MYRYAN PRUNOTTO
Si el mes de diciembre casi nunca se distinguió por la serenidad en nuestro país, el cierre del 2022 no es la excepción, con ánimos al borde del estallido tanto en lo político como en lo social.
La condena judicial de este martes a la vicepresidenta se llevó todos los flashes opacando ciertos escándalos que involucran a funcionarios judiciales, políticos y empresarios mediáticos, así como la tensa calma otorgada por el fallo que habilitó al Ministerio de Desarrollo Social a liquidar el Programa Potenciar Trabajo, con una demora de dos días en el calendario habitual.
La posible baja masiva de beneficiarios del salario social complementario por incompatibilidades venía caldeando el asunto entre las diferentes organizaciones sociales -incluyendo las que forman parte del Frente de Todos- y el Gobierno Nacional, a lo cual se le sumó la incertidumbre de que ningún empadronado vio reflejado su pago este lunes 5, como lo hace cada mes.
En este marco, PolíticaYMedios dialogó con Adrián “Turu” Sánchez, titular del Frente de Organizaciones Populares (FOP) de José C. Paz, para consultar sobre el estado de situación del conflicto.
“La semana pasada en Puente Pueyrredón hicimos una asamblea con la UTEP donde se pidieron 7 puntos, entre los cuales estaba la suspensión de las bajas masivas, que no se toque a ningún compañero ni compañera. El Gobierno retrocedió en eso hasta febrero, donde se va a evaluar”, precisó el dirigente del Movimiento Unidad Popular (MUP).
No obstante, aclaró que este miércoles “hay una jornada nacional de lucha en todo el país, con epicentro en el obelisco, y cortes y asambleas en todas las provincias”, en reivindicación de los pedidos elevados al Ejecutivo.
En este sentido, Sánchez también contó que se había previsto marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en caso de que este miércoles no hubiera efectuado el pago.
El FOP ya había destacado en un comunicado que “Los cuidados comunitarios son trabajo y no vamos a permitir que los recortes sean siempre con los, las y les que menos tienen”, advirtiendo que la falta de pago era “un golpe certero” a los actores de la economía popular y de los estratos más vulnerables.
Según apunta el comunicado, la decisión de suspender la liquidación afecta “a las compañeras que están en los barrios desde los comedores cuidando a las familias como las de ellas, que no pueden garantizar los platos de comida en sus casas”, así como “los compañeros que se armaron un taller de carpintería, de construcción o de reciclaje para desarrollar la contraprestación que indica el pago del salario social”.
En esa línea, continuaron: “Un golpe directo para los liberados y liberadas, para las panaderías, almacenes, centros de formación y capacitación y todos los lugares comunitarios desarrollados a lo largo y ancho del país. Nos atraviesa muy directo porque somos ellos, ellas y elles”.
Además, el documento pone de relieve la “disconformidad con el accionar de la ministra Victoria Tolosa Paz y el Gobierno por su incumplimiento y ajuste con los que estamos en la base bancando injusticias hacia nuestro sector desde hace mucho tiempo”.
Sobre el final, concluyeron: “Por eso mañana (por este miércoles) junte a la UTEP nos autoconvocaremos en el obelisco, en los distritos y barrios, en las turas y donde se pueda protestar y mostrar acciones de reclamos porque ya no nos callamos más. No al ajuste con los que menos tenemos”.
Este martes, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, hizo público un comunicado de la cartera que trajo algo de precisión en medio de la incertidumbre, titulado: “La Justicia autorizó el pago del Programa Potenciar Trabajo y mañana comienza a depositarse”.
Según precisa el documento, el Ministerio había hecho un pedido al juez Ariel Lijo para que la investigación por presuntas incompatibilidades en algunos de los planes no detuviera la liquidación del resto del padrón.
Según indicaron, la cartera que conduce Tolosa Paz había puesto en marcha el jueves de la semana pasada la liquidación del Salario Social Complementario correspondiente a noviembre, pero “el proceso no es automático”.
No obstante, aclararon: “Se trabajó intensamente para acelerar los tiempos administrativos, teniendo en cuenta que diversos agentes de la administración gubernamental intervienen”.
En las últimas semanas, Desarrollo Social fue centro de la polémica entre las organizaciones sociales y la dirigencia política surgida de ese riñón por el pedido del levantamiento del secreto fiscal de beneficiarios del programa para analizar posibles incompatibilidades en las prestación, analizando la base de datos proporcionada por AFIP.
La Justicia autorizó el pago del Programa Potenciar Trabajo y mañana comienza a depositarse. Comparto aquí el Comunicado Oficial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. pic.twitter.com/tVdsgWM7HW
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) December 6, 2022
En el comunicado, la cartera precisó que, luego de que el juez Julián Ercolini ordenara la liberación de los datos, y que el organismo tributario los aportara, se contrastaron los mismos procediendo a efectuar las bajas de 20.410 beneficiarios.
En esa misma línea, advirtieron que, si bien se continúa trabajando en el "análisis detallado del padrón de titulares activos a fin de seguir detectando potenciales incompatibilidades", la Justicia determinó -a pedido de la ministra- la liquidación del programa para todos los casos que aún requieren entrecruzar la información.
Desde el campo popular evalúan que corren riesgo de perder el ingreso unos 300.000 beneficiarios, lo cual encendió las alarmas en los barrios y asambleas.
“Solicité al juez la autorización para depositar, porque no voy a cometer ningún acto de injusticia, como tampoco ningún delito”, declaró Tolosa Paz, respecto a la demora en los pagos del padrón entero.
Actualmente se encuentra en desarrollo un nuevo proceso de validación de identidad de los destinatarios de esta política socioeconómica, como se realiza cada fin de año desde su implementación.
