En la semana en que se celebró el día del periodista, la gobernadora María Eugenia Vidal emitió un decreto por el cual se podía sancionar con dos años de prisión a quien revelase información sobre el patrimonio de los funcionarios. Luego de las críticas de diversos sectores debió retractarse.

A nivel nacional, el gobierno de Mauricio Macri impulsó un artículo (el 85) dentro de la Ley de Blanqueo de Capitales, que sancionaba con cuatro años de prisión a los periodistas que dieran información sobre quién había participado de esa maniobra. El gobierno de Cambiemos debió retractarse y quitar ese artículo de la Ley.

Pocos días después, el gobierno envió una carta para dar formalmente de baja el vínculo con Telesur. Argentina ya no será parte de la cadena de noticias y esta ya no estará dentro de la trasmisión de la TDA (Televisión Digital Abierta).

El periodista y escritor Ari Lijalad, autor del libro “Macri lo hizo”, en diálogo con Política&Medios señaló: “En cada uno de los temas que plantea, el gobierno de Macri tiene una estrategia clara, no hay ningún tipo de diálogo ni trabajo previo a la hora de plantear un tema, siempre van con el proyecto de máxima. Después, en algunas de las cosas que son inconstitucionales, ilegales o muy burdas, se van para atrás, pero dejan todo lo otro. En el caso del blanqueo es muy notorio eso, porque el estallido mediático vino por el Artículo 85, que era el que nos decía a los periodistas que si publicábamos algún tipo de información vinculada al blanqueo teníamos una pena de prisión y, además, teníamos que pagar como multa igual un monto del que estábamos informando. En mi última nota sobre lavado de dinero, hablé sobre un caso de 5 millones de dólares. Según ese artículo, yo tendría que haber pagado eso de multa”.

“Ahora se van para atrás con eso, que es una burrada en términos de libertad de expresión, de persecución a la prensa. Pero toda la base del proyecto la mantienen. Por lo tanto, creo que es la estrategia: ponen una burrada muy grande para que sea ese el eje de la discusión”, aseguró.

Lijalad aseguró que “los ataques a los periodistas son parte del alma empresarial que tiene la conducción de este gobierno, que es Macri. En general, los empresarios no quieren que se hable de ellos, invierten muchos recursos en que los diarios no hablen de ellos. Entre otras cosas, ponen pauta a cambio de que no se los nombre o de que no se hable de sus empresas, ni sus balances, ni de dónde tienen plata depositada, etc. Por algo las investigaciones periodísticas siempre son sobre funcionarios y no sobre empresarios. Por lo tanto, la idea de que un presidente empresario no quiera que los periodistas investiguemos, es parte de su matriz ideológica”.

Por último, Lijalad señaló: “No creo que sea una torpeza que Vidal publique en el boletín oficial que, por decreto, se va a aplicar una medida penal a quien informe un dato que es información pública. Hasta un estudiante de primer año de abogacía sabe que eso no se puede hacer. Para arrancar, no podés hacer un decreto en materia penal. Después, no podés penar a un periodista por publicar nada, excepto si se trata de una incitación al genocidio o a la violación de menores. Pero no son errores, son maniobras distractivas, parte de su estrategia para llevar adelante los temas”.

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