Según establece a la Ley 26093 de biocombustibles, la Secretaría de Energía debe publicar el precio de la tonelada de biodiesel de acuerdo a una fórmula que conjuga los distintos costos de producción. Sin embargo, durante el penoso paso de Sergio Lanziani por el ejecutivo, nunca se actualizó ese precio y, tras la llegada de Darío Martinez, el incremento fue de 10%, una cifra que las PYMES denuncian por insuficiente.

Según la Cámara que agrupa a las PYMES del sector -CEPREB- el precio de acuerdo a la fórmula tiene un retraso de entre 50 y 60% debido al fuerte aumento del dólar y del aceite de soja, principal insumo del biodiesel. Esta situación llevó a la parálisis de la producción y a la suspensión del personal, que siguió cobrando el 50% de los salarios a la espera de un acuerdo que nunca llegó.

Las negociaciones, que estuvieron a cargo de la Subsecretaria de Hidrocarburos  Maggie Videla y fueron monitoreadas por el propio Martínez, parecían llegar a buen puerto tras una propuesta acercada por la cámara en la que aceptaban bajar el corte a cambio de que se aplique un precio cercano al que fija la ley. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, la negativa de Martín Guzmán derrumbó el acuerdo.

Desde el Ministerio de Economía señalan que reconocer el precio fijado por ley implicaría un aumento adicional del precio del combustible en el surtidor, lo que pondría más presión sobre la escalada inflacionaria que preocupa al gobierno.

Sin embargo, desde la Cámara desconfían que sea por el aumento en el surtidor y sospechan de un acuerdo con las aceiteras y las petroleras. Francisco Jáuregui, Presidente la CEPREB cree que hay un acuerdo entre Guzmán y las petroleras para eliminar el régimen de biocombustibles.

En un duro comunicado manifestó que “no queda más que pensar que lo que buscan es el cierre de las empresas y la caída del régimen de biocombustibles, acatando así lo que dictan los petroleros, provincias y empresas, mientras que las provincias que más aportan fiscalmente para sostener a los combustibles contaminantes, quedan condenadas a seguir siendo la billetera del negocio que beneficia a unos pocos, los mismos de siempre”

Un empresario, que prefirió mantener el off, señaló la incongruencia de este planteo: “Sin el biodiesel, que nos lo pagan en pesos, tienen que importar diesel de hidrocarburos, que se paga en dólares. este año se gastaron 350 millones afuera cuando hay tanta restricción externa, es absurdo”, expresó.

Más allá de la sombra de las petroleras, también circuló la versión de que las aceiteras habrían garantizado un mayor nivel de liquidación de divisas a cambio de que la cartera económica ahogue a las PYMES, con la expectativa de quedarse con el negocio del mercado interno, de un millón y medio de toneladas anuales.

[Movilización, rosca y judicialización]

Los ánimos están caldeados y los sectores involucrados saben que si no “mueven la calle” difícilmente se avance. Por eso los gremios petroleros resolvieron movilizar a la sede del ministerio de Economía.

La concentración tendrá lugar el próximo martes 22 de diciembre y fue resuelta en reunión virtual por los secretarios generales de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) por encontrarse "agotadas todas las instancias de negociación" con el Secretario de Energía Darío Martínez.

"Le están soltando la mano al sector, a productores argentinos y dejando a la deriva a miles de familias petroleras. La situación es insostenible", señaló Pedro Milla, secretario general de los Petroleros.

Mientras tanto, los intendentes de Ramallo, Junín y Bahía Blanca escribieron una carta a Axel Kicilloff en la que alertan sobre las consecuencias que traerá el cierre de las pymes en sus distritos. Temen que se produzcan manifestaciones, cortes de ruta y, en el caso de Ramallo, hasta un estallido social, ya que en esa localidad en particular se podrían perder más de 1000 puestos de trabajo.

Los empresarios PYME de la Provincia están enojados con el Gobernador. Sienten que no los defiende tanto cómo Perotti defiende a los de Santa Fe y, si bien fueron recibidos por el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodriguez, aún esperan una manifestación concreta de respaldo a la producción Bonaerense.

Fuentes del sector adelantaron a PolíticaYMedios que, ante tantos caminos cerrados, acudirán a la justicia. En la Cámara aún no definieron si harán una presentación colectiva o cada compañía lo hará por su parte. Esperan un fallo ejemplar que obligue a Guzmán a cumplir con la ley y que evite la pérdida de 10 mil puestos de trabajo.