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La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata ordenó este jueves que los profesionales enrolados en la AMP deberán retomar la atención con cobertura de afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
El conflicto entre las partes, que lleva meses, alcanzó un punto crítico este miércoles, cuando el gremio de médicos de la capital bonaerense anunció que comenzaría a cobrarle la atención de manera particular a los adherentes a la obra social de la provincia.
Ese mismo día, desde IOMA publicaron un comunicado acusando a la AMP de “poner en riesgo la salud de un universo afiliatorio de 290 mil personas”. Además, advertían que el gremio definió la drástica medida “a pesar de las diversas propuestas superadoras” que el organismo había planteado ante las demandas.
A su vez, el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, había aclarado que el convenio entre las partes seguía “vigente”, tal como se había estipulado 60 días atrás. Al respecto, también advirtió que si la AMP no daba marcha atrás con la decisión iría a la Justicia “para defender los derechos” de los afiliados.
En efecto, este jueves, la jueza en lo contencioso administrativo, María Ventura Martínez, dio lugar al pedido de Lorenzino. La magistrada ordenó la aplicación de una medida cautelar que ordena a los médicos del gremio a retomar la atención de los adherentes al IOMA, respetando la cobertura de la obra social.
El convenio entre @IOMAgba y @ameplaoficial está vigente, ese es el compromiso que tomaron hace 60 días.
— Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 16, 2020
Si la AMP no da marcha atrás con su decisión de atender a los afiliados y afiliadas de IOMA como particulares, vamos a ir a la Justicia para defender sus derechos. pic.twitter.com/fkks9AUO0W
La advertencia del defensor del Pueblo, que publicó la carta enviada al titular de la AMP.
Ventura Martínez evaluó, en su fallo, que la interrupción de la cobertura de las prestaciones médico asistenciales “impacta negativamente en la preservación de la salud y la vida de las personas”.
En esta línea, añadió: “Crea una situación de riesgo social por el daño temido o cierto que puede sobrevenir sobre la vida o salud del colectivo garantizado por el ordenamiento jurídico constitucional y supranacional y requiere una especial y urgente tutela”.
Es por esto que definió que la Agremiación Médica Platense deberá “mantener las prestaciones comprometidas respecto de los afiliados de la obra social provincial, hasta tanto se emita pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión”.
Recordemos que, para el gremio, el convenio con el Instituto de Obra Médico Asistencial prescribió, a pesar de los documentos legales firmados el pasado 16 de julio. Dicha rúbrica fue esgrimida por la Defensoría del Pueblo en la carta dirigida al titular de la AMP, Jorge Cruz Varallo, intimando al sindicato a dar marcha atrás con sus medidas.
La jueza Ventura Martínez citó en sus fundamentos abundante doctrina y jurisprudencia a nivel nacional e internacional sobre el derecho a la vida y la salud de las personas.
⚖️ La justicia ordenó a las y los médicos de #LaPlata mantener la atención a lxs afiliadxs de #IOMA
— IOMA (@IOMAgba) September 18, 2020
El dictamen hace lugar a una medida precautelar que presentó este jueves la @defensoriaPBA
❎El cobro de la consulta médica como particular es indebido https://t.co/ZmdaooXFDL pic.twitter.com/IYo87L2NWT
Así lo anunció el IOMA a sus afiliados.
La reciente disputa entre las partes comenzó en el mes de julio, cuando la obra social bonaerense denunció a la AMP por un supuesto fraude millonario. En detalle, acusaban a más de una decena de profesionales del gremio por la facturación “indebida” de hasta $8 millones.
Desde entonces se inició una maratónica serie de encuentros y diálogos en pos de implementar un nuevo convenio de prestaciones, en la cual intervino la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Se había fijado como plazo el día 16 de septiembre para llegar a un acuerdo, pero no hubo consensos.
No obstante, el IOMA denunció que la decisión de la agremiación fue tomada de manera “unilateral”, y a pesar de que el organismo ofreció, en las diversas reuniones, “varias propuestas dando respuestas a las exigencias que la AMP estaba solicitando”.
Hasta el momento, la intervención de la Defensoría del Pueblo no logró destrabar el desacuerdo.
Entre otras, detallaron: “Un aumento del 16% para las consultas, el reconocimiento de la jerarquización y un incremento diferenciado de las prácticas de entre el 8 y el 32%; un aumento del 100 por ciento para honorarios de profesionales de Unidad de Terapia Intensiva (UTI); y el pago como compensación por la exposición de profesionales al COVID-19 de un retroactivo para los meses de abril, mayo y junio de 2020”.
Al arribar, este miércoles, a la fecha límite fijada, la AMP anunció que consideraba el convenio caducado y comenzaría a cobrarle a los afiliados como particulares. Sin embargo, tanto la obra médico asistencial como la Defensoría del pueblo sostienen que, de acuerdo al documento firmado a mediados de julio, continúa en vigencia el convenio que regía hasta el 6 de julio.
En las últimas horas, ante el fallo de la justicia, decenas de profesionales de la salud solicitaron la desvinculación individual del convenio. Por su parte, Lorenzino declaró en diálogo con FM Cielo que “se está trabajando para una propuesta de libre afiliación” bajo convenios particulares con el IOMA.
