RETIRO-PALMIRA
Como hace 20 años, las leyes para restringir a cero el alcohol en sangre para los conductores empezaron a tratarse, pero no tienen fecha para llegar al recinto.
“Nadie dice nada, pero esta ley nunca sale”, se lamentó Luis Di Giácomo, diputado por el partido provincial Río Negro, ex ministro de Salud y experto en adicciones.
La razón no es otra que el efectivo lobby de la industria vitivinícola y gastronómica, que se imaginan afectadas si la gente no puede beber alcohol cuando sale. Por ahora, consiguen lo que quieren.
Daniel Scioli expuso en la comisión de acuerdos del Senado para volver a ser elegido embajador en Brasil, de donde había renunciado el 4 de junio para ser ministro de Desarrollo Productivo.
La sesión se apuró porque necesita que el placet sea avalado este mes para poder retornar antes de las elecciones presidenciales, que son el 2 de octubre.
La oposición no fue y la mayoría oficialista lo trató mejor que a nadie: elogió su gestión, confía en una segunda etapa mejor y lo felicitó por su carrera política.
“No vinieron porque no tienen la dignidad de votar en contra”, llegó a decir la santacruceña Ana María Ianni. La mayoría de los senadores le agradeció que respondiera a todos los llamados, cuando estaba en Brasilia.
El secretario de Agricultura Juan José Bahillo fue a exponer a la Cámara de Diputados y no la pudo pasar mejor: ningún opositor lo cuestionó ni le pidió bajar las retenciones a las exportaciones.
Fue así porque ganó la posición dialoguista en Juntos, que consiste en avalar la ley de agroindustria, enviada por el Gobierno con beneficios por producir más y capitalizarse.
Lo aprobarán con modificaciones, que se definirán en una reunión de asesores del martes. Si hay acuerdo, el jueves se firmará dictamen y se dejará el proyecto listo para el recinto.
Recién después, los halcones definirán si abren un debate por retenciones. O si lo dejan para 2024.
El jefe oficialista Germán Martínez prepara una sesión en Diputados para el 31 de agosto, con temas que se aprobarán con respaldo de al menos una parte de Juntos por el Cambio, como el consenso fiscal y la ley de enfermería.
Hay expectativa de sumar la promoción a la agroindustria y proyectos consensuados, en un clima de acuerdo que empezó a quedar lejos de la grieta.
Es que la interna de Juntos impide amalgamar posiciones rupturistas y en tal caso sólo coincide en boicotear algunas leyes, pero no todas. Si es necesario, se dividen. Y ayudan al Gobierno.
Marisa Graham fue elegida en 2020 defensora de niños, niñas y adolescentes, un cargo que estaba vacante hacía 15 años y al que llegó con un concurso público en el recinto, el último que se recuerde.
Tuvo el apoyo de oficialismo y oposición de ese entonces, con una resistencia menor de sectores que le achacaban haber apoyado el aborto.
Pero a dos años de asumir, en Juntos le reprochan su ausencia durante la pandemia y su poca confrontación con el gobierno.
Tantos son los pases de factura, que si bien rendirá cuentas ante la bicameral que la controla, también la citó la diputada radical Roxana Reyes a la comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Tendrá que ir.
