Una quincena de organismos de derechos humanos rechazaron mediante un comunicado la postulación de Santiago Ulpiano Martínez como Fiscal Federal de Bahía Blanca. El ex juex subrogante del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad actuó en reiteradas ocasiones en pos de la impunidad de acusados por delitos de lesa humanidad.

El pliego fue enviado por el poder ejecutivo al Senado de la Nación, que debe resolver sobre su postulación. Ante esto, los organismos alertaron al gobierno nacional y al Congreso sobre que "la designación como fiscal federal de Santiago Ulpiano Martínez será un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia contra los crímenes del terrorismo de Estado".

Santiago Ulpiano Martínez fue desginado como juez subrogante del Juzgado Federal N°1 por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en junio de 2012. Desde ahí "rechazó constantemente pedidos de indagatoria a genocidas realizados por el Ministerio Público Fiscal" y "debió inhibirse de continuar investigando por su conocida relación de cercanía con los imputados".

Por ejemplo, el ex Capellán del Comando del V Cuerpo del Ejército, Aldo Omar Vara, quien en un juicio admitió haber tenido contacto con los detenidos del centro clandestino "La Escuelita", fue beneficiado por quien hoy pretende ser Fiscal Federal. En Abril de 2013, los fiscales del Ministerio Público exigieron la detención de Vara y fue rechazada por Martínez. Luego de que esa decisión fuera revocada por la Cámara de Apelaciones se apartó inmediatamente de la causa.

Quizá su mayor colaboración con los genocidas de Bahía Blanca fue haberse negado al pedido del Tribunal Oral Federal de llamar a indagatoria al ex director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Gonzalo Massot. Y, otra vez, luego de que la Cámara de Apelaciones revocara su resolución, Martínez se inhibió de la causa. Vicente Massot, tío de Nicolás Massot, presidente del bloque de diputados nacionales de Cambiemos, está acusado del asesinato de dos obreros gráficos del diario durante la dictadura.

En 2015, organismos de derechos humanos de Bahía Blanca y los fiscales del Ministerio Público, Miguel Palazzani y José Nebbia, denunciaron ante el Consejo de la Magistratura las irregularidades cometidas por Martínez. Así, el Consejo decidió no ratificar al ex juez subrogante en su cargo.

Los fiscales también denunciaron en 2014 a Martínez por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. "La actuación de Santiago Ulpiano Martínez como juez subrogante puso en riesgo el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia por el que hemos sido reconocidos como ejemplo en el mundo" sostuvieron los organismos de derechos humanos.

Por esto, las organizaciones le pidieron al Senado "que no convalide con su acuerdo a un funcionario que promovió la impunidad para los acusados de delitos de lesa humanidad" y concluyeron que "Martínez no puede integrar el Ministerio Público, cuya función es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad".