El Gobierno nacional introdujo una modificación sustancial en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que impacta de lleno en la cadena de valor de la industria argentina. Mediante el Decreto 1366/2026, la cartera que conduce Luis Caputo eliminó el requisito de mayoría o control societario local para ser considerado "proveedor nacional", permitiendo que compañías de capitales 100% extranjeros —con el solo requisito de estar constituidas y tener domicilio fiscal en el país— computen dentro del cupo mínimo del 20% de compras locales exigido a los megaproyectos.
La decisión oficial fue adoptada a contramano de los pedidos expresos de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuya cúpula venía reclamando al Palacio de Hacienda mayores garantías y mecanismos efectivos de participación para las firmas nacionales en las inversiones de minería, energía e infraestructura.
El rediseño normativo introduce cambios críticos en las reglas de juego del régimen y despierta fuertes cuestionamientos en el entramado productivo:
Fin del requisito de capital argentino: Hasta la publicación del decreto, la definición de proveedor local combinaba la radicación en el territorio con el control societario en manos de capitales nacionales. Con la nueva redacción, rige únicamente el criterio de constitución y domicilio en la Argentina sin importar la nacionalidad de sus accionistas, habilitando a filiales de multinacionales a competir en igualdad de condiciones por el cupo que antes buscaba resguardar a las PyMEs locales.
El antecedente del proyecto Vicuña en San Juan: Entidades empresariales advirtieron que la flexibilización profundiza una tendencia ya visible en el sector minero. Como ejemplo señalan el caso del proyecto Vicuña en San Juan, que optó por importar desde China una ciudad modular completa para sus trabajadores; según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada, esa operación redujo el empleo local a apenas 50 puestos de montaje y logística, frente a los 400 o 500 empleos directos que habría generado su fabricación en el país.
Facilidades societarias y cambiarias adicionales: El mismo decreto amplió los mecanismos para computar el ingreso de divisas de los proyectos adheridos y autorizó a las sucursales radicadas bajo el RIGI a transferir sus activos, pasivos y derechos a sociedades anónimas —previa autorización de Economía— sin perder los beneficios fiscales y aduaneros obtenidos.
Mientras desde el oficialismo argumentan que la medida busca agilizar la ejecución de inversiones y ampliar la oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad, en el sector fabril advierten que la reforma vacía de contenido el espíritu del "compre nacional" en un contexto de caída de la actividad manufacturera y creciente apertura importadora.