De la obediencia debida al beneficio del 2x1 - Política y Medios
27/06/2022 - Edición Nº5260

De la obediencia debida al beneficio del 2x1

Del juicio a las juntas a la obediencia debida y punto final. Luego, en los 90, el indulto y el intento de “reconciliación”. Foto Menem-Rojas. Derogación de las leyes de impunidad a genocidas y proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Vientos de cambio y beneficio del 2x1. Responsabilidad del gobierno.

La decisión que tomó ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación es signo de un contexto que resulta permisivo para devolver beneficios a los culpables del genocidio argentino y del terrorismo de estado que se llevó a generaciones de argentinos y produjo un daño de imposible reparación para nuestro país.

Hubo momentos históricos, durante los últimos 30 años de democracia, en que los genocidas fueron beneficiados. Lo particular de esta última decisión es que el consenso social que hay sobre la continuidad de un proceso de enjuiciamiento a represores es amplio. Los últimos años no sólo dejaron centenares de condenas, procesamientos y juicios sino que también se avanzó en la investigación acerca de la participación civil en la última dictadura. Por lo que esta decisión produce un retroceso en términos de reparación histórica.

El juicio a las juntas en el año 1985 condenó a los miembros de las tres juntas militares que ejercieron el poder durante la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. Dos años más tarde, el presidente Raúl Alfonsín decretó las leyes de obediencia debida y punto final. Esta última rezaba: “Se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983”; mientras que la obediencia debida decretaba la falta de responsabilidad por parte de quienes durante el terrorismo de estado “revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias”.

Con el triunfo del justicialismo liderado por el riojano Carlos Saúl Menem en 1989, comenzó el intento de “reconciliación nacional” entre las fuerzas armadas y la población. Esto no fue más que un esfuerzo de desterrar de la memoria colectiva los sucesos más oscuros de la historia Argentina. En el año 1990, el entonces presidente, a través de una serie de decretos, sancionó el indulto a quienes hubieran cometido crímenes durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Dos años más tarde, durante un aniversario del fallecimiento de San Martín, Menem compartió el palco con uno de los principales responsables del bombardeo a la Plaza de Mayo en el año 1955, el ex vicepresidente de la Revolución Libertadora, Isaac Rojas.

La decisión de la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti, quien votó en contra del beneficio del 2x1, llega después de años donde la derogación de los decretos sancionados durante el alfonsinismo, las más de 700 condenas a represores, la recuperación del espacio de la ex esma y la investigación sobre la participación civil en la ejecución del genocidio habían generado un consenso social sobre cuál era el rol del estado en torno a la reparación de nuestra historia: El Estado como garante del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

La decisión de otorgar a genocidas el beneficio del 2x1 no fue de Mauricio Macri. Fue de la Corte Suprema por una mayoría de 3 a 2. Aunque dicha mayoría fue alcanzada gracias a dos jueces propuestos por Macri al inicio de su mandato, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y a Elena Inés Highton de Nolasco, quien hace poco fue beneficiada para seguir en la Corte a pesar de haber cumplido los 75 años. Sin embargo, resulta inexcusable la responsabilidad de un gobierno que mantiene el silencio frente a decisiones como la de ayer o como la de prisión domiciliaria para el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. La derecha genocida avanzará tanto como el gobierno se lo permita, aunque a esta altura ambos parecen caras de la misma moneda.

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