La moneda de cambio ofrecida por la Casa Rosada consiste en habilitar esquemas de listas colectoras que les permitan a los mandatarios provinciales preservar sus estructuras territoriales y electorales de cara a los próximos comicios.

La urgencia del oficialismo responde a la delicada aritmética legislativa que enfrenta en ambas cámaras. En el Senado de la Nación, el radicalismo cuenta con apenas 10 escaños, de los cuales ocho deben renovar sus bancas, dejándolos en una posición de extrema vulnerabilidad y negociación. Por su parte, en la Cámara de Diputados, la bancada de la UCR se encuentra profundamente partida en tres fracciones, sumando un total de 12 legisladores cuyas terminales políticas responden de manera directa o indirecta a las estrategias de los gobernadores del interior.

Mientras el Gobierno presiona para alinear los votos necesarios que destraben la suspensión de las primarias —con el objetivo de achicar costos operativos y rediseñar el mapa de alianzas partidarias—, los mandatarios radicales evalúan el costo político de convalidar una medida inconsulta con sus bases legislativas. La tensión refleja las dificultades crónicas del oficialismo para articular mayorías estables sin ceder espacios de poder ante los gobernadores provinciales.