En la antesala de su formal disolución, la administración libertaria habilitó un esquema de retiros voluntarios dirigido al personal de planta permanente del organismo, una maniobra que en los pasillos sindicales y en las guarniciones militares del interior es leída como el paso previo al vaciamiento operativo y la privatización encubierta de las prestaciones médicas de cientos de miles de afiliados.

El plan de reducción de personal se ejecuta de manera simultánea con un severo achique territorial que ya comenzó a golpear las economías regionales y el acceso sanitario en el interior del país. Avanza el cierre compulsivo de sedes administrativas y delegaciones asistenciales en distintas provincias, acompañado por una ola de despidos y no renovaciones contractuales, dejando a vastos sectores de retirados, pensionados y efectivos en actividad obligados a recorrer cientos de kilómetros para gestionar autorizaciones básicas o provisión de medicamentos crónicos. La motosierra fiscal sobre la obra social castrense expone la contradicción entre el discurso oficial de reivindicación de las Fuerzas Armadas y el recorte efectivo de sus derechos sociales.

La apertura de los retiros voluntarios encendió de inmediato las alarmas en los gremios estatales de ATE y UPCN, así como en las entidades mutuales que nuclean al personal retirado del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dirigentes sindicales denuncian que el esquema ofrecido por las autoridades del organismo funciona en los hechos como un mecanismo de presión extorsiva frente a la inminente liquidación del ente, advirtiendo que la pérdida de técnicos y auditores médicos especializados terminará por colapsar la ya deteriorada cadena de pagos con clínicas y farmacias prestadoras. La parálisis administrativa amenaza con replicar el desastre humanitario que ya provocó el desguace de la ANDIS en los hogares de discapacidad.

En el plano político y castrense, el desmantelamiento del IOSFA profundiza el malestar silencioso pero creciente dentro de los cuadros medios y superiores de las Fuerzas Armadas. Con los salarios militares fuertemente atrasados frente a la inflación y la reciente crisis diplomática con Irán que colocó a la Armada y la Fuerza Aérea en listas negras internacionales, el recorte de la cobertura sanitaria representa un golpe directo al bienestar de la familia militar. En el Edificio Libertador observan con inquietud cómo el ajuste presupuestario erosiona la moral interna mientras el Ejecutivo exige alineamiento incondicional.

Desde los bloques de la oposición en el Congreso Nacional ya anticiparon la presentación de pedidos de informe urgentes y proyectos de resolución para frenar la disolución del instituto sin una ley específica que garantice la continuidad prestacional. Legisladores críticos advierten que el vaciamiento de la obra social responde a una lógica meramente financiera destinada a transferir una masa crítica de afiliados hacia el sistema de medicina prepaga privada, despojando al Estado de su rol de garante sanitario en zonas de frontera y guarniciones alejadas donde el mercado no ofrece cobertura rentable.

El inicio de los retiros voluntarios en el IOSFA marca un punto de no retorno en la reconfiguración del sistema de salud castrense. Con sedes bajando sus persianas en las provincias y trabajadores empujados fuera de la planta permanente, el Gobierno avanza sobre una de las instituciones históricas de la seguridad social argentina, sumando un nuevo foco de conflicto gremial e institucional en medio de la recesión.