En un movimiento de fuerte alineamiento geopolítico con Estados Unidos, la administración de Javier Milei formalizó una nueva normativa de ciberseguridad que restringe el uso de equipamiento tecnológico de origen chino en las redes críticas del Estado nacional. A través de la Disposición 7 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el Ejecutivo incorporó la exigencia de contar con el estándar privado estadounidense SCS 9001, un requisito que en los hechos deja automáticamente afuera de las compras públicas a gigantes asiáticos como Huawei y ZTE.

El mecanismo técnico elegido funciona como un filtro insalvable para las compañías orientales. El estándar SCS 9001 —administrado por la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones de Estados Unidos (TIA)— impide certificar a aquellas empresas incluidas en las listas negras de Washington, tales como la Entity List del Departamento de Comercio o la Covered List de la Comisión Federal de Comunicaciones. De este modo, sin necesidad de dictar una prohibición nominal explícita, el Gobierno bloquea la provisión de equipamiento chino para la infraestructura estatal en un plazo de 90 días, período en el cual el CNC deberá definir qué redes revisten carácter crítico.

La decisión generó un inmediato estado de alerta en toda la industria local de las telecomunicaciones. Si bien la norma rige inicialmente para el sector público —impactando de lleno en empresas estatales como Arsat, donde cerca de dos tercios de su equipamiento proviene de firmas chinas—, el texto encomienda al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) evaluar la incorporación de estos mismos requisitos en los procesos regulatorios y de homologación. Esa cláusula enciende las alarmas en grandes operadoras privadas como Telecom, así como en las cooperativas y pymes proveedoras de internet del interior.

En los despachos de las principales compañías del sector advierten que una eventual extensión del veto al ámbito privado provocaría un severo cuello de botella operativo y financiero. Las redes de fibra óptica, transmisión de datos y despliegue móvil en la Argentina dependen en gran medida de componentes fabricados en China debido a su competitividad en costos y disponibilidad de repuestos. Reemplazar esa infraestructura instalada o vedar el acceso a proveedores asiáticos implicaría multiplicar los gastos de capital, demorar inversiones estratégicas y encarecer las tarifas de conectividad para los usuarios finales.

Asimismo, el alcance potencial sobre el Enacom abre un interrogante adicional respecto del mercado de consumo masivo: si el organismo regulador traslada la exigencia de certificación a la homologación general de dispositivos, la restricción podría terminar alcanzando también a teléfonos celulares, módems y equipos con conexión wifi que se comercializan en el país. Frente a este escenario, cámaras empresariales y cooperativas ya comenzaron a reclamar la apertura de una instancia de consulta pública antes de que se adopten medidas que alteren el principio de neutralidad tecnológica.

La medida se inscribe en la creciente disputa estratégica entre Washington y Pekín por el control de la infraestructura digital en América Latina, reproduciendo esquemas regulatorios impulsados por Estados Unidos en otros países de la región. Con los próximos meses marcados por la definición técnica de las redes críticas y la decisión final que adopte el Enacom, las empresas de telecomunicaciones se mantienen en guardia ante una regulación que amenaza con reconfigurar por completo el mapa de inversiones y costos del sector.