Veintiún militares fueron condenados en Colombia por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes durante 2008. Entre los condenados se destaca la figura del coronel en retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado quien fue sentenciado a 46 años en prisión.

En agosto de 2008, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez fueron secuestrados, asesinados y presentados como si se tratase de miembros de la guerrilla muertos en combate, lo que en Colombia se conoce como “falsos positivos”.

Rincón Amado era oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 del Batallón Contraguerrilla 96 en Norte de Santander cuando sucedió la masacre y fue acusado de desaparición forzada y homicidio agravado.

El juzgado indicó que se trata de una empresa criminal que tenía como plan el homicidio de jóvenes, “en un actuar desmedido”, con el objetivo de cumplir cuotas y obtener recompensas por el asesinato de supuestos guerrilleros.

El fallo condenatorio se había anunciado el pasado mes de noviembre de 2016, cuando el juez que llevaba el caso también declaró este hecho como un crimen de Lesa Humanidad.

En ese contexto, fueron denunciadas otras dos víctimas del Ejército colombiano, que se suman a los jóvenes por los cuales fueron condenados los 21 militares, quienes también serían los responsables esas muertes y se encuentran a la espera de una decisión de condena por parte de las cortes colombianas.

Ocho años después de que se dieran a conocer los primeros casos de desapariciones forzadas, las madres de los jóvenes dieron a conocer los casos de sus hijos, quienes fueron contactados bajo falsas ofertas de trabajo y luego asesinados y reportados falsamente como guerrilleros muertos en combate.