Luego de marchar el pasado 11 de mayo a la gobernación bonaerense en busca de una solución a los desmedidos aumentos en la electricidad, precios de alquiler de tierras, de combustible y de irse con las manos vacías frente a la negativa de acuerdo con la gobernadora María Eugenia Vidal, el sector frutihortícola organiza un paro general como medida de fuerza.

¿Frente a la crisis del sector, han tenido algún acercamiento en los últimos días con funcionarios provinciales por un posible acuerdo?

Sí, se habló de unos créditos blandos pero sin detalles de cuáles serían ni cómo se cobrarían. No hay una real política pública por parte de la actual gestión provincial hacia este sector.

¿Qué impronta tiene hoy la ley 27.118 de Agricultura Familiar frente a la crisis del sector?

Dicha ley es de reparación histórica para la agricultura familiar, aprobada a nivel nacional; en la provincia tiene media sanción en diputados y estaría faltando la aprobación de senadores, como así también la reglamentación tanto en provincia como en Nación. Por este motivo es indispensable la movilización, para presionar y se termine de sancionar la ley en la provincia, acción que le daría fuerza al pedido de políticas públicas por parte del sector, porque en la ley está contemplada la utilización de los recursos naturales, la comercialización, los bancos de semillas, el financiamiento y el registro de los productores, puntos que hacen al fortalecimiento del sector y la institucionalización de las políticas públicas la agricultura familiar. Sin políticas públicas por parte del Estado, la agricultura familiar tiende a desaparecer.

-¿Qué ocurre con el productor y el ajuste en su sector?

La variable de ajuste siempre empieza por el productor; si la cosa viene bien, si el precio es alto, ganan todos los que intervienen en el proceso. Pero si empiezan a perder, el que pierde es el productor, ni el intermediario ni el minorista, porque lo que sucede es que se le paga menos al productor. El trabajo de los productores en el Gran La Plata y alrededores lleva cuesta arriba muchos insumos porque se realiza en invernáculos, súmale los sistemas de riegos por goteo, los fertilizantes y el alquiler. Esto lleva a que los productores tengan que producir mucho en muy poco tiempo, lo que genera un sistema de alta rotación de cultivo (sistema que se utiliza en nuestra región desde los años 80). Y como si todo esto fuera poco, agreguémosle la extinción de la semilla nacional, proyecto que el INTA está tratando de recuperar.

Para empezar a producir y comprar semillas al productor le sale alrededor de unos $15.000; en el medio, un cúmulo de insumos importados arraigados a un sistema oligopólico, porque son pocas las empresas que venden estos productos. Y si hay una inflación del 50%, las empresas, por las dudas, te los suben al 100%, básicamente para que las empresas nunca pierdan ¡Eso es lo que impacta fuertemente en los precios de los costos de los productores! Por ejemplo, una jaula de lechuga puede estar $10 y mañana menos, no hay regulación por parte del Estado y siempre ganan más los que distribuyen o los minoristas, nunca los productores.

¿Cuál sería la solución a esta crisis y para que este ciclo de conveniencias para el sector empresarial se termine?

Generar otros tipos de canales donde el Estado participe más activamente y, por otro lado, darle más visibilidad a la problemática del sector. Si no sucede nada de lo que planteamos, sin duda cuando el aumento llegue con fuerza va a afectar a los consumidores, como también pasó con la carne y el pan.

¿Cómo se asegura este sector?

Sin dudas el trabajo es la seguridad que los argentinos en su conjunto necesitan y buscan, y el sector frutihortícola no está por fuera de la realidad que se vive. Porque a pesar de haberse sancionado en la madrugada del jueves la Ley de Emergencia Ocupacional con 147 votos a favor, esto no implica la “seguridad” de los puestos de trabajo, porque el Presidente de la Nación Mauricio Macri aseguró que la iba a vetar.

Hoy, sea en el ámbito privado o público, el trabajo se encuentra jaqueado por las decisiones políticas que comenzaron el pasado 10 de diciembre de 2015, donde se empezó a priorizar la mano invisible del Estado, antes que un Estado que contenga al grueso de su pueblo.

Si bien el proyecto político económico del gobierno nacional tiende a destruir las bases de un proyecto de inclusión, a través de la apertura del mercado, la lluvia de importaciones y tarifazos en servicios públicos, los trabajadores del sector frutihortícola de la zona sur del conurbano bonaerense palpitan el paro general del próximo 6 de junio, seguros de que sus derechos son su única carta para escaparle a la crisis.