En la recta final del período de sesiones ordinarias y tras la repercusión de los acontecimientos institucionales recientes, el oficialismo libertario decidió acelerar a fondo la agenda parlamentaria con el objetivo de llevar el proyecto del Presupuesto 2027 al recinto de la Cámara de Diputados el próximo 25 de noviembre. La estrategia de la Casa Rosada busca cerrar el año legislativo con la ley de leyes aprobada, aunque para ello deberá sortear una compleja arquitectura de negociaciones y resistencias tanto de los bloques dialoguistas como de la oposición.

El centro de la disputa en las comisiones gira en torno a la asignación de recursos sensibles, donde distintos sectores legislativos exigen rediseñar las partidas destinadas al financiamiento universitario y a la atención de la discapacidad, áreas que sufrieron fuertes recortes en el marco de la meta de déficit cero. A esta tensión presupuestaria se le suma la pulseada política por la suspensión de las PASO, convertida en la moneda de cambio central en las tratativas con los gobernadores provinciales y los bloques aliados.

Desde el Palacio de Hacienda insisten en que cualquier modificación que implique incrementar el gasto público sin su correspondiente fuente de financiamiento genuino será vetada o neutralizada mediante reasignaciones de partidas. La inflexibilidad fiscal del ministro Luis Caputo choca de frente con las demandas de los rectores universitarios y las organizaciones de discapacidad, quienes advierten que los montos proyectados para 2027 resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento básico de las casas de altos estudios y el pago de las prestaciones esenciales.

En paralelo, los bloques del centro parlamentario —integrados por diputados que responden a mandatarios provinciales— buscan introducir artículos específicos que aseguren el giro automático de fondos coparticipables y compensaciones por las cajas previsionales no transferidas. Sin el acompañamiento de estas bancadas, el oficialismo corre el riesgo de sufrir un revés en la votación en particular, repitiendo el escenario de desgaste que ya enfrentó en debates anteriores.

Con el reloj corriendo en contra hacia la fecha límite del 25 de noviembre, las autoridades de la Cámara Baja intensifican las reuniones reservadas para intentar abrochar un dictamen de mayoría que le permita al Gobierno mostrar previsibilidad fiscal ante los mercados internacionales antes del cierre del año.