El senador nacional paraguayo Eduardo Nakayama formalizó un pedido de investigación judicial y parlamentaria para esclarecer el recorrido de dos vuelos privados vinculados al grupo financiero argentino Puente, sospechados de haber ejecutado una maniobra de extracción de capitales, documentación confidencial y llaves criptográficas pertenecientes al destituido mandatario paraguayo Santiago Peña, con destino directo al Aeropuerto Internacional de San Fernando. La presentación del legislador guaraní interpela de forma directa al presidente Javier Milei, exigiendo que las autoridades migratorias y aduaneras argentinas transparenten la nómina de pasajeros, tripulantes y el contenido de la carga ingresada al país en medio del colapso de Ueno Bank.

De acuerdo con los elementos expuestos en la Cámara Alta de Asunción, la maniobra bajo sospecha ocurrió el pasado 6 de noviembre en el denominado Espigón Presidencial del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, coincidiendo con el desenlace de la crisis política y financiera que culminó en la caída de Peña. Los registros aeronáuticos señalan que dos aeronaves —identificadas bajo la matrícula argentina LV-PUE, registrada a nombre de Puente Hnos. S.A., y una unidad paraguaya ligada a la firma ZP Jet— permanecieron posicionadas frente a frente durante diez minutos, una dinámica inusual en las terminales aéreas que los investigadores catalogan como un clásico operativo de "hot transfer" para el trasbordo rápido de activos sensibles sin fiscalización aduanera.

El trasfondo de la denuncia apunta directamente al vaciamiento y disolución de Ueno Bank, la entidad financiera que concentró millonarios depósitos de organismos públicos y fondos previsionales durante la administración del exmandatario paraguayo. Nakayama advirtió ante el Ministerio Público que la presunta fuga aérea habría servido para poner a resguardo en territorio argentino recursos saqueados del sistema estatal y claves de acceso a billeteras digitales, subrayando los históricos vínculos societarios y personales entre la cúpula de la financiera Puente y el entorno familiar de Peña. Por su parte, el holding financiero emitió un comunicado admitiendo que sus aeronaves operan con regularidad el puente aéreo entre Asunción y San Fernando, aunque negó de plano haber utilizado el sector presidencial o transportado bienes irregulares.

La requisitoria internacional coloca al Gobierno de Javier Milei en una posición de extrema incomodidad institucional. A diferencia del resto de las cancillerías de la región, el Palacio San Martín mantuvo un llamativo hermetismo frente a la destitución de Santiago Peña, considerado hasta hace semanas como uno de los principales aliados ideológicos de Balcarce 50. Ahora, el pedido oficial para que la administración libertaria entregue los registros de control en San Fernando —una terminal históricamente cuestionada por la porosidad de sus controles frente a los vuelos ejecutivos— pone a prueba la voluntad real de transparencia del Ejecutivo en pleno auge del régimen de blanqueo de capitales y desregulación financiera.

En el Congreso argentino, los bloques de la oposición ya tomaron nota de la gravedad del expediente y preparan pedidos de informe dirigidos a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Dirección Nacional de Migraciones y la Unidad de Información Financiera (UIF). Legisladores críticos señalan que el presunto aterrizaje de fondos sospechados de corrupción extranjera en pistas del Conurbano norte evidencia el riesgo de convertir a la Argentina en un refugio opaco para capitales en fuga, justo cuando la Casa Rosada enfrenta sus propios frentes de tormenta por los escándalos en la ANDIS y las contrataciones de la "Carpa VIP".

El caso de los vuelos privados entre Asunción y San Fernando abre un flanco geopolítico y judicial de consecuencias impredecibles para el Gobierno nacional. Con la lupa del Senado paraguayo apuntando hacia el aeródromo bonaerense y la financiera Puente bajo escrutinio público, el silencio de Balcarce 50 amenaza con transformar una crisis financiera vecina en un nuevo foco de sospecha institucional sobre los controles fronterizos de la era libertaria.