Tras un juicio correccional desarrollado en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Daniel Rafecas condenó al oficial principal de la Policía Federal Argentina (PFA) Cristian Miguel Rivaldi a un año y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo (dos años y seis meses), hallándolo penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves por haber arrojado gas pimienta directamente al rostro de Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años, y de su madre Carla durante la movilización de jubilados del 11 de septiembre de 2024.

El fallo del magistrado desarticuló por completo la coartada defensiva del uniformado y el relato oficial sostenido desde el Ministerio de Seguridad desde el momento en que se viralizaron las imágenes. Durante el debate, en el que el fiscal Eduardo Taiano había solicitado una pena de un año y seis meses, las pericias fílmicas demostraron que madre e hija se encontraban sentadas sobre la vía pública en inmediaciones de Rivadavia y Callao sin ofrecer resistencia alguna y que Rivaldi llevaba el visor de su casco parcialmente levantado, lo que desmintió su argumento de no haber advertido la presencia de la menor. Como consecuencia del ataque químico a corta distancia, la niña debió ser asistida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía con un cuadro de conjuntivitis química.

La resolución judicial expuso también el operativo de encubrimiento discursivo montado tras la jornada represiva contra el veto presidencial a la movilidad jubilatoria. En septiembre de 2024, la entonces ministra Patricia Bullrich había responsabilizado a la madre calificándola de "irresponsable y violenta" mientras negaba la autoría policial, al tiempo que su entonces número dos y sucesora en la cartera, Alejandra Monteoliva, había intentado atribuir la agresión a una manifestante vestida de naranja. La sentencia de Rafecas pulverizó esa versión oficial y dejó en evidencia el uso desproporcionado de armamento no letal contra población vulnerable.

Tras conocerse el veredicto —cuyos fundamentos completos se difundirán el próximo 17 de noviembre—, la querella encabezada por el abogado Gregorio Dalbón anticipó que el fallo constituye apenas el primer paso para escalar en la cadena de responsabilidades políticas y operativas. "Esta es la primera condena por la represión del gobierno de Milei, y no va a ser la última. El que apretó el gas ya fue condenado; ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva, las que dieron la orden y armaron la mentira", advirtió el letrado a la salida de los tribunales, en un momento de máxima fragilidad interna para el bullrichismo dentro de la coalición oficialista.

El precedente sentado en Comodoro Py proyecta una sombra de inquietud sobre los despachos de Seguridad y las cúpulas de las fuerzas federales, dado que existen otros expedientes avanzados camino a juicio oral por graves lesiones en manifestaciones, entre ellos el caso del gendarme Héctor Jesús Guerrero por el disparo que dejó al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo en marzo de 2025, y el procesamiento de efectivos por agresiones a adultos mayores. La doctrina del "protocolo antipiquetes" enfrenta así su primer límite penal concreto.

Con la inhabilitación de Rivaldi para vestir el uniforme durante dos años y medio y la querella apuntando hacia la conducción política del Ministerio de Seguridad, la sentencia de Rafecas quiebra el blindaje de impunidad operativa en los operativos callejeros y abre un frente judicial crítico para la administración libertaria.