MYRYAN PRUNOTTO
Está claro que el Gobierno nacional tiene un objetivo, o varios, para los que necesita más poder del que le dieron las urnas, pero que en mucho depende de las grandes corporaciones, los sectores económicos concentrados, el acuerdo con el FMI, y poco y nada de los otros dos poderes del Estado.
Darle la espalda al Congreso en el discurso de asunción del Presidente fue un adelanto del mega DNU que vendría a los pocos días y, luego de la voluminosa y autocrática batería de medidas incluidas, de la ley ómnibus enviada al Parlamento, aún antes de que estuvieran armadas las comisiones de estudio, y con un primer artículo que pedía una virtual suma del poder.
Entre las necesidades, urgencias e improvisaciones propias de un candidato ganador casi sin estructura partidaria propia, y con actores fundamentales durante la campaña que fueron eyectados del espacio apenas se supo el resultado del balotaje, la incorporación de dos actores claves del gobierno de Mauricio Macri impusieron el plan que este no pudo continuar.
Mientras mucha gente que votó para que avance la libertad insiste en que hay que aguantar, que vamos peor pero en unos años, 2, 15 o 45 estaremos mejor, otros, decepcionados, sienten el peso inevitable de la nueva realidad y se ponen en el lugar de esa casta que pagaría los costos del ajuste prometido.
La democracia, que en los 80 era joven, ahora entró en la madurez y los adultos al sufragar tienen que responsabilizarse del efecto de su voto. El soberano que ya vivió muchas elecciones, y atravesó diversos gobiernos, no puede pecar de ingenuo como si fuera un inexperto. A los arrepentidos les cabe el latiguillo de Patricia Bullrich, “el que las hace, las paga”.
Y así parece, gran parte de las medidas instrumentadas desde la asunción de Javier Milei, que ocurrió hace apenas un mes, no sólo no mejoraron la situación económica y social de los sectores más vulnerables, que en una importante proporción votaron por el cambio, sino que día tras día se están llevando puesta a una franja cada vez mayor de la clase media que ya oscilaba entre su percepción y la pobreza.
Mientras tanto, la incertidumbre continúa, ya no como inercia del gobierno anterior, sino a consecuencia de un giro de 180 grados en casi todos los ámbitos públicos y privados, a raíz de las ideas puestas en marcha en poco más de 30 días por el PEN. Y aunque el mega DNU ya entró en vigencia, hay alguna expectativa puesta en el tratamiento de la Ley Ómnibus que comenzará a tratarse en las Sesiones Extraordinarias convocadas.
Sin embargo, como el propio Javier Milei le había pedido a Sergio Massa que no se tratara la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024 hasta no saber el resultado del comicio, al asumir la Presidencia decidió prorrogar el anterior y, precisamente por efecto de la megadevaluación dispuesta en los primeros días y otras medidas, ya tiene que hacer modificaciones sin el control de ambas cámaras.
Aunque no tuvo mucha cobertura mediática, y aún si la hubiera tenido no todo el mundo está para preocuparse por el presupuesto nacional, cuando su propia economía doméstica se complicó más de la cuenta, el viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial el DNU 23/2024, que modificó el presupuesto prorrogado del año pasado para el pago de deuda con letras del Banco Central.
Esta decisión deriva de la compra aprobada por las Secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía de los “Bonos de la República Argentina con descuento en pesos 5,83% 2033” (DICP), por un valor nominal original de $6.228.790.577 y del “Bono de la Nación Argentina en moneda dual vencimiento 28 de febrero de 2024” (TDF24), por un VNO de US$2.449.510.978, en cartera del BCRA.
Así, el Gobierno autorizó la emisión de una letra intransferible del BCRA al Tesoro nacional por US$3.200 millones a diez años de plazo, ante la proximidad de los vencimientos de los compromisos del Estado en moneda extranjera, que no permiten cumplir con los trámites ordinarios previstos en la Constitución nacional para la sanción de las leyes.
En los considerandos se justifica la medida “con el fin de garantizar la continuidad del normal funcionamiento del Estado nacional” y porque “a partir de la implementación de las medidas económicas anunciadas el último mes se produjo un aumento en el nivel de reservas”
Y si bien reconoce que la Comisión Bicameral Permanente del Congreso tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los DNU, este incluido, así como para elevar el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento en el plazo de 10 días hábiles, todavía no hay noticias sobre que algo de esto haya ocurrido o vaya a ocurrir.
Quienes cuestionan esta medida indican que el aumento del tipo de cambio oficial del 118% el mes pasado permitió a la autoridad monetaria intervenir en el mercado con la compra diaria de una importante cantidad, pero que en lugar de atesorarla la está destinando a este fin.
Sin embargo, en el DNU se explicita que las letras tendrán una amortización íntegra al vencimiento en 2033, por lo que el problema no es usar los dólares hoy sino posponer su pago y pagar la tasa de interés fijada durante todo ese período. Es cierto que de este modo, el Tesoro cambia su balance y puede recibir dólares del BCRA para los vencimientos en moneda extranjera de corto plazo que suman varios miles de millones.
En cualquier caso, no es eso lo más llamativo del DNU sino lo que coló en su Anexo-1, que incorpora una ampliación de las autorizaciones de operaciones de crédito público para la Administración Central por la astronómica cifra de $ 111.127.500 millones, repartidos en 7 tramos a 90, 180 y 360 días, 18 meses y dos, tres y cuatro años por $15.875.360 millones cada uno.
Dos cosas resultan extrañas en este punto. En primer lugar, y tomando en cuenta que este año se trabajará con el presupuesto prorrogado, que en lugar de ampliar la capacidad de endeudarse por 12 meses se haga extensiva la norma por todo el mandato del Gobierno, es decir hasta 2027, cuando es de esperar que a fin de este ejercicio el PEN envíe al Congreso del Presupuesto 2025 para su tratamiento y eventual aprobación.
En segundo lugar, la proyección del crédito público necesario de más de $111 billones estimado el día de hoy, cuando recién ha pasado un mes de gestión y ni siquiera se tiene una cabal dimensión del estado de las cuentas públicas del ejercicio económico y fiscal recién terminado.
Por otro lado, las operaciones de crédito público tienen asignaciones bien definidas, que derivan de la Ley de Administración Financiera, y se modifican o evolucionan año tras año. Dentro de esta capacidad de endeudamiento está comprendida la contratación de empréstitos; la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de entidades estatales.
