Tras la reciente ofensiva diplomática contra el Reino Unido, la atención del Palacio San Martín se trasladó hacia el vínculo bilateral con Chile a raíz de la inminente reactivación de una ruta marítima comercial entre el puerto de Punta Arenas y las Islas Malvinas. La operación, prevista para concretarse en diciembre a través del buque Danstar de la naviera Easter Island, busca restablecer un enlace que permaneció interrumpido durante aproximadamente 15 años, generando preocupación en sectores políticos locales ante la posibilidad de que el trayecto funcione como un corredor de apoyo logístico en el Atlántico Sur.

Si bien existe sintonía política entre las administraciones de Javier Milei y José Antonio Kast, el proyecto desató una tensión solapada entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez-Mackenna. Desde Buenos Aires se planteó la exigencia de que la embarcación solicite autorización para atravesar aguas jurisdiccionales argentinas, en línea con la defensa de los derechos soberanos sobre el archipiélago. Sin embargo, el jefe de la diplomacia chilena descartó de plano ese requerimiento al invocar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), sosteniendo que prevalece el principio de libre navegación y paso inocente, por lo que "los países no piden permiso".

Por su parte, tanto las autoridades locales de Punta Arenas como la empresa naviera involucrada rechazaron las suspicacias sobre un eventual soporte a actividades hidrocarburíferas o militares británicas:

• Abastecimiento civil: Desde la compañía aseguran que el traslado —que ya cuenta con más de la mitad de sus 1.200 toneladas de capacidad comprometidas— está estrictamente orientado al suministro insular de frutas, verduras, alimentos perecederos, maquinaria y materiales de construcción destinados a viviendas y escuelas.

• Interés comercial regional: El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, respaldó la iniciativa destacando el impacto económico para los proveedores del sur chileno, ofreciendo una alternativa al abastecimiento marítimo regular que actualmente opera desde Montevideo.

En el plano jurídico y diplomático, los especialistas en derecho internacional advierten que la reactivación de este corredor comercial sienta un precedente delicado para la política exterior argentina. La consolidación de un puente logístico directo entre el sur chileno y Puerto Argentino reduce los costos operativos de la ocupación británica, debilitando la estrategia histórica de aislamiento económico y logístico que la Argentina impulsó durante décadas ante los países de la región.

Además, el episodio deja al descubierto las contradicciones internas del Gobierno nacional en materia de política exterior. Mientras el discurso oficial pregona la desregulación absoluta y la libertad de comercio sin trabas estatales, la Cancillería se ve obligada a reclamar controles administrativos y permisos de navegación para no resignar la vigencia de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, exponiendo una grieta entre el ideario libertario y los intereses estratégicos permanentes del Estado.

El episodio obliga a la diplomacia argentina a calibrar su estrategia en el extremo austral, buscando evitar que las fricciones por la conectividad marítima con Malvinas escalen hacia un conflicto abierto con un socio regional clave, al tiempo que intenta sostener el reclamo de soberanía sin quedar aislado frente al pragmatismo comercial de sus vecinos.