Frente a las advertencias meteorológicas por la inminente llegada del fenómeno climatológico "El Niño", un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló una drástica subejecución de las partidas destinadas a mitigar anegamientos y temporales. El Fideicomiso de Infraestructura Hídrica apenas ejecutó el 19,7% de sus ingresos fiscales acumulados, mientras el Ministerio de Economía retiene una masa de $258.000 millones inmovilizada en Letras del Tesoro Capitalizables (LECAP) para sostener la bicicleta financiera de corto plazo.

La maniobra contable deja desprotegidos a millones de habitantes radicados en los aglomerados más vulnerables del Conurbano Bonaerense y del interior del país, donde el 60% de las viviendas presenta materiales deficitarios frente a las precipitaciones intensas. De las 24 obras estratégicas de canalización y drenaje urbano presupuestadas en todo el territorio nacional, al menos 15 se encuentran completamente paralizadas, incluyendo los frentes de contención en las cuencas del Río Luján, el Maldonado y los arroyos de Lomas de Zamora y Almirante Brown. El desmonte del sector público trasladó la totalidad de la carga operativa a las exhaustas arcas provinciales y municipales.

La justificación ensayada desde el Palacio de Hacienda por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, desató un encendido cruce en las comisiones del Congreso. Desde el Ejecutivo argumentaron que la colocación en títulos públicos busca evitar la pérdida del valor nominal de los excedentes no ejecutados, reafirmando que el presupuesto fija techos máximos de gasto pero no una obligación de desembolsar la totalidad de los créditos asignados. La postura oficial despertó inmediatas denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos específicos fijados por la Ley de Combustibles.

En la trinchera territorial de la provincia de Buenos Aires, la retención de los recursos hídricos es calificada como una provocación directa que busca estrangular la liquidez de la gobernación de Axel Kicillof en la víspera de las lluvias de primavera. Desde La Plata estiman que Nación mantiene retenidos más de $2,4 billones entre transferencias discrecionales y el Fondo Hídrico, forzando al Gobierno bonaerense a solicitar un endeudamiento de emergencia en la Legislatura para cubrir de manera provisoria los insumos sanitarios y los centros de evacuados en los municipios expuestos.

El repliegue del Estado nacional en materia de gestión de riesgos se profundizó además con el desmantelamiento institucional de los organismos de respuesta inmediata. El Gobierno disolvió formalmente el Fondo Nacional de Emergencias (FONAE) mediante decreto y aplicó un recorte del 25% en términos reales al presupuesto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), limitando el monitoreo satelital de las cuencas fluviales. La desarticulación de las alertas tempranas deja a las brigadas locales sin capacidad de reacción ante los eventos climáticos extremos.

La política de subejecución deliberada en el Fondo Hídrico deja expuesto el costo social de la meta de déficit cero. Con $258.000 millones rindiendo tasas en la City mientras las obras hidráulicas permanecen frenadas y las canalizaciones abandonadas, el Palacio de Hacienda apuesta el bienestar de las poblaciones vulnerables a la ruleta del mercado financiero. El avance del agua amenaza con ahogar la narrativa de la contención fiscal.