La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, informó este lunes que solicitará ampliar su indagatoria en el marco de la causa Vialidad, al observar irregularidades en las acusaciones que realizaron los fiscales.
"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", explicó a través de sus redes sociales esta mañana.
Al respecto, anunció: "He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto".
El interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos rechazó este domingo "cualquier intento de persecución política" contra la vicepresidenta.
Lo hizo a través de un comunicado donde sostuvieron que "una parte de la justicia, en complicidad con los grandes grupos mediáticos" encabezan dicha persecución "con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares".
El comunicado se dio en la víspera del fin de los alegatos de la causa Vialidad, en la cual se le imputa a la ex mandataría la coautoría de delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada.
Al respecto, la propia Fernández de Kirchner, sectores de la militancia de base y numerosos referentes políticos vienen denunciando que tanto el fiscal de la causa, Diego Luciani y uno de los jueces, Rodrigo Giménez Uriburu, tienen un vínculo no sólo entre ellos sino también con el ex presidente Mauricio Macri.
Según apuntó el bloque oficialista en el Senado, la titular de la Cámara "desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes".
Además, cuestionaron que tampoco se le permite "ejercer connplenitud su derecho a defensa, con jueves y fiscales que lejos parecen estar de la imparcialidad que demanda el ejercicio del derecho".
Es en esta línea, hablaron de una "guerra no declarada" de sectores judiciales y mediáticos "que responden de forma cada vez más clara a intereses políticos partidarios y de los grandes centros de poder", advirtiendo: "Esa estrategia se aplicó en distintos casis ocurridos en el país y también se replicó a nivel regional".
El comunicado denuncia al respecto que a través de estos mecanismos "buscan eliminar todo tipo de adversario político y, a su vez, ejercer un control social", imponiendo "el miedo y el castigo" a quienes busquen representar intereses diferentes de los del poder concentrado.
Sobre el final, señalaron que estas maniobras "vulneran la vigencia de los derechos humanos, el republicanismo y el buen ejercicio de la justicia", y llamaron a los argentinos a "reflexionar y prestar especial atención" a lo que ocurre con la justicia.
"El país necesita de una Justicia que respete los derechos humanos y garantice un servicio de justicia imparcial", concluyeron.