ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Durante la semana pasada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó una gira por diferentes países de Europa con el objetivo de recabar apoyo internacional. Junto a su comitiva, integrada -entre otros- por el ministro de Economía, Martín Guzmán, se aprestó a consolidar los pedidos para reestructurar las condiciones de pago a dos grandes acreedores: El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.
Para ello, se reunió con el presidente y el primer ministro de Portugal, el ejemplo más reciente de un país hundido en una crisis de deuda que logró recomponer su economía.
También lo hizo con las autoridades españolas, con el presidente francés Emmanuel Macron (de estrecho vínculo con los mercados financieros y jefe de Estado del país que encabeza el Club de París), y con el primer ministro Italiano, Mario Draghi, entre otros.
Como informó PolíticaYMedios, este último jugó un rol fundamental en la recuperación de Portugal siendo titular del Banco Central Europeo, brindando el apoyo financiero para que el país ibérico llevara adelante su plan de crecimiento. Por cierto, plan poco ortodoxo para las habituales exigencias de los organismos financieros internacionales: más bien vinculado a la expansión de la base monetaria y el incentivo estatal a la rueda económica.
Sin dudas, el apremio por cumplir con compromisos de pago externos es una de las ocupaciones más urgentes del Gobierno del Frente de Todos, junto a la reactivación económica y el control de la eterna problemática inflacionaria de la Argentina. Todo en el marco de una crisis sanitaria, social y productiva sin precedentes ocasionada por la pandemia de Covid-19.
Más allá de que los problemas económicos no transcurren por vías paralelas, vale la pena enfocarse en uno en particular y su vasta trayectoria en nuestro país: las crisis de deuda.
Volvemos de esta gira con firmes apoyos de los mandatarios de Portugal, España, Francia e Italia y avances en los entendimientos de que el mundo necesita transitar cambios. Cambios que no pueden esperar porque muchos no pueden seguir esperando. pic.twitter.com/YILogZxicY
— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) May 17, 2021
Desde la creación del FMI en la conferencia de Breton Woods, en 1944, nuestro país firmó 22 acuerdos con el organismo. El primero fue adquirido en 1959 durante la presidencia de Arturo Frondizi, con Álvaro Alsogaray como ministro de Economía.
De estos, 19 fueron de los denominados ‘Stand By’ y 3 con ‘facilidades extendidas’.
Un acuerdo Stand by, según destaca el FMI, tiene “menos condiciones y focalización en los objetivos”, mientras que en los acuerdos de “facilidades extendidas” se espera que se realicen “reformas estructurales para corregir deficiencias institucionales o económicas, además de las políticas que mantienen la estabilidad macroeconómica”.
Dicho de otro modo, el primero tiene plazos de devolución más cortos, pero menos condicionalidades.
Según refleja la página web del fondo, “a diferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cada país tiene un voto, el proceso de toma de decisiones en el FMI se creó expresamente para reflejar la posición relativa de los países miembros en la economía mundial”.
De esa relación de incidencia, se desprende que Argentina tiene una cuota del 0,67% y luego del último crédito, la relación cuota/deuda es de 1001,28%, lo cual resulta sumamente problemático no sólo por el monto desmedido que se debe pagar en concepto de capital, sino también por aquello que se agrega en concepto de supertasas de interés.
De hecho, uno de los pedidos puntuales que realizó el presidente argentino a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, es el de la eliminación de las sobretasas que paga nuestro Argentina.
Por supuesto, esto implicaría modificar el estatuto del organismo, sobre la base de la comprensión de la situación extraordinaria de pandemia. Pandemia que encontró a un país ya sumido en una crisis económica desde 2018 y profundizó críticamente su retracción productiva y económica en general.
Desde la Casa Rosada saben que la empresa no es simple, y por eso antes de reunirse con Georgieva en Roma, Fernández fue cosechando el apoyo en diferentes países del viejo continente, a la vez que desde Estados Unidos los congresistas expresaron su apoyo al pedido de nuestro país.
Cabe aclarar que el préstamo de 57.000 millones de dólares aprobado en el último año de Gobierno de Mauricio Macri también iba contra todos los protocolos y estatutos del FMI. Pero las presiones de la administración Trump pudieron más que el abierto rechazo de la Unión Europea (UE) y el staff del fondo a semejante crédito.
Tiempo después, Mauricio Claver, un ex asesor del Gobierno republicano admitiría que se trató de una apuesta geopolítica de los Estados Unidos por conservar en sudamérica un Gobierno afín a sus intereses en la región, buscando consolidar la imagen del ex presidente de cara a las elecciones presidenciales que finalmente perdería de todas maneras con Alberto Fernández.
Según explica el FMI, los créditos que brinda a los países tienen dos tipos de tasas de interés. La primera, es el costo de los derechos especiales de giro (DEG, la moneda del FMI), que se determina en el mercado y que tiene un nivel mínimo de 5 puntos básicos a la que se suma un margen, que hoy está en los 100 puntos básicos (1 punto porcentual).
