“Córdoba más segura” supone la incorporación de 1.768 efectivos, 130 móviles para zonas rurales, 15 comisarías móviles, 1.200 cámaras de seguridad, 15 comisarías móviles en “zonas rojas”, aplicaciones para smartphones y alarmas comunitarias. En ese marco De La Sota mandó al jefe de Policía, Julio César Suárez, a descabezar a la cúpula de la fuerza. “Tenemos que proteger a la gente de bien y, a los delincuentes, aplicarles la Ley”, dijo el gobernador. Al respecto P&M entrevistó a Lucas Bruno, quien es Abogado, investigador de CONICET, y referente de la Campaña contra la Violencia Institucional en Córdoba.

—¿Cómo ven desde la campaña las medidas que ha tomado el gobernador De La Sota?

—Que esta sea la respuesta a la legítima demanda de la sociedad cordobesa por más seguridad, nos parece triste y lamentable, aunque ya no nos sorprende. Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, conjuntamente con otras agrupaciones políticas, movimientos sociales y de DDHH, organizamos una marcha de 10.000 personas para visibilizar nuestro reclamo de una seguridad democrática y para reclamar el cese de las razzias. Pero De La Sota responde con represión y mano dura, con precarización en las fuerzas de seguridad, porque esto también hay que decirlo: las fuerzas están en condiciones laborales totalmente indignas.

—¿Qué opinan acerca de que Suárez no haya sido destituido?

—Es parte de lo mismo. Suárez ha modificado la cúpula del Estado Mayor de la policía, se han removido los jefes de los comandos, pero él sigue al mando y esto implica una clara decisión política por parte del gobernador de seguir sosteniendo su esquema en materia de seguridad. Nosotros pedimos la destitución de Suárez, porque hace falta que cambie el modelo de seguridad provincial que es ineficaz, porque no reduce el índice de delito y reprime a los sectores populares.

—¿Creen que han podido visibilizar en Córdoba que las medidas que toma el gobernador violan los derechos humanos?

—A partir de las acciones que hemos realizado como campaña, junto al trabajo de muchos medios de comunicación y a los talleres en los barrios, el tema se ha instalado. Creo que hasta los actores más conservadores de la sociedad entienden que la mano dura, la represión y más policías en la calle, no disminuyen el índice del delito. Entienden que esa política es ineficaz y que la delincuencia tiene que ser tratada en el marco de los derechos humanos y la democracia, para poder tener una política seria de seguridad. Ese es el problema en Córdoba, no hay diseñado un plan de seguridad que respete los DDHH.

—¿Podría decirse que hay un interés real del gobernador en mejorar la seguridad?

—Esto es pura campaña electoral, no implica un plan de seguridad real sino que responde a los intereses de sectores que piden más policías. Es un despliegue casi teatral y espectral de fuerzas policiales para crear la sensación de mayor seguridad ante algunos grupos que son minoritarios en la sociedad cordobesa. Esto efectivamente responde a un armado teatral para su campaña a pre-candidato presidencial.