La organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA) denunció públicamente la existencia de un "filtro sistemático" pergeñado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la Nunciatura Apostólica para seleccionar de forma arbitraria a los cinco sobrevivientes recibidos en privado por el Pontífice, dejando fuera de la agenda oficial a las 43 exnumerarias que denunciaron al Opus Dei por trata de personas y a las víctimas del histórico caso de abusos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.

La reacción de las agrupaciones de derechos humanos eclesiásticos cobró fuerza tras la difusión del comunicado de la Santa Sede, en el que se confirmó que León XIV mantuvo una audiencia reservada de una hora en la Nunciatura con un grupo reducido de personas elegidas por los obispos locales. Desde ECA subrayaron la incomprensible paradoja de la exclusión, recordando que la conducción de la entidad ya había sido recibida por el propio León XIV en el Vaticano durante octubre de 2025, ocasión en la que el Santo Padre los instó a "trabajar en conjunto" para erradicar el encubrimiento institucional.

El abogado Sergio Salinas Giordano, codirector de ECA Global y representante legal del colectivo del Próvolo, apuntó directamente contra la figura del titular de la CEA, Mons. Marcelo Colombo. El letrado reveló que se presentaron escritos formales ante el Episcopado solicitando audiencias específicas sin obtener respuesta alguna, acusando a los altos mandos eclesiales de priorizar la protección corporativa y la "gestión de daños" por sobre la verdad y la reparación integral a las víctimas de servidumbre laboral y abusos sistemáticos.

La marginación de las 43 mujeres que denunciaron a la prelatura del Opus Dei por explotación laboral e invalidez de consentimiento generó una indignación particular. Los colectivos denunciantes advierten que la burocracia eclesiástica argentina buscó blindar a la institución romana en momentos donde la Santa Sede tramita la reforma de sus estatutos, evitando que el reclamo por reducción a la condición de análogas a la esclavitud cobrara volumen mediático durante la cobertura internacional del viaje papal.

Ante el hermetismo de las autoridades de la Iglesia argentina, la red ECA convocó a una conferencia de prensa de emergencia donde oficializará un pedido de informe compulsivo ante la Pontificia Comisión para la Protección de Menores en Roma. La organización solicitará que el Vaticano explicite de manera pública cuáles fueron los criterios y quiénes los responsables de diseñar la nómina del encuentro, advirtiendo que la falta de apertura revictimiza a los sobrevivientes y contradice la predica de tolerancia cero proclama por el Pontífice.

La denuncia por el cerco a la agenda de León XIV reabre la fractura entre las víctimas de abusos y la cúpula del Episcopado patrio. Con la diplomacia vaticana rindiendo cuentas ante los organismos internacionales por el "secretismo" del operativo, el cierre de la gira pastoral deja un tendal de interrogantes sobre la voluntad real de la Iglesia argentina de encarar una purga estructural.