A eso se añade la sobretasa, que varía según el monto y el plazo de reembolso del crédito. Para calcularla, se tiene en cuenta la cuota de cada país dentro del fondo.
Si el crédito pendiente de devolución supera el 187% de la cuota máxima a la que puede acceder cada país (y que está relacionada con el capital aportado al organismo), hay un recargo de 2% anual. Ese extra trepa al 3% después de los tres años.
En el caso argentino, que obtuvo un crédito por más del 1000% de su cuota, el sobrecargo actual se encuentra en 200 puntos básicos. ¿Cuál podría ser el ahorro de la eliminación de las sobretasas? En torno a los 4.000 millones de dólares.
Esto es lo que viene solicitando nuestro país, y donde viene trabajando arduamente Guzmán, economista bien vinculado en Estados Unidos, cuyo mentor, Joseph Stiglitz, tiene estrecha relación con la actual administración.
Según su sitio web, “el Club de París es un grupo informal de acreedores oficiales cuya función es encontrar soluciones coordinadas y sostenibles a las dificultades de pago que experimentan países deudores”.
Está conformado por 22 miembros permanentes: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
A diferencia del FMI, este grupo no tiene estatutos que regulen su funcionamiento, por ser un “grupo informal”. Esta situación dota de flexibilidad las negociaciones de los países con sus acreedores.
Como dato de color, la primera reunión del Club de París fue en 1956 y se creó para tratar un caso particular de la Argentina. Como Francia se ofreció como anfitrión, su nombre quedó explícito. Desde entonces ha formalizado más de 400 acuerdos con más de 90 países.
Un dato que no deja de sorprender es la frecuente recurrencia de nuestro país a este organismo, lo cual ilustra claramente los problemas de nuestra clase dirigente a nivel histórico para lidiar con la administración de los compromisos financieros contraídos.
Argentina realizó nueve acuerdos con el Club de París: en mayo de 1956; octubre de 1962; junio de 1965; enero de 1985; mayo de 1987; diciembre de 1989; septiembre de 1991; julio de 1992 y mayo de 2014. Es el país no africano que más veces acudió a estas instancias.
Durante el 2021 el estado nacional deberá afrontar pagos al Club de París por 2.896 millones de dólares, cuyo plazo de pago por US$ 2.419 millones vence a fines de este mes, mientras que restan 31 millones para junio, 8 millones en noviembre y 29 en diciembre.
La solicitud del jefe de Estado argentino, acercada a su par francés, es poder posponer estos pagos sin entrar en default ni pagar intereses hasta que el país pueda lograr un acuerdo por la reestructuración de deuda del FMI.
Este acuerdo, hasta la reestructuración impulsada en 2014 por Axel Kicillof, era por 9.690 millones de dólares. De ellos, 4.955 millones corresponden a capital, 1.102 millones a intereses y otros 3.633 millones de dólares a punitorios, es decir cargos que se agregan por no haber pagado a tiempo.
La historia moderna de nuestro país no se puede separar de los constantes acuerdos de deuda con organismos internacionales. Al mismo tiempo, no se puede separar de las recurrentes crisis de deuda, esto es, la imposibilidad de pagar los créditos pedidos.
Durante el Gobierno de Néstor Kirchner se reparó esa cuestión. El 3 de enero de 2006, se canceló en un solo pago la deuda que la Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional por más de 9800 millones de dólares.
Las divisas giradas directo desde las Reservas del Banco Central permitieron el ahorro de intereses por 842 millones de dólares, despejando así el camino para el crecimiento económico de los años posteriores y el casi nulo golpe por la crisis financiera del 2008.
De esta forma se liberaron recursos que estaban presupuestados para pagar deuda y se volcaron para desarrollar políticas de gobierno, de las más consistentes de los últimos años.
El retorno al viejo vicio de contraer deuda externa, en una economía que quedó descalabrada tras el rotundo giro en la política financiera y productiva, nos puso frente a una nueva crisis, esta vez de dimensiones estrafalarias: el crédito más grande otorgado jamás a un país que no sólo se encontraba hundido económicamente, sino que no utilizó un centavo de los 47.000 millones de dólares desembolsados a ampliar su capacidad productiva.
Ese es el marco de las actuales negociaciones, que necesariamente deberán marcar un antes y un después en los criterios de la clase política nacional cuando de tomar créditos se trata.
El abanico de posibilidades se extiende desde el “nunca más deudas con organismos financieros internacionales” hasta la discusión y el consenso del ‘qué hacer’ con lo desembolsado en caso de que se avale.
Lo que queda claro es que la eterna espiral de endeudarse para salvar la coyuntura y regalar un problema a la posteridad ya no puede ser tolerada, si pretendemos algún día salir del círculo vicioso de crisis económicas cíclicas.
Con información de Centro CEPEC.
