El destino definitivo del predio que actualmente ocupa la cárcel de Villa Devoto se ha convertido en el epicentro de una fuerte pulseada política, urbana e inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras avanza el cronograma para el traslado de los internos hacia el nuevo complejo penitenciario en Marcos Paz, las distintas fuerzas políticas presentaron visiones contrapuestas respecto de qué hacer con las valiosas hectáreas ubicadas en el corazón de la Comuna 11.

Por un lado, el bloque del peronismo porteño presentó una iniciativa legislativa orientada a que la totalidad de los terrenos sean destinados a la creación de un gran parque público de acceso irrestricto, integrado con un espacio de memoria que recupere la historia del penal y preserve el patrimonio simbólico del barrio. Desde la oposición argumentan que la ciudad presenta un déficit crónico de espacios verdes por habitante y advierten contra cualquier intento de privatización o especulación sobre suelo estatal.

En la vereda opuesta, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) impulsa un esquema mixto que contempla ceder un amplio sector del predio a las grandes desarrolladoras inmobiliarias para levantar emprendimientos residenciales y comerciales, bajo el argumento de financiar obras de infraestructura y revitalizar la zona. A esta ecuación se suma el factor determinante de la titularidad dominial: el terreno aún pertenece al Estado Nacional, y el propio gobierno de Javier Milei analiza incluir el predio dentro de su paquete de activos públicos a subastar para hacer caja y reforzar los ingresos fiscales.

La eventual rezonificación del predio para habilitar construcciones en altura generó una inmediata reacción de rechazo entre las asambleas barriales y los vecinos de Villa Devoto, quienes alertan sobre el colapso de los servicios públicos, la pérdida de identidad arquitectónica del barrio residencial y el impacto ambiental de reemplazar un espacio abierto por torres de lujo. Organizaciones vecinales ya anunciaron que recurrirán a la Justicia y exigirán audiencias públicas vinculantes antes de que se apruebe cualquier cambio en el Código Urbanístico.

Por su parte, los organismos de derechos humanos respaldaron activamente el proyecto opositor para garantizar la preservación histórica del edificio, recordando que el penal funcionó como centro de detención de presos políticos durante la última dictadura militar y fue escenario de episodios trágicos como la masacre del Pabellón Séptimo en 1978.

La convergencia de intereses recaudatorios entre la administración nacional y el Ejecutivo porteño frente al reclamo vecinal y opositor anticipa un debate de alta tensión en la Legislatura y el Congreso, donde se definirá si el histórico predio se convierte en un pulmón verde comunitario o en un nuevo polo de negocios inmobiliarios.