Presencialidad, educación y política: cuando el discurso difiere de la gestión - Política y Medios
24/10/2021 - Edición Nº5014

¿DICHOS O HECHOS?

Presencialidad, educación y política: cuando el discurso difiere de la gestión

El curioso caso del partido político que se arroga la defensa del derecho a la enseñanza a la vez que recorta el presupuesto educativo sistemáticamente hace una década.

Las discusiones sobre la educación presencial en las escuelas en el marco de la pandemia han sido de las más extendidas, y, como cada fenómeno que atraviesa a este país, no sólo se ha politizado, sino que las posiciones se han polarizado.

La base sobre la que se sitúa cualquier análisis que se precie de ser serio es que nadie desea que los niños y jóvenes no puedan concretar el proceso educativo en las aulas. Las instancias de socialización, así como las dinámicas pedagógicas, se ven profundamente beneficiadas por el encuentro en un espacio común en el cual se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje colectivo.

Ahora bien, en el excepcional marco de pandemia, durante el año pasado, casi la totalidad de las clases se impartieron por vías virtuales, en medio de un confinamiento rígido y extendido, que sin dudas afectó a quienes tuvieron las condiciones para continuar estudiando, y excluyó a quienes carecían de la infraestructura básica de conectividad y tecnología.

Esto motivó razonables reclamos por normalizar la situación educativa, que con el tiempo se hicieron bandera de la oposición política. Una oposición nada indulgente, que buscó el desgaste del Gobierno prácticamente desde el inicio de este evento epidemiológico inédito en la historia reciente.

Si el Frente de Todos encaraba un camino desafiante al acceder al Gobierno nacional tras la gestión de Cambiemos, la pandemia de Sars-CoV-2 acaecida pocos meses después le apagó la luz y lo dejó caminando a tientas, en un territorio desconocido y con una crisis socioeconómica que era el punto de partida.

Lo cierto es que durante el 2020 la cuarentena fue rígida y extensa. El sistema sanitario logró ser restaurado e incluso fortalecido para encarar la crisis epidemiológica, y resistió sin colapsos, pero el precio fue un deterioro aún mayor de la economía, el hartazgo social y un ciclo lectivo virtual casi completo, atravesado por los conflictos pedagógicos, emocionales y de acceso.

Con 10 meses de experiencia en la espalda y la campaña de vacunación en puerta, el Gobierno nacional inició este 2021 con la presencialidad entre sus prioridades y, entre debates, consensos y resistencias, las clases iniciaron bajo modalidad mixta.

Este mismo miércoles, el Ministro de Educación se mostró en contra de iniciar las restricciones por las escuelas.

[Crisis epidemiológica, volantazo y la habitual capitalización política]

El anuncio de Alberto Fernández de este miércoles suspendiendo -entre otras cosas- las clases presenciales por dos semanas, se dio ante el vertiginoso avance de la segunda ola de contagios de Covid-19, que rompe récords semana tras semana y ya tiene contra las cuerdas al sistema sanitario en el AMBA.

Sin embargo, motivó la fuerte reacción de una oposición que el mismo día había abierto la puerta a restricciones, siempre y cuando fueran “planificadas”, “factibles de ser aplicadas” y respetaran “el derecho a a aprender, a trabajar, así como también las libertades y garantías fundamentales”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el protagonista de la confrontación, adelantando este jueves en rueda de prensa que presentará un amparo ante la Corte Suprema para evitar la suspensión temporal de la presencialidad en las escuelas dispuesta por el Ejecutivo Nacional.

El dirigente, habitual intérprete del papel de ‘dialoguista’ dentro de una oposición repleta de cuadros políticos ‘duros’, reconoce que la defensa de la presencialidad como sinónimo de educación es una de las banderas que ha levantado su espacio a lo largo de la pandemia y que puede engrosar su imagen de cara a sus aspiraciones electorales.

Contextualizando, una oposición que ha cuestionado restricciones y confinamiento sistemáticamente, como si la razón de estas decisiones fuera un mero capricho y no la peor epidemia global en más de un siglo.

Pero, volviendo al tópico anterior, basta con rastrear las estadísticas más básicas de la gestión de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires para deducir que su defensa de la educación es más un slogan vacío para construir capital político que una decisión de Estado.

A fines de 2020, gremios docentes denunciaban el recorte sistemático que sufre la inversión presupuestaria en materia educativa en la Capital Federal. Mientras que en 2010, durante la primera gestión del fundador del PRO, representaba el 27% del presupuesto, al asumir el actual jefe de Gobierno, en 2015, había bajado al 22%.

La tendencia decreciente de la incidencia de la educación en los gastos previstos se profundizaría durante la gestión de Larreta, hasta representar en el corriente año el 17% del presupuesto.

La evolución de la inversión presupuestaria en educación en CABA.
Gráfico: UTE-Ctera.

Además, la problemática de la cantidad de menores de edad sin vacantes en escuelas públicas también se profundizó durante esta etapa: mientras en 2013 se denunciaba que faltaban cupos para 17.000 estudiantes en el distrito más rico del país, este jueves la legisladora porteña del Frente de Todos, Lorena Pokoik, aseguró que son cerca de 30.000 los que actualmente se encuentran en esa condición.

En esa línea, hacia el final de la administración nacional de Mauricio Macri, Chequeado contrastó la evolución nominal de la inversión de Cambiemos en educación con los números de la inflación en aquel período.

La conclusión fue que, en términos reales, la apuesta política concreta por la educación del proyecto de país de la coalición ahora opositora implicó una reducción del 36% en el presupuesto.

La cuestión es que, en el cóctel discursivo que propone la oposición, el debate público tiene lugar más sobre la base de lemas y proclamas que sobre hechos y decisiones concretas y asequibles.

Como resultado, el partido responsable de cercenar sistemáticamente la inversión en educación y dejar sin vacantes a cada vez más pibes, resulta ser su presunto defensor por apostar a la presencialidad indeclinable en el único contexto en que puede generar un perjuicio.

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