Biocombustibles: la oportunidad perdida de una nueva ley que modernice el régimen - Política y Medios
18-11-2026 - Edición Nº6865

EL FUTURO DE LA MATRIZ ENERGÉTCA ARGENTINA

Biocombustibles: la oportunidad perdida de una nueva ley que modernice el régimen

11:39 |Había un principio de acuerdo para sancionar una nueva Ley de Biocombustibles que elevara los cortes, incorporara nuevos actores y le diera al sector quince años de previsibilidad. Sin embargo, la oportunidad se truncó: primero por una redacción hecha a espaldas de las pymes y a medida de las grandes aceiteras, y después por la intransigencia de CIARA y del ministro Luis Caputo, que impidieron los cambios que habrían destrabado el acuerdo.

Pocas veces el escenario fue tan propicio. Existía un principio de acuerdo político y empresarial para avanzar hacia un nuevo marco de biocombustibles. No se trataba de reemplazar un régimen fracasado: la Ley 27.640 funciona y hoy permite producir cerca de 900.000 toneladas de biodiésel al año, abastecidas íntegramente por las pymes regionales. Se trataba de dar un paso más: subir el corte, sumar nuevos actores y ordenar las inversiones de la próxima década y media. Ese punto de partida, que debía ser la base de un acuerdo amplio, terminó convertido en una oportunidad perdida. La reforma quedó trabada en la Cámara de Diputados y hoy corre el riesgo de perder estado parlamentario. Vale la pena reconstruir cómo se llegó hasta acá.

Una ley redactada a espaldas de las pymes

El primer error fue de origen. El Poder Ejecutivo decidió redactar los capítulos de biodiésel sin convocar a las pymes que hoy elaboran la totalidad del biodiésel del corte obligatorio. Son las plantas regionales no integradas de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis —que abastecen el 7,5% que se mezcla con el gasoil en todo el país— y tampoco fueron convocadas las provincias donde esas plantas funcionan. "Las pymes que elaboramos el 100% del biodiésel del corte obligatorio no fuimos consultadas", denunció Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), en una columna publicada en Política y Medios.

Quien sí participó de la redacción fue la industria aceitera exportadora, nucleada en CIARA. El resultado era previsible: una ley hecha como un traje a medida de esas cámaras, que reduce de forma escalonada el cupo reservado a las pymes —hasta un piso del 4% entre 2031 y 2035— para transferir el mercado interno a seis grandes compañías integradas del polo de Rosario. Como advirtió CEPREB, el proyecto "no crea producción, la redistribuye", trasladando volumen de las pymes regionales hacia plantas de grandes grupos exportadores que hoy están paradas por su enorme capacidad ociosa.

Del Senado a Diputados: una mayoría que no se pudo trasladar

En el Senado, el oficialismo consiguió aprobar el proyecto —41 votos contra 25— aun cuando la norma condena a la quiebra a buena parte de las pymes. Envalentonados por ese número, creyeron que la misma mayoría se replicaría en Diputados. Pero allí chocaron con dos problemas. El primero es de representación: la Cámara baja se integra en proporción a la población, y por eso la provincia de Buenos Aires —una de las más perjudicadas— aporta 70 diputados, un peso muy distinto al que tiene en el Senado. El segundo fue político: el proyecto encontró una férrea resistencia del peronismo, el PRO, el MID, la UCR, sectores de Innovación Federal y otros bloques menores. A eso se sumó el deterioro económico de las últimas semanas, que volvió políticamente indefendible, para muchos diputados, avalar una ley que manda a la quiebra a pymes industriales del interior.

Las voces que piden cambios

En el recinto y en las comisiones, el reclamo por modificar el capítulo del biodiésel fue transversal. El diputado Falcone (MID) lo graficó sin vueltas: "Una pyme de Saladillo no puede competir con Dreyfus o Cargill", y advirtió que "hay 25 pymes que deberían competir con multinacionales que encima les tienen que proveer la materia prima". Incluso deslizó una sospecha sobre quienes se niegan a corregir el texto: "Queremos pensar que los diputados que se oponen a encontrar una solución mayoritaria que no perjudica a ninguna provincia no tienen ‘incentivos’ de otro tipo".

Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz propuso elevar el corte para ampliar el mercado: "¿Qué pasa si en lugar del corte de 10% lleváramos el corte a 12,5%?", y alertó que "lo peor que nos puede pasar en la Argentina es sancionar una ley que deje capacidad instalada ociosa sin producción". El jefe del bloque, el santafesino Germán Martínez, defendió corregir la media sanción sin dilatar el tratamiento —"yo creo que podemos conciliar los cuatro intereses", sostuvo— y Pablo Todero respaldó esa salida negociada. También la radical Karina Banfi pidió cambios para proteger el empleo y las empresas bonaerenses, mientras que desde el PRO —que propuso subir un punto el corte, elevar al 6% la reserva para pymes y extender la transición hasta 2038— admitieron que "la media sanción arruina las pymes de biodiésel de la provincia de Buenos Aires". El malestar fue tal que algunos legisladores empezaron a llamar al proyecto "ley Dreyfus".

