En un dictamen de alto impacto institucional, la Justicia paraguaya ordenó la inmediata detención preventiva de Santiago Peña e impuso la modalidad de prisión domiciliaria, en el marco de la causa penal que investiga el vaciamiento del Ueno Bank y la evaporación de los fondos previsionales de los trabajadores. La resolución judicial incluyó además la captura inmediata del extitular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, señalado como el ejecutor clave del esquema de flexibilización de encajes que posibilitó la insolvencia de la entidad financiera.

El expediente conducido por la Fiscalía General del Estado atribuye a la cúpula del Poder Ejecutivo saliente los delitos de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y la omisión deliberada de los deberes de fiscalización bancaria. Peña fue citado a prestar declaración indagatoria de manera presencial este viernes a las 11:00 horas ante el tribunal de Asunción, bajo un inédito operativo de seguridad desplegado para evitar choques entre las fuerzas del orden y las columnas de ahorristas perjudicados que permanecen acampando frente a la sede judicial. Las autoridades judiciales dispusieron además el congelamiento preventivo de todas las cuentas bancarias y bienes inmuebles a nombre de los imputados.

El arresto de Peña y su equipo económico repercute en los despachos del Poder Ejecutivo en Buenos Aires, dinamitando los intentos de la Casa Rosada de tomar distancia del colapso del "modelo guaraní". La detención del expresidente paraguayo expone las consecuencias penales de la desregulación financiera extrema y añade un factor de altísima turbulencia a la cotización de los activos argentinos, en momentos donde el Riesgo País perfora el techo de los 900 puntos y el gobierno tambalea por la falta de reservas. En los pasillos del Congreso local, los bloques opositores ya preparan citaciones al Directorio del Banco Central para auditar las conexiones locales del grupo financiero intervenido.

Para la vicepresidencia paraguaya en ejercicio de la primera magistratura, el avance relámpago del Poder Judicial responde a la urgencia por contener una escalada de agitación social que amenazaba con paralizar las principales arterias del país vecinos. La prisión domiciliaria dictada sobre Peña busca aplacar las protestas en las calles pero abre una encarnizada batalla al interior del Partido Colorado, donde las facciones leales al liderazgo de Horacio Cartes buscan desligarse de las responsabilidades penales exigiendo un recambio integral de los directorios del sistema de control bancario.

En la City porteña y los mercados latinoamericanos, la confirmación del arresto de los responsables del colapso financiero congeló el flujo de liquidación de operaciones comerciales en la frontera. Los analistas financieros advierten que la causa penal en Asunción paralizará la totalidad de las transferencias del comercio bilateral y obligará a las empresas locales a asumir fuertes pérdidas por incobrabilidad, agravando el cuadro de estancamiento económico que mantiene las proyecciones de crecimiento argentino clavadas por debajo del 1% para el corriente ciclo.

La detención de Santiago Peña cierra definitivamente el capítulo del experimento libertario en Paraguay para transformarlo en una compleja causa de corrupción y quiebra fraudulenta. Con el expresidente confinado bajo arresto en su domicilio y citado a declarar ante la Fiscalía, el escenario político regional asiste al juzgamiento de la gestión que prometió el libre mercado absoluto. El testimonio fijado para las 11:00 horas marcará el pulso de la estabilidad del Cono Sur.