Desde fines de octubre, cuando el plenario de las comisiones de Energía, Presupuesto y Agricultura de la Cámara de Diputados no logró dictaminar, se instaló una explicación cómoda: la ley de biocombustibles está frenada por las pymes del biodiésel y por los diputados de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis que se niegan a acompañarla. Es una explicación que conviene a algunos, pero que no resiste el análisis. La ley no está frenada por quienes piden cambios. Está frenada por quienes se niegan a concederlos: la industria aceitera exportadora, nucleada en CIARA y CARBIO, que pretende una ley a su medida, y el Ministerio de Economía, que no acepta las modificaciones que casi todos los bloques reclaman con distintas palabras.

Conviene decir desde el inicio qué piden esos bloques, y qué pedimos nosotros, porque es mucho menos de lo que se supone: tres cambios acotados que no tocan la arquitectura del proyecto, no tienen costo fiscal y no modifican una sola palabra del régimen del bioetanol. Con ellos, la ley se aprueba este año y con un respaldo que pocas leyes económicas han conseguido. Sin ellos, se convierte en la norma que cierra las 25 plantas de biodiésel del interior del país.

DOS BIOCOMBUSTIBLES, DOS CRITERIOS

El proyecto que aprobó el Senado el 17 de septiembre trata de manera opuesta a los dos biocombustibles que regula. Al bioetanol le asegura, durante los quince años de vigencia de la ley, un segmento del 6% para la caña de azúcar y otro del 6% para el maíz. Ese capítulo tiene consenso porque se construyó como corresponde: primero se escuchó a las cadenas de valor y después se redactó el articulado. Con el biodiésel ocurrió lo inverso. Las pymes que elaboramos el 100% del biodiésel del corte obligatorio no fuimos consultadas, y tampoco lo fueron los gobiernos de las provincias donde están las plantas. El resultado es un texto que reduce la participación de esas 25 empresas del 7,5% actual al 4% y la elimina por completo a partir de 2036, y que entrega ese mercado a las grandes aceiteras exportadoras del Gran Rosario, hoy excluidas de él por la ley vigente.

El problema no es de eficiencia ni de gestión; es de geografía. La ley crea un mercado electrónico donde se compite por precio, y en esa competencia el flete decide. Una planta de Daireaux, General Pico, Nogoyá o San Luis debe traer el aceite desde cientos de kilómetros; una aceitera del puerto lo tiene en su propia fábrica. Cada punto que se le resta al segmento de las pymes expulsa a las plantas más alejadas: con el 4% cierra más de la mitad, con el cero de 2036 cierran todas. Hablamos de 25 empresas en cinco provincias, de unos 1.500 empleos directos y 8.000 indirectos, y de ciudades donde la planta de biodiésel es con frecuencia el principal empleador industrial. En medio de una de las crisis más profundas que han atravesado las pymes argentinas en décadas, eso no puede aceptarse.

LO QUE SE PIDE YA ESTÁ ESCRITO EN LA PROPIA LEY

La solución no es un misterio: la presentamos por escrito hace meses. Elevar el corte obligatorio de biodiésel del 10% al 12,5% y organizarlo en tres segmentos, en todos los cuales se compite por precio en la plataforma electrónica: 5 puntos para las pymes regionales, 2,5 puntos para las no integradas del polo aceitero y 5 puntos de libre mercado, abiertos a todas las empresas, incluidas las aceiteras. Que ese esquema rija durante toda la vigencia de la ley, tal como ya rige para la caña de azúcar. Y que el capítulo de grupo económico, que juzga retroactivamente y con reglas nuevas estructuras constituidas de modo legítimo bajo la ley vigente, se corrija con un criterio objetivo y un plazo razonable de adecuación.

Nadie pierde con ese esquema. Las pymes conservan los 7,5 puntos que hoy abastecen. Las aceiteras, que hoy no tienen participación alguna en el mercado interno, ingresan con cinco puntos nuevos. El bioetanol queda intacto. El Gobierno puede exhibir que reemplazó cupos y precios fijados por el Estado por competencia en una plataforma. Y el costo fiscal es nulo: los puntos adicionales de corte se descuentan del co-procesamiento voluntario que la ley ya les reconoce a las refinerías, con lo que el volumen exento de impuestos no varía y el precio en el surtidor tampoco. No reclamamos un privilegio. Reclamamos para el biodiésel lo mismo que la ley ya le concede a la caña de azúcar: un segmento estable, durante toda la vigencia, para que las pymes compitan entre sí.