Las voces que empujan a aprobar sin cambios

Del otro lado se ubicaron, sobre todo, las provincias del bioetanol y las ligadas al complejo exportador. El cordobés Carlos Gutiérrez lamentó que no se consiguiera dictamen —"teníamos todo listo para avanzar", dijo— y responsabilizó por la traba a "las dudas del Gobierno" y a los movimientos del PRO. La santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas) fue más lejos: "Prefiero esta ley a quedarnos en nada". Y la tucumana Gladys Medina respaldó el proyecto por el azúcar: "Defendemos la caña de azúcar. Defendemos nuestra industria. Defendemos el trabajo". El argumento común era no dejar pasar una ley que, en el capítulo del bioetanol, cuenta con amplio consenso.

La intransigencia de CIARA y de Caputo

Cuando la ley encontró ese obstáculo, se abría una salida evidente: modificar los puntos cuestionados y avanzar hacia una norma que le diera al sector quince años de previsibilidad. Es ahí donde se jugó el segundo gran error. CIARA y el Ministerio de Economía se plantaron en la intransigencia y bloquearon cualquier cambio. "La ley no está trabada por las pymes. Está frenada por quienes se niegan a concederlos: la industria aceitera exportadora, nucleada en CIARA y CARBIO", escribió Martelli. El dirigente apuntó directamente al ministro Luis Caputo, que se niega a elevar el corte porque las refinadoras prefieren importar gasoil antes que ampliar la demanda de biodiésel nacional.

El Consejo Agroindustrial, o CIARA con otro traje

La presión por aprobar el proyecto "sin tocar una coma" tuvo esta semana un capítulo revelador. El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) emitió un duro comunicado para instar a Diputados a dictaminar y sancionar la ley "con carácter de urgencia", con el argumento de que "es momento de avanzar". El detalle que desnuda la jugada es quién lo conduce: el CAA está presidido por Gustavo Idígoras, el mismo dirigente que encabeza CIARA. Es decir, la misma cámara aceitera que redactó la ley a su medida reaparece, ahora bajo el paraguas de un "consejo agroindustrial", para empujar su aprobación.

CEPREB salió a responder con un comunicado durísimo. "El Consejo Agroindustrial no habla por la industria de biocombustibles", sostuvo la cámara pyme, que rechazó que se presente como "consenso" lo que es "el interés de CARBIO y CIARA". Según CEPREB, "detrás de la sigla del Consejo están, en los hechos, CARBIO y CIARA: las grandes aceiteras exportadoras", y "en esta materia, la política del CAA funciona como un apéndice de CIARA-CARBIO, y sus comunicados, como un contrato de adhesión". La entidad recordó, además, que las genuinas elaboradoras de biodiésel no forman parte del Consejo —que perdió como socias a la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y la Federación Agraria— y cerró con una pregunta filosa: si las 25 pymes que representa fueran socias del CAA, "¿ese comunicado hubiera existido?".

El error del bioetanol

Hubo un tercer actor que terminó perjudicado por su propia estrategia: el sector del bioetanol. Para los productores de maíz y caña, la ley es muy buena —en ese capítulo hay consenso— y creían tenerla prácticamente aprobada. Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz, llegó a plantear que "los diputados tienen que elegir entre estancamiento y desarrollo federal sostenible", y desde el Norte la senadora jujeña Carolina Moisés viene reclamando la sanción inmediata —"es momento de aprobar la Ley de Biocombustibles", insistió—, convencida de que "para Jujuy y el NOA, esta ley es una política energética y una herramienta concreta de desarrollo".

El problema es que dirigieron mal la presión: en lugar de exigirle al Gobierno y a CIARA que aceptaran los cambios en el capítulo del biodiésel para destrabar el conjunto, apuntaron contra los diputados para que aprobaran el texto tal como estaba, con el perjuicio que eso implica para las pymes. Hoy el bioetanol parece lamentar esa doble apuesta: haber orientado mal su reclamo y haber pactado una ley con el Gobierno creyendo que podía llevarse puestas a las pymes del biodiésel sin costo alguno.

La salida sigue a la vista

Lo paradójico es que destrabar la ley no requiere refundarla. Alcanza con dos correcciones que el propio sector pyme viene proponiendo. La primera, preservar el segmento actual de las elaboradoras no integradas —los 7,5 puntos que hoy abastecen—, con competencia por precio entre ellas y vigente durante toda la ley. La segunda, que cualquier aumento del corte sea el espacio para la incorporación de nuevos actores, y no una transferencia de volumen desde las pymes. En concreto, CEPREB propone elevar el corte al 12,5% organizado en tres segmentos y que "ese esquema rija durante toda la vigencia de la ley". Con esos cambios, las grandes aceiteras podrían ingresar al mercado interno sin arrasar con las regionales, y el país tendría por fin el marco moderno y previsible que todos dicen querer.

La oportunidad, por ahora, sigue abierta. Pero cada semana que pasa sin acuerdo la acerca un poco más a convertirse en una nueva frustración. De la intransigencia de CIARA y de Caputo —y de la capacidad del Congreso para no dejarse arrastrar por ella— depende que esta ley sea un salto adelante o una oportunidad más que la Argentina dejó pasar.

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