ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Que el árbol no impida ver el bosque, dice el refrán popular. Entonces, ahora que está un poco más despejado el panorama por el acuerdo alcanzado con el FMI, es importante retomar debates de fondo postergados y dejar de mirar para otro lado.
Aunque para algunos pueda no ser la prioridad número uno, el cuidado del ambiente y la protección de los ecosistemas, más allá de sus implicancias económicas si se abordan como recursos, tiene una importancia vital para el país y el bienestar de los habitantes.
El poco visitado texto de la Constitución Nacional consagra en su artículo 41 el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo, lo que implica una responsabilidad del Estado en que éste pueda ser ejercido y en controlar que se cumplan las normas que lo garantizan.
Que la pandemia haya surgido por un virus respiratorio no hace más que poner de relieve la importancia del oxígeno en el planeta y, en función del aire libre (no de paredes, sino de contaminantes), obliga a reflexionar más en profundidad sobre la emisión de gases nocivos a la atmósfera.
Incluso a nivel puramente monetario, las pérdidas por $3.850.000 millones derivadas de los incendios forestales de 2020 demuestran que los perjuicios económicos son enormes y, además, que los recursos volcados a su combate son escasos: insuficientes para prevenirlos y para controlarlos.
La multiplicidad de los incidentes, reiterados a lo largo de 2021, y la gravedad de su impacto hasta el presente obligaron al Poder Ejecutivo a declarar la emergencia ígnea en todo el territorio nacional por el plazo de un año. Además, se creó un grupo de trabajo interministerial y se instruyó al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias.
Ante la ola de calor, el Gobierno nacional declaró la emergencia ígnea en todo el país por el plazo de un año.
— Juan Cabandié (@juancabandie) January 12, 2022
El Decreto permite agilizar el trabajo conjunto que realizamos con las provincias y municipios para combatir los incendios. pic.twitter.com/ol9Njj4IqD
Según un estudio realizado por la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), las pérdidas por los incendios forestales que afectaron a buena parte del país ascienden a $3.500 millones por cada 1.000 hectáreas de bosques implantados, a valor de madera aserrada en el mercado.
“De esta manera, y debido a que sólo en el año 2020 se quemaron en la Argentina 1.100.000 hectáreas de bosques, el monto de las pérdidas por incendios forestales asciende a $3,85 billones”, detallan desde la industria. Si se trata de bosques nativos, aquel valor por 1.000 hectáreas equivale a pérdidas por $1.200 millones.
Aquel monto billonario en pesos equivale al triple de la recaudación de diciembre de la AFIP o al total de la coparticipación a las provincias del año pasado. Y no incluye otras pérdidas, como viviendas, instalaciones, cultivos, ganados, materiales y productos varios.
Además, esa federación que agrupa a 28 cámaras empresarias en todo el país, difundió que, de acuerdo al Global Forest Watch, sólo en el último mes (24/12/2021 al 24/01/2022) se registraron 7.849 alertas de incendios en la Argentina; y que el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Sobre el 2021, desde el Ministerio de Ambiente nacional informan que se registró la menor cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales de los últimos cinco años, en base a los reportes facilitados por las provincias.
La reducción en superficie del 70% en el último año frente a lo ocurrido en 2020 se traduce en números: pasó de 1.136.534 a 331.000 hectáreas afectadas por el fuego.
Se hace mención al presupuesto ejecutado en el manejo del fuego ese año ($433 millones) y 2021 ($3.058 millones), pero no a las pérdidas económicas derivadas de los múltiples focos ígneos.
Claro que no es un fenómeno local, y que el cambio climático provocado por la acción humana tiene sus efectos añadidos, pero no puede dejarse librado al azar, sean intencionales o fortuitos demandan respuestas ágiles y esfuerzos colectivos.
Un monte natural o un bosque nativo no son recursos forestales, hasta que se toman como un patrimonio susceptible de una explotación comercial. Antes son parte del ambiente primigenio, refugios de biodiversidad y reguladores climáticos.
El uso controlado y sustentable de los ambientes en función de las necesidades económicas de la sociedad, también implica la prevención de sucesos evitables y la mitigación de sus daños una vez ocurridos.
En estos dos puntos, el país lleva décadas de saldo negativo y, a la luz de los hechos, la reversión no está cerca.
También desde el lado de la explotación forestal y el uso agropecuario de ambientes vírgenes, que vieron reducir su tamaño original en forma dramática en el último siglo, con consecuencias irremediables y acumulativas.
La tasa de reforestación, aún con especies adaptadas o exóticas en bosques implantados, no llegó a recomponer el volumen y diversidad perdidos. En el camino quedaron especies de flora y fauna endémicas y se destruyeron hábitats.
Según el relevamiento de Greenpeace, la Argentina perdió en 2020 un total de 114.716 hectáreas de bosques nativos, sobre todo por la deforestación que se realizó en el norte del país. Y en apenas dos décadas, entre 1998 y 2018, la reducción abarcó a 6,5 millones de hectáreas con especies autóctonas, según datos oficiales.
Viene a cuento también el proyecto de Ley de Humedales (que regula el uso y protección de los grandes ecosistemas de agua dulce), que el Congreso todavía no ha tratado y perdió estado parlamentario por tercera vez (antes en 2013 y 2016).
