el mercado interno y el empleo, apuntan a una fuerte retracción, profundiza la caída del consumo, suba de impuestos y tarifas y, aunque se habla de bajar el gasto, aumento de la deuda pública.
La emisión de billetes de $10.000 y $20.000 autorizada por el BCRA para entrar en circulación desde junio da una pista de hacia donde se apunta. Para empezar, el Gobierno amplió su capacidad de endeudamiento en pesos en 111 billones hasta el final del mandato, mediante el Anexo de un DNU que ya entró en vigencia, algo de lo que casi nadie habla pero que se puede chequear en el Boletín Oficial.
Por otro lado, y aunque bajó la tasa de interés, continúa con los pases de los bancos, que son parte de los pasivos remunerados del BCRA, lo que implica incrementar el déficit cuasi fiscal por el pago de intereses. Era el objetivo primordial antes de ganar las elecciones, pero luego de la imposibilidad de abordar la dolarización de entrada y al atacar el gasto antes que la deuda, se encaró el déficit público y se dejó a un lado el cuasi fiscal.
Luego del acuerdo entre Caputo y el FMI, en una conferencia de prensa el ministro dijo que estudia un posible canje de la deuda en pesos con los bancos. “Hubo un rumor de la reunión con bancos que es cierta, la tuvimos y es un diálogo explorando posibilidades de administración de pasivos que creemos que pueden ser beneficiosas para el país y para los bancos mismos, son conversaciones regulares que es lógico tenerlas”, admitió el ministro.
Además, en lugar de seguir con la licitación de Leliqs, esta semana Economía colocó tres nuevos bonos ajustables por CER (inflación), que vencen en febrero y mayo de este año y en noviembre de 2025, que ayer consiguieron interesados por $3,9 billones. Qué implica esto, más toma de deuda pública, ya no del BCRA sino del Tesoro nacional, que absorbería la política monetaria en caso de cerrarlo en un futuro.
Por otro lado, mientras se continúan las presentaciones en la Comisión Plenaria de funcionarios e interesados en opinar sobre los DNU y la Ley Bases, el Gobierno no envía un proyecto de Ley de Presupuesto para la Administración Pública Nacional 2024 y se maneja con la prorrogación del sancionado el año pasado con modificaciones.
En este contexto, con la brecha del dólar otra vez arriba del 40% y expectativas fundadas de una nueva devaluación en el corto plazo, el Gobierno insiste en que habrá que aguantar varios meses de estar mucho peor para lograr un porvenir próspero para la gente de bien, o sea quienes lo votaron o comparten sus ideas sin discusión.
El paro nacional y movilización anunciado por la CGT, las dos CTA y un gran abanico de organizaciones sociales, políticas y culturales para el próximo miércoles podría ser un termómetro de cuánto acuerdo social hay sobre esa visión oficial. Por lo pronto, en el Congreso y en la calle, son más las expresiones de rechazo por la forma y el fondo que las adhesiones. E incluso van apareciendo arrepentidos, pero el que calla otorga.