DÓNDE ESTÁ EL FRENO

A los diputados de las cuatro provincias del biodiésel no se les puede exigir que voten el cierre de las fábricas de sus propias ciudades, del mismo modo que nadie les exigiría a los de Tucumán o de Córdoba que votaran contra los ingenios o las destilerías de maíz. No bloquean una ley: defienden la estructura económica de sus provincias, que es exactamente lo que hacen las provincias del bioetanol con la suya. El freno hay que buscarlo en otra parte, y tiene dos caras.

La primera es la del Gobierno nacional. Es un secreto a voces que esta ley no figura entre sus prioridades: fuera de intervenciones breves en las comisiones, el oficialismo no participa del debate público. Y dentro del Gobierno hay una negativa puntual, que varios diputados nos transmitieron sin rodeos: el ministro Luis Caputo no acepta elevar el corte, porque las refinadoras prefieren importar gasoil antes que comprar biodiésel. Esa sola negativa bloquea el cambio que destrabaría todo lo demás.

La segunda cara es la de la industria aceitera. CIARA y CARBIO no necesitan que el corte suba; les alcanza con que la ley se apruebe tal como salió del Senado, porque ese texto les transfiere, gradualmente y sin que nadie tenga que anunciarlo, la totalidad del biodiésel que hoy producen las pymes. Por eso presionan a Economía y a los legisladores oficialistas para que no se toque una coma. Ambos frenos se sostienen mutuamente: la negativa del ministro cierra la puerta a un corte mayor, y el lobby aceitero se encarga de mantenerla cerrada, porque un acuerdo que les diera cinco puntos nuevos les quitaría la posibilidad de quedarse con los siete y medio de las pymes. Les resulta más cómodo señalar a las pymes como el obstáculo y reclamar que se las doblegue.

Lo más grave es cómo se administra esa negativa. Desde el Ministerio de Economía se les hace saber a las provincias del bioetanol que, si quieren su ley, tienen que vencer la resistencia de los diputados que defienden a las pymes del biodiésel. Es un planteo maniqueo y, sobre todo, falso: presenta como única salida la derrota de un sector cuando la salida real, más simple y sin costo alguno, es aceptar modificaciones menores. Así se enfrenta a dos cadenas de valor que no compiten entre sí y se obliga a los legisladores a elegir entre el empleo de una región y el de otra, cuando la ley puede promover el de ambas.

Por eso la cadena del bioetanol y los diputados del NOA, de Córdoba y de Santa Fe no deberían equivocar el adversario. El biodiésel no le disputa un litro al bioetanol. El mercado interno de las pymes no resuelve la capacidad ociosa de las aceiteras, construida para una exportación que se perdió por razones que nada tienen que ver con las pymes. Y ninguna de las modificaciones que proponemos roza un artículo del régimen del bioetanol. Quien demora la ley no es el diputado que se niega a cerrar las fábricas de su provincia; son quienes, pudiendo destrabarla con una decisión administrativa, prefieren administrar la demora, y quienes, pudiendo ingresar al mercado interno por la vía de un acuerdo, prefieren hacerlo llevando a la quiebra a sus competidores. Presionar a las pymes es injusto y, además, inútil: no mueve la ley. Presionar a quien tiene la decisión en sus manos la resuelve.

EL CONSENSO QUE ESTÁ AL ALCANCE

Nueve provincias producen biocombustibles en la Argentina —Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis—, y entre ellas están las tres más grandes del país. Toda la cadena —ingenios, destilerías de maíz, aceiteras, pymes de biodiésel, extrusoras, productores— puede acordar una ley que eleva el corte, abre el mercado y no cierra una sola planta. Los bloques que hoy reclaman cambios son los mismos que, con esos cambios, votarían a favor. Si se incorporan las modificaciones que propone CEPREB, la ley reunirá los votos del oficialismo, de los bloques dialoguistas y de los diputados de todas las provincias productoras: puede aprobarse casi por unanimidad, y puede aprobarse este año.

La decisión final es de los legisladores y de las provincias. A ellos les corresponde definir si la ley se redacta al dictado de CIARA y CARBIO —cuyo texto no agrega un empleo ni una inversión, porque las plantas aceiteras ya existen y lo único que cambia es quién vende el biodiésel que hoy venden las pymes— o si se construye, como se hizo con el bioetanol, sobre un acuerdo entre todos los que producen. Las inversiones que la ley promete llegarán del NOA y de Córdoba; las que el interior ya realizó merecen el mismo respeto. Nadie tiene que resignar lo que obtuvo: el acuerdo es posible precisamente porque cada sector conserva lo suyo y el país gana corte, competencia y empleo. Una ley estratégica, con respaldo amplio y sin costo fiscal, está a unos puntos de corte de distancia. Que no salga sería muy difícil de explicar.