El 1 de Julio de 2015 la provincia de Buenos Aires sancionó, tras décadas de lucha estudiantil, la Ley 14735 de boleto diferencial educativo. La misma, contempla la gratuidad de los servicios de transporte provincial, tanto ferroviario, fluvial y de colectivos de pasajeros en servicios urbanos, suburbanos e interurbanos para los alumnos de instituciones públicas o de gestión privada con aportes del Estado en todos sus niveles, incluídos los terciarios y universitarios.

Sin embargo, su aplicación siempre tuvo sabor a poco. En un principio, se instauró como “prueba piloto” únicamente para los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, dejando por fuera a miles de estudiantes de las universidades del conurbano bonaerense que tienen que recurrir al colectivo como única forma de transporte, como así también a quienes estudian en otras universidades de la provincia, como la de Mar del Plata, o la del Sur en Bahía Blanca.

Paulatinamente se fue ampliando la cantidad de estudiantes que accedieron a ese derecho, aunque con dos “engaña pichanga”: los boletos nunca fueron gratuitos ni para todos. La provincia carga $315 en la sube registrada por el estudiante, que es el equivalente a 45 viajes en línea interurbana con un valor de $7 cada uno. No contempla ni que los estudiantes deban tomar dos colectivos para llegar a cursar, ni que el boleto salga más de lo estipulado.

A la Universidad Nacional de La Plata llegan a diario estudiantes de todos los puntos del conurbano, especialmente zona sur. Ellos deben abonar un boleto que supera con creces los $7 previstos por la provincia para cada viaje, por lo cual no reciben los 45 gratuitos previstos por la Ley, quedando en una situación de inferioridad en el acceso al derecho en comparación con un estudiante que reside en la localidad.

Pero esta no es la única limitación para acceder al boleto universitario, que más que un derecho para garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas parece un premio cada vez más difícil de alcanzar.

Candela hace un mes fue a una TAS, Terminal Automática de Sube, a recibir los $315 que le correspondían por ser estudiante universitaria. “No tiene recargas pendientes” le dijo la pantalla. Pensando que podía ser un problema de la TAS, recorrió varias, pero sin suerte. Cuando fue a la oficina de SUBE en Plaza Italia, le dijeron que le habían dado de baja “el beneficio”.

Ella, como cientos de miles de estudiantes de medicina, tras los bochazos masivos, no pudieron cumplir con el requisito de aprobar dos finales por año para conservar la regularidad. Si bien pidió la readmisión en la facultad y continúa cursando las materias correspondientes, hasta el año siguiente no podrá solicitar de nuevo “el beneficio” del boleto universitario. Lo mismo le ocurrió a la mayoría de sus compañeros de cursadas.

Como vino desde el interior de la provincia de Buenos Aires para continuar con sus estudios, al colectivo le tiene que sumar el valor del alquiler, las expensas, los servicios, los libros, las fotocopias y los materiales de estudio, por lo que, si bien el acceso a las clases es gratuito, su formación universitaria oscila los $10.000 por mes.

Fermín Arechaga, Presidente del Centro de Estudiantes de Medicina de la UNLP explicó en diálogo con P&M que son muchos los estudiantes que están en esta situación, especialmente en esta facultad. No sólo los de primer año, sino también los que están haciendo las Prácticas Finales Obligatorias (PFO). Manifestó que elevaron listas al Rectorado de la UNLP pero que sólo se solucionó lo de las PFO. Como su formación durante ese año se aboca sólo a esa materia, no cumplen con los requisitos técnicos para mantener la regularidad de aprobar dos finales por año.

En septiembre se cumplirán 41 años de la Noche de los Lápices, en la que un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado tras luchar, entre otras reivindicaciones, por el boleto estudiantil. Y aunque en los papeles suene bonito, la implementación del mismo no es gratuita ni es para todos, sumándole un ingrediente más de elitismo a la educación superior.