Así como con los bosques amparados por ley hay incumplimientos desde hace años, en este tema ni siquiera existe una norma que establezca criterios uniformes ni autoridades de aplicación y control.
Pese al activismo ambientalista desde hace años y a su relevancia, por los intereses que se verían afectados, quedó fuera de la Sesiones Extraordinarias convocadas para febrero próximo.
En cuanto a los incendios, la caída de un rayo o la erupción de un volcán son imprevistos que requieren una acción ex post facto, pero la costumbre de quemar campos para iniciar un cultivo o los incendios provocados por una fogata en lugares de alto riesgo (así como dejar vidrios en pastizales secos o arrojar colillas encendidas desde un auto), denotan negligencias individuales y laxos controles.
La educación ambiental y las campañas de toma de conciencia brillan por su ausencia, mientras que su falta se visibiliza cuando arden descontroladas miles de hectáreas. Las prácticas agrícolas irresponsables y las conductas desaprensivas se suceden con enormes daños al ambiente y bajas penalidades para sus autores.
Que exista un Ministerio de Ambiente, y por otro lado una Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, da una idea de cuál es la escala de prioridades dentro de un esquema de Gobierno: la opción inversa ha existido en el pasado y sus consecuencias están a la vista.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, que lidera Juan Cabandie, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, realiza un reporte diario de incendios en todo el país.
En el último consultado, del 28 de enero, se detallan las provincias afectadas; los focos activos, controlados, contenidos y extinguidos, el despliegue de medios solicitados en cada caso y los ATN enviados como refuerzos.
Los que trabajan con datos y estadísticas saben que son fundamentales para abordar cualquier tema, pero también tienen utilidad para anticiparse a los hechos. Son necesarios pero no suficientes para prever soluciones y activarlas de manera eficaz: recursos humanos, materiales y decisión política también juegan un rol fundamental.
Cada vez más, sobre todo en las jóvenes generaciones y en los amantes de la naturaleza, el problema de la deforestación aparece como prioritario, y así lo confirman varias encuestas y las manifestaciones en ámbitos públicos.
Sin embargo, la ley vigente asigna un nivel de recursos presupuestarios que no se viene cumpliendo (Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos), y esto tiene implicancias en los reiterados incendios.
La Fundación Vida Silvestre Argentina advierte con preocupación que, en el Presupuesto 2022 enviado al Parlamento el año pasado, sólo se le asignan a este rubro apenas el 3% de los fondos públicos establecidos en la norma.
Es decir, el monto nominal sería el mismo que en 2021 aunque en porcentaje disminuye, en comparación con el anterior presupuesto, y sería el más bajo desde que en 2009 se implementó la citada ley, sancionada en 2007.
Según la ONG, en su artículo 18 se asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos $1.212.415.000 y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos $120.000.000.
“Sin embargo, el presupuesto estipulado corresponde apenas al 3% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente”, advierten.
En su artículo 31 se aclara que ese fondo estará integrado por partidas que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2022 debiera ser $40.009 millones, una cifra que difiere bastante de los $1.212 millones apuntados en el proyecto.
“Estamos pensando que 25 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de bosque un año completo, un aproximado de 2 pesos por mes por hectárea”, ejemplifica Manuel Jaramillo, director general de FVSA.
Además, se puntualiza que el fondo también debería recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
[Actividad foresto industrial en el país]
Más allá de las explotaciones ilegales de bosques autóctonos y las deforestaciones no autorizadas con fines agroganaderos o inmobiliarios, hay un gran espacio para la actividad sustentable y un potencial no desarrollado.
La Argentina posee amplias ventajas para la producción forestal a partir de un patrimonio de 1,3 millón de hectáreas de plantaciones forestales y 55 millones de hectáreas de bosques nativos.
El Estado Nacional apoya la actividad foresto industrial, a través de la Ley 25080 de inversiones para bosques cultivados, y destina múltiples recursos y beneficios fiscales para su aprovechamiento sostenible.
En diciembre pasado, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional, Julián Domínguez, anunció un ambicioso plan de forestación impulsado por su cartera. “En 2022 vamos a iniciar un programa para plantar 100 millones de árboles en todo el país”, aseguró, pensando en el presente y en las futuras generaciones.
Por otro lado, desde hace poco más de un año existe el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR), formado por instituciones sectoriales que apoyan la meta de incrementar la superficie forestada a 2 millones de hectáreas en 2030, como parte del Plan Estratégico Sectorial.
Además, sus integrantes consideran fundamental incluir a los árboles, las plantaciones forestales y al uso de la madera sostenible en la estrategia nacional para avanzar en la descarbonización de la economía y el objetivo de neutralidad hacia el 2050.
En esta materia hay mucho camino por recorrer, los sectores público y privado tienen grandes desafíos para encarar aprovechamientos responsables, generar una expansión forestal sostenible y generar más divisas por vía de las exportaciones con valor agregado.
Hay 13.000 productores forestales y más de 6.000 empresas en la cadena de valor, que generan 100.000 puestos de trabajo directos registrados y US$700 millones de ventas externas por año.
