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Si la misión del FMI que recorre despachos oficiales desde el último martes obligó a la Casa Rosada a una batería de gestos para garantizar una austeridad fiscal en 2021 que faciliten un acuerdo con el máximo acreedor argentino, también aceleró el anuncio de medidas para contener al electorado propio y, al mismo tiempo, tratar de apaciguar las tensiones internas que asoman con regularidad.
La puesta en escena mediática del último martes en la que la influente secretaria Vilma Ibarra anunció el envío del proyecto para legalizar el aborto, la sorpresiva publicación en el Boletín Oficial del jueves de la autorización para el auto-cultivo de cannabis con fines medicinales y la convocatoria para el martes próximo a tratar el impuesto a las grandes fortunas –apurado por Máximo Kirchner en detrimento de una mayor cautela del Ejecutivo- son señales inequívocas de este intento por contentar a la tropa propia.
Con todo, la presentación de la nueva fórmula previsional –que deja atrás el factor inflacionario y adopta por mitades indicadores sobre la evolución del salario y la recaudación-, y la eliminación parcial del ATP y total del IFE despertaron críticas de referentes oficialistas. La foto del martes, el mismo día de la llegada de los técnicos del organismo crediticio, que mostró al ministro Martín Guzmán rodeado de integrantes de la coalición oficial, incluido el hijo de Cristina Kirchner, intentó mostrar un consenso que, por lo bajo, luce algunas grietas.
En un año en que los haberes jubilatorios perdieron la movilidad y probablemente queden detrás del IPC (estimado en 34%), no son buenas las perspectivas para 2021. Si con tarifas congeladas, precios regulados de la canasta básica y el freno que produjo la recesión pandémica, la suba de precios no dio tregua, en un año con rebote de la actividad y puja distributiva, la inflación podría ser aún más elevada quitando mayor poder de compra a los adultos mayores. Esa brecha no sería compensada en el corto plazo por la fórmula que busca aprobar en el Congreso: hasta el economista Emanuel Alvarez Agis, ex viceministro de economía de Axel Kicillof, estimó que está un 12% debajo del cálculo fijado por Cambiemos en 2017. En el mediano plazo, con una baja consistente del IPC y un alza consistente de la actividad, sí daría resultado la propuesta de Guzmán.
Aunque el relato oficial sobre el alza del IPC de octubre, trepó al récord anual 3,8%, intentaba mostrar la película y no la foto, que este año estaremos 20 puntos por debajo de la inflación de 2019, las explicaciones siguen pareciendo insuficientes: con Precios Cuidados y Precios Máximos mayoristas recién relajados en los últimos días, el mes pasado registró subas en alimentos y bebidas de 4,8% y, en el rubro indumentaria, que tras la cuarentena recién comienza a despegar, de 6,2%.
La nueva escalada del dólar blue tampoco sirve para despejar incertidumbres. La delegación del FMI, que este viernes se reunió con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ha deslizado cierta preocupación por el nivel de emisión y los nuevos bonos de los que echó mano Economía para intentar controlar a la divisa norteamericana. Con todo, en el oficialismo son optimistas que con las señales de austeridad que emanan del Presupuesto, de la nueva fórmula jubilatoria y del descongelamiento tarifario, podrán acordar un programa de facilidades extendidas que permita a Argentina afrontar con comodidad los pagos de la deuda externa de los próximos 4 años.
Con el argumento de mejorar la situación fiscal y quitarle recursos a los “poderes fácticos”, Diputados tratará el martes 17 de noviembre, cuando el peronismo celebrará el Día del Militante con otra caravana por el centro porteño, el proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas. Se espera recaudar unos $300 mil millones y un 15% de esos recursos deberían el año próximo financiar la urbanización de villas, según detalló Daniel Arroyo.
A Desarrollo Social fue traspasada hace algunas semanas la Secretaría de Integración Socio Urbana desde Vivienda y Hábitat, a cargo por entonces de María Eugenia Bielsa, que está semana fue despedida con un reguero de cuestionamientos internos por falta de celeridad en la ejecución.
A esa cartera fueron destinados dos intendentes: Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Santiago Maggioti, de Navarro. Si bien la elección da muestra de la nueva estrategia de Alberto Fernández de recostarse en los jefes comunales para vigorizar su músculo político dentro del siempre agitado Frente de Todos, la elección del vicepresidente del Instituto Patria tiene el sello de Cristina.
Pero el ex secretario de obras públicas de “Cacho” Alvarez mantuvo en los últimos días una sorda batalla contra los jefes de La Cámpora por la sucesión en Avellaneda: para conservar el poder quiere que su lugar lo ocupe un ladero como Alejo Chorobroff, mientras que la agrupación ultra K quiere dejar en ese cargo al ex concejal y actual senador provincial, Emmanuel González Santalla. Según se pudo averiguar, este joven dirigente mantenía un buen vínculo con Ferraresi pero la falta de acuerdo agrietó el vínculo.
Detrás de esa pelea asoma la desconfianza camporista a la intentona de los jefes comunales del Conurbano de voltear la ley Vidal-Massa, de 2016, que les impide buscar una reelección en sus distritos en 2023 y, por ende, tallar en el armado de listas de 2021. Alberto Descalzo, histórico mandamás de Ituzaingó, admitió esta semana que podrían recurrir judicialmente la normativa “porque entró en vigencia en medio de un mandato (2015 y 2019)”, por lo que les correspondería un etapa más en el poder. “Encuarentenado”, por el COVID positivo de Gustavo Beliz en esa cena “de amigos” que rodeó a Evo Morales en La Quiaca, el presidente mantiene el guiño hacia los intendentes del GBA.
