Bullrich le embarró la cancha a Larreta, que expuso el republicanismo de cotillón del PRO - Política y Medios
17/05/2021 - Edición Nº4854

INSTITUCIONALIDAD

Bullrich le embarró la cancha a Larreta, que expuso el republicanismo de cotillón del PRO

La ex ministra descolocó al mandatario de la CABA recurriendo a la justicia Federal, al tiempo que en Uspallata desoyen sus resoluciones y sostienen la presencialidad.

El conflicto desatado tras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de las clases presenciales en el AMBA por dos semanas trasciende la discusión interpartidaria, y ya registra los primeros chispazos internos.

Es que, ante todo, en medio del gran evento sociopolítico del momento, las disputas de liderazgo y construcciones de candidaturas continúan vigentes en Juntos por el Cambio.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, continúa sosteniendo la presencialidad en su distrito en el tercer día de vigencia de la resolución presidencial, a pesar de que este martes la justicia Federal le ordenó acatar el decreto hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Durante el fin de semana, una ONG había presentado una cautelar ante la justicia porteña para que la Capital Federal pudiera eludir la medida establecida por Alberto Fernández, en línea con las intenciones del Ejecutivo municipal.

La resolución favorable de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA fue celebrada por funcionarios y el propio Larreta. Sin embargo, este martes, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2 declaró la incompetencia de la justicia porteña.

A pesar de esto, las autoridades de la Ciudad no reconocieron la resolución del juez Esteban Furnari y expresaron a través de un comunicado que, “hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de las clases presenciales”.

En este trajín, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuyo habitual protagonismo mediático se vio opacado en los últimos días por las fuertes pronunciaciones políticas de Larreta, también presentó un amparo ante la justicia para sostener las clases, pero el lunes.

El detalle es que la ex ministra de Seguridad se dirigió directamente al fuero Federal para realizar el planteo judicial, que solicita una medida cautelar que garantice la presencialidad. El escrito recayó en el Juzgado Nº 9 del Fuero Contencioso Administrativo Federal.

Así, en medio de la disputa de su compañero de partido -pero evidente rival de interna de cara a las presidenciales de 2023- con el Gobierno nacional, Bullrich ya había deslizado la incompetencia de la justicia porteña antes de que lo confirmara el fuero Federal, realizando su propio movimiento contra ambas partes.

La presidenta del PRO también había celebrado el fallo de la justicia porteña.

[De la complicidad con la justicia de la Ciudad al desacato de la Federal]

El viernes pasado, minutos antes de la reunión entre el presidente de la Nación y el mandatario porteño, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un amparo ante la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad del DNU 241.

Sin embargo, los entendidos en el tema coincidieron en evaluar como estéril el intento: con la cantidad de causas que recibe el máximo tribunal y los tiempos que maneja, culminaría el plazo de la resolución antes de que pudieran siquiera revisar el escrito.

En ese marco, a pedir de Rodríguez Larreta, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la capital falló con asombrosa celeridad -un domingo a última hora- a favor del amparo presentado por la ONG Abramos las Escuelas junto a un grupo de padres, dictando una cautelar que frenaba la suspensión de las clases presenciales hasta que se pronunciara la CSJN.

El fallo generó polémica rápidamente por diferentes motivos: en primer lugar, la competencia de un tribunal porteño para dirimir un conflicto entre Nación y la Ciudad, y la insólita presencia de la hermana de un funcionario del Gobierno de CABA entre los magistrados que dieron lugar a la presentación.

En efecto, la Sala IV, que se expidió en favor de la continuidad de las clases presenciales, es integrada por los magistrados Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli.

Esta última, hermana de Eduardo Macchiavelli, secretario de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Eduardo Macchiavelli junto a Horacio Rodríguez Larreta.

De hecho esto motivó una recusación por parte de los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández, que señalaron el vínculo familiar de la jueza con quien describieron como “el principal armador político de Rodríguez Larreta”, a la vez que “funcionario del GCBA y secretario general del partido al que pertenece el alcalde porteño”.

En otro capítulo de la turbia relación de Juntos por el Cambio con el Poder Judicial, esto no impidió que fuera esa la sala encargada de resolver la presentación, y el lunes las autoridades dispusieron el inicio de clases tal y como se venían desarrollando hasta la semana pasada.

No obstante, la causa fue apelada por el Gobierno ante el fuero Federal, recayendo en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2.

Allí el juez Furnari desestimó la competencia de la justicia de la Ciudad, restableciendo la vigencia de la suspensión de clases presenciales hasta que el máximo tribunal de la nación se expida. Sin embargo, este miércoles el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hizo caso omiso del fallo, y sostuvo la apertura de los establecimientos escolares.

[Republicanos, siempre y cuando convenga]

El traslado de este conflicto político al dominio judicial -fenómeno cada vez más recurrente- permite trazar algunas conclusiones rápidas: el republicanismo tan predicado por Juntos por el Cambio se funda, de hecho, más en la complicidad con sectores del Poder Judicial que en la independencia de poderes.

Esto queda expuesto burdamente ante la actitud del Gobierno porteño, que sólo acata los fallos que le simpatizan, casualmente expedidos por magistrados cuyos lazos con las autoridades trascienden la simpatía política: directamente son sanguíneos. Cuando un tribunal de jerarquía Federal ordena lo contrario, simplemente lo omite.

Al haber perdido la presidencia, el macrismo perdió la capacidad de apriete a jueces y fiscales federales a través de la mesa judicial, como los denunciados por la ex procuradora General, Alejandra Gils Carbó, o desplazamientos bajo amenaza de juicio político, como el sufrido por el magistrado Eduardo Farah y admitido por Elisa Carrió, entre muchas otras irregularidades institucionales.

En ese escenario, la eterna defensa discursiva de las instituciones y la independencia de poderes que tanto repite la oposición, no impide que uno de sus cuadros centrales desafíe abiertamente la disposición de un juez Federal. Y allí es donde se desnuda por completo la verdadera cara de la coalición opositora.

Cuando la justicia es amiga o susceptible de ser intimidada para fallar en su favor, republicanismo. Cuando lentamente comienzan a desmantelarse esos privilegios sobre la base de la falta de respaldo político en las urnas, sedición.

No parece casualidad, entonces, que ante la incapacidad de marcarle la cancha a un Gobierno democrático, comiencen a surgir discursos antidemocráticos desde los aliados mediáticos de la derecha, como el enunciado por Marcelo Longobardi este martes en Radio Mitre, mientras se desarrollaba el pase al programa de Jorge Lanata.

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