La Corte Suprema de Justicia de la Nación exigió al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, que brinde informes acerca de las medidas administrativas que haya tomado éste último en relación a la averiguación del origen de la filtración de escuchas telefónicas realizadas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ex secretario, Oscar Parrilli.

El texto lleva la firma de los cinco jueces cortesanos: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En ella dispusieron que la "Oficina de Captación de Comunicaciones que, a la mayor brevedad, tenga a bien informar al Tribunal toda circunstancia que se vincule con la actividad desarrollada por esa repartición en el marco de la causa CFP 481/16".

Vale aclarar que dicha causa está a cargo del juez Ariel Lijo, quien dispuso la intervención de los teléfonos de ambos funcionarios cuando los investigaba, en 2016, por presuponer que conocían el paradero del fugado Ibar Pérez Corradi, en el marco de la causa de la efedrina.

De la misma manera, la Corte le solicitó al juez federal Ariel Lijo que "ponga en conocimiento del Tribunal, cualquier circunstancia que considere pertinente orientada dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas".

La nota de la Corte, publicada ayer en el sitio web Centro de Información Judicial (CIJ), implica un nuevo movimiento de la disputa que en las últimas semanas se abrió entre el gobierno y diversos sectores de la Justicia. Es que Gustavo Arribas es, además del titular de la AFI, amigo íntimo de Mauricio Macri. Apuntar contra Arribas es un mensaje al Presidente.