En el marco de las negociaciones paritarias docentes, y del pedido de juicio político a los camaristas que homologaron el acuerdo de bancarios, la justicia otra vez está inmiscuída entre la política y los trabajadores, haciendo peligrar los derechos laborales.
El gobierno de María Eugenia Vidal había descontado el año pasado los días que los trabajadores habían estado de huelga como medida de fuerza para la reapertura paritaria. Fue allí que el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de La Plata, Luis Arias, dio lugar a un pedido de la CTA Autónoma que reclamaba por la reposición económica de esos días. La administración bonaerense apeló ante la cámara, y ayer aceptó su planteo.
La resolución de la cámara estuvo firmada por Gustavo Spacarotel, Juan De Santis y Claudia Milanta. Spacarotel indicó que se opone, entre otros, al punto que indicaba que el descuento constituía un “acto de discriminación sindical”, y fue acompañado en esta decisión por De Santis y Milanta. El fallo empaña un derecho laboral plasmado en el Artículo 14 bis que dice expresamente: “Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
ATE, el gremio que nuclea a los trabajadores alcanzados por el fallo, ya adelantó que insistirá con el reclamo. “Vamos a exigir que se avance sobre la cuestión de fondo, que es que el gobierno cerró la paritaria de manera ilegal, dejando afuera a una parte de los gremios”, indicó Oscar “Colo” de Isasi, titular de los estatales provinciales.
El gobierno insiste con un techo salarial del 18%, en 4 cuotas para los empleados de la administración bonaerense, y con esa postura se presentará mañana Finocchiaro con los docentes. Los gremios manifestaron que su reclamo es del 35%, muy por encima de la oferta oficial.
La pulseada entre el gobierno y los trabajadores está enmarcada además por el pedido de juicio político a los camaristas que fallaron a favor de La Bancaria, en una búsqueda de disciplinamiento a la justicia. El 7 de marzo, con la movilización de la CGT, a la que posiblemente se le sumen otras centrales sindicales, será clave en la medición de fuerzas entre el macrismo y los gremios para definir, entre otros puntos calientes, el futuro de las paritarias libres.