Si bien a través de la Resolución 80/21 publicada en marzo de este año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación creó el Programa de Humedales, una vez más los proyectos de Ley de Humedales pierden estado parlamentario en el Congreso a fin de diciembre, lo que significa que toda nueva iniciativa deberá comenzar de cero su recorrido por las cámaras y comisiones legislativas.

Esto se da por tercera vez en ocho años, al igual que en 2013 y 2016, cuando se trataron proyectos similares que lograron media sanción del Senado, pero que luego caen en los cajones y pasillos de la Cámara de Diputados. De este modo, las organizaciones ambientalistas denuncian que volvió a triunfar el triple lobby minero, inmobiliario y agroindustrial.

A pesar de que técnicamente el proyecto no perdió estado parlamentario, ya que se podrían constituir las comisiones, realizar un plenario y tratarlo en ordinarias antes del 31 de diciembre, esto no va a ocurrir conforme informaron fuentes legislativas del Congreso de la Nación. 

De hecho, el Poder Ejecutivo oficializó el 17 de noviembre la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, hasta el 31 de diciembre. Esto es que, si el presidente Alberto Fernández decide convocar a sesiones extraordinarias para enero o febrero y no incluye el proyecto en el temario, la Ley de Humedales se cae y deberá comenzar por cuarta vez su camino parlamentario.

Esto sucede luego de que gran parte de los 14 proyectos presentados por estos años fueran unificados a fines de 2020 en un dictamen favorable de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación; entre ellos el del Frente de Izquierda. 

Ello, tras masivas movilizaciones en todo el país, con epicentro en Santa Fe donde la población expresó el hartazgo por las quemas en las islas del Delta del Paraná. El proyecto que aunaba presentaciones de oficialistas y opositores tenía asignado pasar por otras cuatro comisiones en la misma cámara baja, pero fue cajoneado por los bloques mayoritarios.

Ante esto, cabe recmarcar la crisis de representación política ya que el reclamo por la sanción una Ley de Humedales tuvo una gran repercusión popular. Movilizaciones, caravanas náuticas, acciones en defensa de reservas naturales a lo largo y ancho del país, más de 650 mil firmas ciudadanas y el acompañamiento de decenas de organizaciones socioambientales. 

Por un lado, los legisladores del Frente de Todos hacían demagogia con spots electorales pidiendo por la ley, los de Juntos por el Cambio reclamaron su tratamiento para la tribuna, pero unos y otros se encargaron de plancharla.

La regulación que busca la Ley de Humedales es terminar con el avance de los empresarios sobre los humedales sin planificación ni control. "La protección de esos ecosistemas, que ocupan 600.000 km2 (el 21,5% del país), es clave para diversas formas de vida, incluyendo la humana. Cumplen roles importantes tales como la provisión de agua dulce, la mitigación del cambio climático, la prevención de inundaciones, entre otros", explican desde las organizaciones.