ENTRETELONES DE CASA ROSADA
A una semana de que explotara el “vacuna gate”, con los consecuentes costos políticos en la opinión pública pero también hacia dentro de la coalición oficialista, el gobierno se encuentra en pleno operativo de “control de daños” para reconstruir una política, junto al control de la inflación, clave para este año: la reglamentación para “transparentar” la vacunación al “personal estratégico” y una aceleración en las aplicaciones con la llegada al país de millones de dosis desde los laboratorios rusos y chinos son algunas de las muestras de esta estrategia.
“Lo bancamos a Ginés (González García) pero rompió el jarrón chino. Ahora trabajamos con Salud para definir el protocolo y hacer pública la identidad de los vacunados”, dijo un funcionario durante la noche del jueves mientras recorría los pasillos de una Casa Rosada semidesierta. Es que, el desplazado ministro de Salud, recibió en la semana el apoyo de cuatro intendentes del Conurbano, como Aberto Descalzo (Ituzaingó) o Mariano Cascallares (Almirante Brown), que se reunieron con Santiago Cafiero, el mismo gesto que le dispensaron los sindicalistas de CGT en su reunión de consejo directivo en el que reivindicaron su trayectoria.
Nadie lo dijo a viva voz, pero había dentro de la coalición oficialista una sensación de que al ex ministro de Salud le hicieron pagar por un error de gestión que se había replicado en otras dependencias con mayor discreción. En la mayoría de los ministerios hubo ofrecimientos para inmunizar a “personal estratégico” y no tanto, al igual que en provincias oficialistas como Buenos Aires pero también en aquellas administradas por la oposición, como Jujuy y Mendoza. En CABA la justicia investiga “la privatización” del proceso al derivar las aplicaciones en sanatorios y servicios privados.
Lo cierto es que el viernes la flamante ministra Carla Vizzotti firmó la resolución que reglamenta el sistema para transparentar el proceso de vacunación a personal estratégico en los tres ámbitos del Estado. En esa categoría fueron incluidos la mayoría de los dirigentes que se beneficiaron con la vacunación vip develada en los últimos días. Ahora deberán pedir autorización vía DDJJ, inocularse obligatoriamente en un centro de salud y sus datos podrán ser publicados en un registro público o difundidos en medios de comunicación.
Es que en la difusión parcial del listado de vacunados en Argentina, que oficializó el gobierno a comienzos de semana, sólo se detallaba la cantidad de beneficiarios por categoría: el argumento era que la ley de datos personales prohibía la difusión de las identidades. La difusión de la nómina del lunes, con los nombres de la familia Duhalde, del publicista cristinista “Topo” Devoto o el empresario de medios marplatense Aldrey Iglesias, fue fruto de la urgencia.
En el gobierno admiten que “ya pagaron el costo político” por lo sucedido e intentar dar vuelta la página. Atribuyen la volatilidad del escándalo no sólo a los dichos del periodista Horacio Verbitzky sino también a “un diputado que gusta hablar mucho” y no pudo contener las ganas de hacer saber el “sentirse protegido” con la Sputnik V.
En Casa Rosada, con todo, trabajan por estas horas para ultimar detalles para el discurso presidencial del 1° de marzo en la apertura de sesiones del Congreso. El propio Alberto Fernández está involucrado en la redacción del mismo que, se espera, sea pronunciado hacia el mediodía del lunes.
Las medidas oficiales para reactivar la economía serán parte de la alocución del presidente. En la batalla contra la inflación, siguen de cerca los movimientos en la cadena de valor de los súper e hipermercados. El jueves se desarrolló la mesa de Alimentación, que logró reunir a sindicalistas y empresarios que acordaron continuar las charlas en Producción para avanzar “en cinco ejes” para que los precios del sector giren en torno a la pauta inflacionaria oficial del 29%.
“A las multas que le aplicaron a grandes alimenticias, se le suma el aumento de costos. No sé cómo podrán acomodar esto”, sostuvo una fuente del sector alimenticio consultada.
El alza de precios preocupa hasta un dirigente social de buena sintonía con el Ejecutivo, como Esteban “Gringo” Castro, de la UTEP, que admitió a este medio que “los precios están más caros en los negocios de los barrios populares que en los grandes supermercados”. Con este diagnóstico, coincidió el ministro Daniel Arroyo (Desarrollo Social), que indicó que hay un refuerzo en la ayuda social pero que “la plata rinde menos” en los bolsillos de los beneficiarios producto de los aumentos. Hay en marcha algunas iniciativas, como la producción cooperativa de leche o pan, y la creación de ferias barriales en varios distritos. Se trata de medidas paliativas para un fenómeno complejo, que incluso el ministro Martín Guzmán (Economía) reconoció sólo podrá ser contenido con la reducción de unos “4 o 5 puntos” por año.
